El Ministerio de Economía lanzó un nuevo canje de deuda con el que pateó vencimientos por $2,9 billones que debían pagarse en marzo 2023, en su mayoría para julio y septiembre, previo a las elecciones. La adhesión fue de un 67%, un poco más de lo que el gobierno logró captar con el canje anterior (61,4%) pero bastante menor al primer canje de Massa (81%), lo que a priori manifiesta cierta dificultad por parte del gobierno para persuadir al sector privado: la mayor parte de la adhesión está integrada por organismos públicos (Anses y BCRA, entre otros).

Cabe destacar que, producto de la restricción a la emisión que estipula el acuerdo con el FMI, el gobierno viene financiándose a costa del acrecentamiento de la bola de nieve de deuda en pesos. En reemplazo de títulos con tasa fija y ajustados por inflación, la Secretaría de Finanzas habría captado un 57,5% de lo adjudicado con la canasta de tres bonos duales, es decir, indexados por inflación y por la suba del precio del dólar y un 35,4% con instrumentos de una mayor tasa fija.

El incremento de tasas y los bonos duales son herramientas de las que se viene valiendo incluso también el Tesoro para ofrecer un reaseguro a los especuladores frente al riesgo de devaluación. El costo de utilizar esos instrumentos es un acrecentamiento aún mayor de la deuda en pesos, poniendo en jaque la capacidad de pago del Tesoro, lo que al mismo tiempo dificulta nuevos canjes. Según datos de Pedro Siaba Serrate, de PPI, los bonos indexados por CER, dólar o duales ya rondan el 84,2%, más que el 54,9% en 2019 y el 81,9% en 2021 (ídem). Casi todos los vencimientos siguen programados para este año, por lo que el riesgo no ha terminado, por eso Massa continúa reuniéndose con los bancos privados y pidiendo “colaboración” al sector público.

Para terminar con tamaña usura sobre las cuentas nacionales es fundamental tirar abajo el acuerdo ruinoso con el FMI, repudiar la deuda usuraria y nacionalizar la banca para abrir un curso de desarrollo nacional al servicio de las mayorías.