11/03/2004 | 841

El carácter de la política económica de Kirchner

El Estado argentino aún no ha salido del default del 2001 y ya tiene por delante un nuevo panorama de insolvencia económico-financiera. Esta perspectiva marca los límites de la “recuperación” capitalista que se abrió a partir de la gigantesca devaluación del peso.


 


Reactivación devaluada


El default y la devaluación del peso provocaron dos fenómenos fundamentales: el primero, la licuación de las deudas de la gran burguesía nacional; el segundo, el desplome del salario y las jubilaciones. El último informe latinoamericano del BBVA (febrero 2004) reconoce que “Argentina financia su recuperación económica mediante el elevado superávit en la cuenta corriente y la mayor disponibilidad de fondos de las empresas por la caída en el salario real”. No es el consumo interno -como sostiene el oficialismo- la base de la reactivación, sino la licuación de las deudas y la renta extraordinaria que recibe la exportación como consecuencia de la devaluación, la cual se vio reforzada por el aumento de los precios internacionales. Como resultado de esa devaluación el valor de las exportaciones representa el 25% del PBI, cuando antes de la devaluación apenas arañaba el 10%.


El llamado “crecimiento” se mide en pesos devaluados porque, en dólares, el valor de la producción argentina ronda los 140.000 millones de dólares –la mitad del valor del PBI (en dólares) en el 2001, ya en plena crisis–. Se estima que cuando en el 2008 ó 2009 se alcance el nivel del PBI de 1998 en pesos, éste aún sería un 40% más bajo en dólares. De esta manera, la participación de la Argentina en la economía mundial se ha achicado de manera brutal y no tiene perspectivas de recuperarse porque el mantenimiento del peso devaluado es la base para seguir exportando.


Un PBI de 140.000 millones de dólares es un poderoso límite para el ingreso de inversiones “de riesgo” por la falta de un adecuado mercado de consumo, salvo para los pequeños nichos de exportación vinculados al petróleo, el gas, la pesca y la minería. Por este motivo, la salida de capitales no se ha detenido. El superávit comercial, del orden de los 15.000 millones de dólares anuales, sigue financiando la salida de capitales (más de 25.000 millones de dólares desde el estallido de la crisis de 2001). El gran capital utiliza los rendimientos que obtiene en la Argentina para “valorizarlos” en otros países (los casos más flagrantes son Repsol, Tenaris-Techint y los pulpos mineros).


Esta fuga de capitales podría acentuarse, no sólo en la Argentina sino en toda América Latina, si EE.UU. aumenta la tasa de interés internacional para financiar su abultado déficit fiscal, una posiblidad que algunos sitúan para mitad de año y otros para después de las elecciones presidenciales norteamericanas.


La brutal caída del salario, sin embargo, determina que ciertos servicios se desplacen a la Argentina para aprovechar la mano de obra barata y la legislación flexibilizadora menemista preservada por el kirchnerismo. Un claro ejemplo son los “call centers” de las telefónicas internacionales: “los teleoperadores locales cobran sueldos tres veces más bajos de los que las firmas suelen pagar a sus empleados en otros países” (Clarín, 8/3). Ese desplazamiento implica una salida neta de capitales porque la remisión de las utilidades supera a la ridícula inversión de instalación.


El gobierno alienta esta salida de capitales porque mantiene subvaluado al peso y con ello a los salarios. Un dólar que bajara de los 3 pesos anularía todo el proceso reactivador, que se basa en el peso devaluado.


Algo de esto, o sea una revaluación del peso, ya está pasando, como se ve en el fuerte aumento de las importaciones. En algunas ramas, la sustitución de importaciones alcanzó un techo (no hay nuevas inversiones). Un 20% de las importaciones son bienes de consumo durables (autos, artefactos para el hogar), cifra que treparía al 25% si las computadoras y los teléfonos celulares no se registraran en las estadísticas oficiales como bienes de capital.


 


Insolvencia fiscal


El gobierno y los diarios destacan, regularmente, el enorme crecimiento de la recaudación de impuestos. Pero se trata de un aumento en pesos desvalorizados (no se toma en cuenta la inflación ni la devaluación). Según Economía, la recaudación nacional y provincial en el 2003 fue de 87.000 millones de pesos, un 55% superior a los 56.000 millones recaudados en 2001. Pero, entre el 2001 y el 2003, la inflación minorista y mayorista promedio superó el 75%. En términos reales, la recaudación sigue siendo, entonces, más baja que la del 2001, a pesar de que en 2001 no había retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque sólo había regido medio año. Por eso, el gobierno no ha podido reducir ni el impuesto al cheque ni las retenciones, a pesar de que se comprometió a hacerlo.


El superávit fiscal, previo al pago de los intereses de la deuda, no obedece a la mayor recaudación sino al congelamiento de los sueldos de los estatales y los docentes, las jubilaciones y los planes sociales.


El superávit fiscal se basa por entero en la “devaluación” del salario público y de las jubilaciones, lo que esclarece la función de la política colaboracionista de la burocracia de ATE, Ctera y la CTA. Nunca ha sido tan directa la vinculación de la baja del salario y las jubilaciones con el pago de los intereses de la deuda.


 


Cesación de pagos


La deuda pública, incluyendo las provincias, es de 200.000 millones de dólares. De este total, se encuentran en default 105.000 millones de dólares.


A partir de 2005, los vencimientos de la deuda que no está en default suman unos 6.000 millones de dólares anuales. Se trata de unos 18.000 millones de pesos, un 50% más alto que el actual superávit (para pagar intereses) de 12.500 millones de pesos. Para cubrir esta enorme diferencia el gobierno quiere volver a colocar deuda en las Afjp (500 millones de dólares). (Esto desmiente la propaganda oficial de que “ahora” las Afjp invierten en infraestructura. En el programa financiero anunciado por el gobierno hasta el… 2014, el 65% de los aportes de los trabajadores que recaudan las Afjp se colocan en títulos públicos, como durante el menemismo.)


Aun con una quita sustancial, el pago de la deuda que no está en default impediría pagar la que sí lo está. La que se está pagando se encuentra en manos de los bancos.


La burguesía bodenista, para poder cobrar, necesita, en primer lugar, que se conserven congeladas las jubilaciones, los sueldos públicos y el gasto social, y “depurar” los planes Jefes; con la inflación, el congelamiento se convierte en mayor reducción de salarios. Esta burguesía bodenista quiere que se mantenga el privilegio de cobro que hoy tienen los Boden y los propios organismos financieros imperialistas y se niega a que se forme un paquete único de la deuda nueva y la vieja sobre la base de un superávit fiscal superior, del orden del 4%. Es que una nivelación de los rendimientos y cotizaciones de los bonos viejos y nuevos significaría una caída de los nuevos, lo cual descapitalizaría a los bancos “nacionales y populares” que tienen sus activos inflados con esos bonos.


Cuando el gobierno dice que va a privilegiar la deuda interna sobre la externa, no se refiere al gasto social, a las jubilaciones o los planes sociales, sino a los… Boden que tienen los bancos. Lavagna admitió que el mayor superávit fiscal de este año, respecto al previsto, lo destinará a un mayor pago de la deuda doméstica y no a formar un “fondo” de reserva para pagar la deuda en default con el exterior, ni tampoco para incrementar el gasto público en inversiones públicas o aumentos para los estatales o jubilados.


Para asegurar el pago de la deuda el gobierno necesita reformar la coparticipación federal y aprobar una reforma previsional. La primera para sustraerles recursos a las provincias a favor del Tesoro Nacional y la segunda para reducir las jubilaciones futuras de manera que haya, en ambos casos, un mayor sobrante para “honrar” la deuda.


La suerte de este gobierno depende de la cotización de los Boden/Bogar. En esto consiste la bancarrota potencial del régimen actual.

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