La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a su ministro de Economía, Hernán Lacunza, anunciaron en conferencia de prensa (con gran despliegue mediático, pero sin contestar preguntas de los periodistas) un aumento del 23% en la jubilación mínima de la provincia porque -sostuvieron- su gobierno tiene una gran “sensibilidad social” y porque la inflación fue “mayor a la estimada”. Corrido el velo aparece que las jubilaciones mínimas que paga la provincia y que son las únicas que fueron incrementadas alcanzan actualmente a los $5.054 y, con el aumento, llegarán a $6.217, es decir a menos de una tercera parte de lo que cuesta la canasta familiar del jubilado.

Es más, la jubilación mínima que paga el Instituto de Previsión Social bonaerense seguirá ubicada incluso por debajo de la línea de indigencia que, según la última medición del Indec, alcanza a los $7.473 por mes, para una familia tipo de un matrimonio con dos hijos.

Pero el caradurismo de estos funcionarios no termina allí. Según destaca el diario El Día (La Plata, 28/6), la jubilación mínima la perciben solo unas 9 mil personas, que son el 3% del total de los 300 mil beneficiarios que hay en la Provincia.

Con la misma ampulosidad, gobernadora y ministro anunciaron un incremento casi similar (21,8%) en las asignaciones familiares que, según destacó Lacunza, alcanzará a unos $500 mensuales, para pasar de los actuales 2.318 a 2.824 pesos. Esto cuando el monto de las asignaciones familiares no se movía desde septiembre del año pasado, es decir diez meses, durante los cuales la inflación acumulada alcanzó a alrededor del 25 por ciento. 

En otra muestra de “sensibilidad”, casi teatral, la gobernadora anunció el 28 de junio que “adelantaría” el pago del medio aguinaldo para el día 29 o el 30, cuando la fecha tope establecida por ley para abonarlo es el 30 de junio. Es decir que su “sensibilidad” se limita a cumplir con la ley. 

Para expresar claramente las limitantes de sus anuncios, la gobernadora adelantó que funcionarios de su gobierno se van a reunir con dirigentes gremiales de docentes y estatales para analizar un aumento de salarios por encima del miserable 15% otorgado pero, aclaró, para que no haya dudas, que su gobierno “nunca” va a “firmar una paritaria que no” pueda “pagar”. Es decir que los aumentos no tendrían relación directa con el alza de los precios sino con el dinero que el gobierno decida destinar al pago de salarios de los trabajadores estatales.

El gobierno bonaerense sigue fielmente los dictados del ajuste sobre los trabajadores públicos y los jubilados que llevan adelante el gobierno nacional y los gobernadores de todo tipo y color. Para esto cuentan con la colaboración indispensable del conjunto de la burocracia sindical que ha dejado pasar este ataque a los trabajadores, en el caso de la provincia con UPCN, que firmó el 15% o la Ctera que ha dilapidado durante todo un semestre la combatividad de los docentes.

La respuesta queda en manos del activismo y las direcciones clasistas y combativas que reclaman por la reapertura real de las paritarias, por un aumento del 30% y escala móvil por inflación, basta de despidos, reincorporación de los cesanteados, por el respeto a las jubilaciones de los trabajadores provinciales –devolución de los derechos adquiridos a los trabajadores del Banco Provincia, eliminados por Vidal-, jubilación mínima equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil para todos.