Siguen tronando en los medios las repercusiones del caso “Chocolate” Rigau. Es que las ramificaciones evidentemente van mucho más allá de un empleado de la Legislatura y una serie de falsos empleados que den su sueldo entero o parcial a su partido. La causa fue cerrada en tiempo récord por una cámara de apelación, mientras incontables casos que afectan a la población trabajadora duermen sin atención por años en la justicia bonaerense. Según relata este jueves 28 La Nación, la firma de abogados que defiende a Rigau es de las más caras de la ciudad; es la que defendió en su momento a Daniel Scioli y Facundo Moyano por causas de corrupción y varios de sus socios tienen relaciones preexistentes con el PJ, la UCR y cargos en el pasado en la Legislatura bonaerense.

Si se investigaran en profundidad todos los elementos, saltaría un entramado que mostraría una clara corresponsabilidad de los partidos tradicionales. Sucede que el presupuesto y la discrecionalidad en el parlamento provincial es incluso superior al de otros ámbitos de la política patronal, desde hace décadas. No existe un número fijo de asesores por diputado, ni bloque, ni un sueldo que corresponda de manera fija a estos. Todo está sometido a una negociación política de cada bloque con las autoridades, y de la disposición de cada diputado. El personal de cámara tampoco tiene estabilidad laboral garantizada, para quedar por fuera de la presión política relativa a nombramientos y continuidad. Es en función de esto que hemos reclamado que exista un estatuto de trabajadores de la Legislatura, que hemos presentado fruto de un debate y una elaboración con los trabajadores de la casa y sus organizaciones gremiales, y cuyo tratamiento reclamamos desde hace años. Hemos presentado también un proyecto de pase a planta de las empleadas tercerizadas de limpieza, que trabajan por sueldos de pobreza y sufren despidos y persecuciones mientras ven pasar presupuestos millonarios delante suyo.

No es un “chocolate”, es toda la institución

La posibilidad de determinar con claridad las funciones que lleva adelante la totalidad de los empleados de la Legislatura sería de toda manera difícil, y no por responsabilidad de estos, sino de la conducción de aquella. El ritmo de trabajo viene bajando en un vaciamiento progresivo de sesiones y reuniones de comisión que llegó este año a su máxima expresión histórica. En todo el año, el Senado tuvo dos sesiones ordinarias (la segunda esta semana de fin de septiembre como respuesta aparente al affaire “Chocolate”) y la Cámara de Diputados una sola. En esto, la responsabilidad cae sobre el PJ, que tiene la presidencia, pero también de Juntos por el Cambio, que tiene un peso casi paritario en la cámara y tiene firma compartida sobre todas las decisiones administrativas y presupuestarias. Las comisiones se reúnen un puñado de veces al año, tratan exclusivamente temas que se eligen por venir del Ejecutivo o ser inocuos (efemérides, beneplácitos, declaraciones de interés provincial). Un caso emblemático es el de la Comisión de Tierras y Ordenamiento Territorial, encabezada por Patricia Cubría, del Movimiento Evita y la Utep. Esta comisión, paso obligado para toda expropiación a favor de una empresa recuperada o barrio popular, no tuvo una sola reunión en 2022 y 2023, a pesar de que se está viviendo una crisis habitacional enorme.

Mención aparte merecen los libertarios que se han ido pasando entre Espert y Milei, que tienen múltiples vasos comunicantes con el PJ y JxC y se han sumado al silencio general. Sus discursos contra la “casta política” no pueden esconder que solo existen como variante electoral por decisión del aparato político peronista y por el financiamiento de los mismos empresarios que lanzan a los otros candidatos, como Eurnekian, patrón y mecenas tanto de Massa como de Milei.

¿Por qué vaciaron la Legislatura?

Cuando cada día, nuestro equipo va a la Legislatura a trabajar sobre nuestras iniciativas, nos topamos con pasillos y edificios casi vacíos. No se trata, sin embargo, de trabajadores “avivados” que no van a trabajar, sino de una dirección que vacía conscientemente la Legislatura. ¿Por qué lo hace?

Por un lado, Kicillof gobierna por decreto. No deja de funcionar el Estado, sino que lo hace sin pasar por la publicidad del debate sobre sus políticas reales ni una instancia de control que en teoría funcionaría allí. Este aspecto de control no es menor, la bancada del Frente de Todos rechaza sistemáticamente el tratamiento siquiera de un pedido de informes que se dirija a las políticas que lleva adelante su gobierno.

Por otra parte, las fuerzas políticas que comparten la defensa del ajuste y el pago de la deuda tienen poco que ofrecer a la población. Discutir una salida a la crisis habitacional, a los problemas ambientales, al desastre de la infraestructura escolar… es gastar plata. Y el PJ y JxC acuerdan en destinar esa plata al pago de la deuda externa y los beneficios económicos para capitalistas privados.

Reclamamos que la información que la cámara tenga sobre el caso Rigau y sus implicancias sea hecha pública, contra cualquier operativo de impunidad. Insistimos en la denuncia que venimos haciendo hace meses, que se traten nuestros proyectos, los y de otros diputados, que son cajoneados por representar reclamos populares, sean estos laborales, ambientales, de temas de género, de investigación de brutalidad policial, de urbanización de asentamientos y barrios populares, de situación de empresas recuperadas. Con esta orientación convocamos la olla popular de ñoquis del 29 de septiembre.

https://prensaobrera.com/politicas/la-legislatura-bonaerense-entre-el-escandalo-y-la-paralisis