Mucho se dijo sobre el rol central que Alberto Fernández le asigna al ingreso de dólares por la exportación de hidrocarburos, que le permita atesorar lo suficiente como para ofrecer garantías de repago de la deuda en reestructuración a los bonistas y al FMI. Para promoverlo, hay elaborado un borrador de proyecto de ley que establece un régimen especial que condensa lo que reclaman al unísono los capitalistas en materia de reforma laboral e impositiva, y hasta un dólar diferencial.

Vaca Muerta, emblema utilizado por el macrismo para mostrar un país productivo y en vías de progresar, está casi paralizada. En septiembre, la cantidad de etapas de fracturas -el principal indicador del ritmo de trabajo- cayeron a menos de la mitad respecto del mes anterior. Sólo se fracturaron 5 de los 100 pozos perforados que están sin producir, y esto cuando la cantidad de pozos cayeron de 350 el año pasado a 250 este año. Más aún, desde el congelamiento de combustibles ya salieron del país varios sets de fractura y se dieron de baja un tercio de las torres de perforación (Diario Río Negro, 22/11), mientras que cayó la producción de naftas un 10% y el gas oil un 8%.

Este parate es descargado en forma directa sobre los trabajadores, que se encuentran padeciendo 2.000 suspensiones en toda la cuenca, mientras que firmas como Schlumberger, Halliburton y Weatherford avanzan con ‘retiros voluntarios’, Cal Frac no renovó cerca de 60 contratos que vencieron en septiembre, y H&P despidió a 60 trabajadores a mediados de mes -ahora frenados por una conciliación. Un alerta general se vive entre los petroleros en estos momentos ante la amenaza de 1.200 cesantías.

En resumen, las petroleras han paralizado casi toda la producción (el 70% de las extracciones que continúan operando corresponden a YPF) a la espera de verificar la política del nuevo gobierno. La sola actitud expectante representa una extorsión y una ofensiva sobre los puestos de trabajo.

A tónica con ello se encuentra el borrador de proyecto de ley que habría redactado Guillermo Nielsen, para profundizar un régimen especial de ventajas leoninas para las exportadoras de gas. Entre ellas, habilita a celebrar convenios colectivos de trabajo de empresa, un ataque a los derechos laborales que va más allá de la adenda flexibilizadora firmada por las petroleras y la burocracia de Guillermo Pereyra, que se cobró ocho muertes obreras en dos años. Recordemos que ese es el modelo de reforma laboral promovido por Alberto Fernández en plena campaña electoral, sector por sector… hasta llegar a la liquidación total de los convenios.

Además, según el texto que trascendió, plantean una “garantía de estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal”, que bloquea cualquier modificación impositiva sobre la actividad. También fija una “garantía cambiaria”, es decir la libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación y libertad para giros al exterior, lo que en el cuadro del cepo implica lisa y llanamente el establecimiento de un desdoblamiento cambiario exclusivo para las petroleras, similar al que Kicillof y CFK le garantizaran a Chevron en 2013. Se suma a eso la devolución de lo que paguen por IVA y Ganancias, y una rebaja de las regalías -recién en 15 años se acoplarían al 12% que rige hoy en día. En caso de conflicto, por supuesto, se contempla arbitraje internacional y la posibilidad de recurrir a tribunales en el exterior. El mismísimo saliente ministro de Energía de Macri, Gustavo Lopetegui, aseguró que “la ley de blindaje a Vaca Muerta es un lobby de la empresas” (EconoJournal, 21/11).

Pero, así y todo, resulta que los pulpos no se terminan de contentar. El aspecto que sigue quedando en el tintero es la cuestión del precio del gas y del crudo. Marcándole la cancha a las promesas de Fernández sobre desdolarizar tarifas y combustibles, un ejecutivo de ExxonMobil –la petrolera estadounidense más grande del mundo- aseguró en un encuentro de CEOs del sector que “la Argentina no establece las condiciones, y tiene que respetar las que utiliza el mercado internacional para ser competitivos y atraer las inversiones” (Iprofesional, 22/11).

El asunto es que el valor que se le reconozca a la producción de gas será clave para fijar las tarifas de gas y electricidad, ya que los combustibles representan el 85% matriz energética argentina. El acuerdo de un cronograma de naftazos -luego del descongelamiento de los combustibles- habría sido el tema principal de la reunión que Fernández tuvo con el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, en cuya gestión -según un periodista- “recuerdan con optimismo los últimos años del kirchnerismo en el poder, cuando Miguel Galuccio convenció a Cristina Kirchner de sostener precios de combustible a nivel internacional para estimular las inversiones” (La Política Online, 30/10). La participación de Jorge Sapag –también del MPN y ex gobernador de Neuquén- en el acto de asunción de Juan Manzur en Tucumán, le dio aire al rumor de que sería quien desembarcaría en YPF para que sea un viejo conocido quien trate con las petroleras.

Las concesiones coloniales a los pulpos petroleros no agotan, como se ve, las agudas contradicciones que deberá afrontar Alberto Fernández. El movimiento obrero debe levantar la guardia, organizarse contra los despidos y prepararse para la ofensiva que se viene con este “modelo Vaca Muerta”, que supone nada menos que la liquidación lisa y llana de los convenios colectivos.