Como hizo Kirchner en el Colegio Militar de Buenos Aires, también en San Lorenzo se descolgó el retrato de Videla en los organismos castrenses. Mientras tanto, comenzó aquí una campaña, vinculada con la interna del PJ, sobre una llamada “averiguación histórica en el cementerio de la ciudad de San Lorenzo”.

 

En la necrópolis local se detectaron 34 tumbas comunes de desaparecidos durante la dictadura y, al mismo tiempo, rastros de violación de esas mismas sepulturas para borrar huellas y evidencias de los crímenes.

 

De inmediato, el juez Sutter Schneider colocó en el cementerio una guardia de Gendarmería, lo cual no significa otra cosa que declararlo “zona liberada” para impedir la vigilancia de vecinos y organizaciones sociales. Por eso hoy las investigaciones están detenidas, a pesar de haber sido declaradas “de interés provincial” por iniciativa de un senador del PJ respaldado por la intendencia local y la Secretaría de Derechos Humanos. Una farsa trágica.

 

Entretanto, el municipio, avalado por el gobierno nacional, reprime y hostiga a vecinos del barrio General Moscón que exigen el trazado de una ruta alternativa y una playa de estacionamiento para los miles de camiones que ingresan en las fábricas y/o puertos de San Lorenzo. Ese tránsito pesado, además de producir un desastre ambiental, deja frecuentemente aislada a la ciudad por el embotellamiento de los accesos. Farsa y lucro con los luchadores de ayer, palo para los luchadores de hoy: ésas parecen ser las consignas oficiales.

 

Por nuestra parte, el PO de San Lorenzo prepara con todas sus fuerzas el acto del 24 de marzo, contra los intentos de “estatizar” la fecha y contra la impunidad de los genocidas.

 

En cuanto a las tumbas del cementerio de San Lorenzo, promovemos la constitución de una comisión de vecinos, profesionales y organizaciones sociales y de derechos humanos para impulsar las investigaciones y, sobre todo, el juicio y castigo a los represores de ayer y de hoy, materiales e ideológicos.