Aníbal Ibarra está tratando de diluir las escandalosas acusaciones sobre el manejo del juego en la Ciudad. Dice que no se puede clausurar el Casino flotante porque se encuentra bajo “la órbita del gobierno nacional”.

 

La cuestión, sin embargo, es otra: Ibarra firmó un convenio con el Estado nacional para habilitar otro casino más, junto a un lote de máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo. Lo hizo subrepticiamente, a través del “anexo” a una ley. Ibarra se defiende por un casino que no puede cerrar, cuando lo están denunciando por las salas de juego que pretende abrir.

 

Aunque el fallo judicial que declara inconstitucional ese convenio le reclama a la Legislatura que “sancione políticamente” a Ibarra, la Legislatura ha hecho “mutis por el foro”. La razón de ello es muy clara: la ley de noviembre de 2003 que ratificó el convenio por el juego fue un verdadero “pacto de Estado” entre los partidos del régimen. Allí levantó su mano el ex duhaldista –y ahora ultrakirchnerista- Jorge Argüello, junto al macrista Borocotó y el radical Caram. También se sumó Alicia Pierini, la ex secretaria de Derechos Humanos de Menem, actual defensora de pueblo de la Ciudad.

 

Kirchner convalidó el convenio poco tiempo después. Tanto él como su hermana Alicia han quedado incorporados al sumario que instruye sobre el Casino la Oficina Anticorrupción (La Nación, 25/3). El reparto de cargos en las defensorías, “auditorías” y directorios de las empresas de la Ciudad que manejan presupuestos paralelos está dictado por esa complicidad mafiosa. Chabán aflora por todos los poros del Estado porteño.