Los datos del censo de población son reveladores. La ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que hace diez años, algo menos de tres millones. Si se tiene en cuenta el crecimiento vegetativo (número de nacimientos en la década), han dejado la Ciudad unas trescientas mil personas. Una porción menor se mudó a los countries del gran Buenos Aires. Pero la mayor parte dejó la Ciudad por la imposibilidad de solventar una vivienda. En la medida que siguieron trabajando en la Capital, esa emigración significó prolongar la jornada laboral con viajes extenuantes, de dos o más horas por día. Adicionalmente, ha agravado el colapso del transporte público y el privado.

Pero, principalmente, las cifras del censo desmienten cualquier hipótesis de “explosión poblacional” en la Ciudad para justificar la crisis de vivienda, ni siquiera el ingreso de trabajadores inmigrantes, ya que la población de países limítrofes asciende apenas al 6%. Si las dos terceras partes de ella vivieran en viviendas precarias, ascenderían a unas 120.000 personas -sólo la cuarta parte de los más de 500 mil que soportan problemas de vivienda. Sin embargo, como la construcción de edificios para habitar ha crecido en forma sistemática a partir del auge de la soja, lo que se ha producido es superávit de viviendas, no un déficit. De este modo, la carencia de viviendas coexiste con una sobreproducción habitacional. La crisis de la vivienda no es entonces un desajuste provocado por el exceso de la demanda sobre la oferta, sino el producto de la polarización de los ingresos; o sea, del régimen social. La polarización social se revela en el aumento exponencial de las viviendas construidas y adquiridas como reserva de valor, por un lado, y en el crecimiento de la población en villas, asentamientos y pensiones, por el otro.

Actualmente, las dos terceras partes de los permisos de edificación en la Ciudad corresponden a viviendas categorizadas como “confortables”, “lujosas” o “suntuosas”. Del progresismo al derechismo, la gestión de la Ciudad ha reforzado la tendencia a la expulsión de los trabajadores, o a su desplazamiento social a las formas degradadas del techo.

La progresiva liquidación de los planes de vivienda popular; el acaparamiento de tierras con fines inmobiliarios por parte de corporaciones seudoestatales (Puerto Madero, Buenos Aires Sur); la captura del Banco Ciudad como financista de la deuda pública y del gran capital son la expresión de una orientación política que impulsa la conversión cada vez mayor de la Ciudad en un campo de acumulación de capital inmobiliario.