En Saladillo, una nena de 13 años asistió al Hospital Posadas con un fuerte dolor abdominal, pero los profesionales que la atendieron se dieron cuenta de que estaba embarazada de 35 semanas producto de un abuso sexual y sus molestias eran porque ya estaba en trabajo de parto.

«La traía como que a la nena le dolía la panza, un dolor abdominal, y no sabía qué le estaba pasando», aseguró Pablo Moscatello, director del hospital, en declaraciones televisivas. Además, precisó que esa visita al centro de salud fue la única que la niña tuvo en el último año. Por ese motivo, dedujo que «nunca se le hizo un seguimiento ni tuvo un control». Esto significa que, a la vista de que la criatura estaba cursando un embarazo, lógicamente concebido en condiciones de abuso sexual, nadie le proporcionó atención médica.

Automáticamente el hecho conmocionó a la ciudad de Saladillo, desatando una pueblada. Los vecinos rodearon la casa de la familia, señalando que el abusador sería el padrastro de la nena. Además se movilizaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos frente al palacio municipal, donde la policía reprimió brutalmente la protesta.

También se concentraron frente a la casa de la fiscal Patricia Hortel, identificada como un exponente de la complicidad judicial con la violencia que sufren las mujeres. Hortel había sido la fiscal del caso Rocío González, asesinada a balazos por un compañero de trabajo que la acosaba hacía un año, y culpó a la propia víctima de su femicidio diciendo que no se hizo respetar ni se defendió.

En paralelo, vecinos de la zona rural de Saladillo alertaron haber visto a los, por ese entonces, principales sospechosos del caso «haciendo dedo» a la vera de la ruta. Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades policiales, las cuales llegaron al lugar y notificaron a los sospechosos de las medidas cautelares de acercamiento dictados por la Justicia y los intimaron a fijar un domicilio dentro de la provincia de Buenos Aires. Algunas horas más tarde, ambos fueron detenidos. La policía reprime a los vecinos que exigen justicia, pero si no fuera por los vecinos, los responsables desaparecían.

Este constituye otro caso más donde todos los derechos de las infancias son vulnerados, donde los mecanismos de detención y prevención de abusos no funcionan, sobre todo porque fueron desmantelados por el gobierno, como la Subsecretaría de Prevención de las Violencias y la Secretaría de Niñez y Familia, por citar algunos ejemplos.

Es el mismo gobierno que arremete contra la Educación Sexual Integral, principal vía de detección de casos de abuso en las escuelas. Tal es así que el propio intendente sostuvo: «no existían denuncias previas de vecinos, del sistema educativo, ni del sistema de salud que hubieran alertado sobre esta situación».

Este flagelo proviene además de la enorme injerencia de las iglesias, instituciones que garantizan la impunidad de los curas pedófilos, en el sistema de salud y de educación. Promueven dogmas oscurantistas que buscan someter y acallar a todas aquellas infancias víctimas de abuso sexual en nombre de preservar la unidad familiar, sobre todo en los sectores de más bajos recursos. Por este motivo son los principales promotores del Síndrome de Alienación Parental, una teoría alejada absolutamente de cualquier criterio científico pero que la Justicia utiliza para revincular forzadamente a niños y niñas con sus abuelos o padres abusadores. El caso de la niña Arcoiris es uno de los mayores exponentes de esta tortura.

Esto genera consecuencias devastadoras en la vida de quienes padecen estas maternidades forzadas. Sin ir más lejos, en 2017, por ejemplo, 2.493 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, de las cuales 506 eran menores de 13 años. El acceso al aborto no punible se obstaculiza en provincias donde el lobby clerical es muy grande, como es el caso de Salta o Tucumán, provincia reconocida porque el gobernador Manzur obligó a parir a una niña de 13 años.

Exigimos el inmediato esclarecimiento del caso, que se haga justifica y que dejen de reprimir a los vecinos.

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