La suspensión del registro de licencias para exportar maíz dispuesta por el gobierno nacional ha causado un malestar en la Mesa de Enlace -que nuclea a las principales patronales agroexportadoras-, las cuales ven en la medida una afectación a las suntuosas ganancias en medio de un alza de los precios internacionales del maíz y otros granos.

La medida adoptada consiste en el freno de las exportaciones de maíz hasta el mes de marzo, lo que implica reducir la exportación de 38,5 millones de toneladas que estaban planificadas a 34,23 millones. Esto deja un saldo de la liquidación de unas 4,27 millones de toneladas restantes del ciclo 2019/20, para destinarlas al mercado interno.

El maíz, como otros granos de producción y exportación nacional, viene registrando una suba en los precios internacionales, con un piso en abril de 120 dólares la tonelada, llegando a trepar a casi 200 dólares en la actualidad. Si se toma en cuenta este aumento, estamos hablando de una reducción de un 10% de la capacidad de exportación contra un 66% de aumento en los precios, una medida limitada.

Su incidencia en el mercado interno está directamente asociada al precio del pollo, productos avícolas, criaderos de cerdos y bioetanol, entre otros. Por lo cual la medida viene alentada desde el lado de estas productoras, las cuales calculan que la liberación de los precios máximos del gobierno -que incluye al pollo en el listado actual- va mucho más lento que la escalada del precio de la materia prima que necesitan para producir.

La medida del gobierno a favor de los productores internos está lejos de defender, sin embargo, los bolsillos de los trabajadores. Ya hay sobradas experiencias en el pasado de que la disminución de ciertos insumos no redunda en una reducción del precio final al consumidor sino que terminan siendo embolsados –y aumentando las ganancias- de los eslabones intermedios de la cadena de producción. Para que eso no ocurra, el gobierno debería abrir las cuentas de la cadena agroindustrial y de comercialización, algo totalmente fuera de su horizonte.

La suspensión de la exportación de maíz hasta marzo también ha sido acompañada de la liberación de los precios del biodiesel (derivado de la soja) y del bioetanol de caña de azúcar, mientras que el aumento de bioetanol de maíz se encuentra en un cuarto intermedio. El biodiesel prevé un aumento, acumulado, del 90,7% a mayo, y el bioetanol se estima en 56%, al mismo periodo.

Ya se estima que estas subas impliquen, a su vez, aumentos en los precios de los combustibles, los cuales se trasladarán a los precios de los principales bienes de consumo, derrumbando cualquier hipótesis de defensa del consumo popular. YPF acaba de anunciar un aumento promedio del 2,9 en los combustibles, sumado a que se espera otro aumento del 2 al 3,5% por ajuste de impuestos.

Disputa en el frente patronal

La medida cayó con disgusto entre las principales cámaras patronales agroexportadores, las cuales han anunciado una serie de asambleas en algunas regiones productoras y amenazan con un paro de la actividad.

Según las bolsas de cereales y comercio de Rosario, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, esto implica la pérdida de unos US$810 millones en exportaciones del sector.

Mientras algunos especulan con que la medida implica una caída en la recaudación asociada a la disminución de la liquidación de divisas e incluso a una respuesta en el desabastecimiento interno que no logré aflojar los precios; otros baten el fantasma de las intervenciones del kirchnerismo como un medio para agilizar la liquidación de las exportaciones retenidas.

Resulta que el 2020 se caracterizó como uno de los años más bajos en la liquidación de la cosecha. Se calcula que solo respecto a la soja los productores retuvieron unos 9.216 millones de dólares sin liquidar, con un precio internacional elevado de 480 dólares la tonelada.

En esencia, los exportadores vienen especulando con la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue y tensando la situación para obtener una mayor devaluación y una renta extraordinaria.

Está claro que la medida del gobierno es más que de corto alcance y solo sirve a los fines de mantener un endeble acuerdo con los productores del mercado interno. La crisis económica trae aparejada, entre sus consecuencias, la disputa entre distintos sectores patronales por una mayor tajada en el reparto.

Ahora el gobierno tendrá que salir a ofrecer nuevas “garantías” a las patronales exportadoras y compromisos a futuro, como lo hizo recientemente con la rebaja temporal a las retenciones en los granos, sin contar con el resultado esperado. Lo cual seguramente acarree nuevas penurias para el pueblo trabajador.

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