El gobierno ha dispuesto todo tipo de medidas con el objetivo de tejer un blindaje sobre la figura presidencial y sus allegados, lo cual incluye el apriete de jueces, el apartamiento de fiscales y el nombramiento de jueces, así como la persecución de testigos. Uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos fue el apartamiento del fiscal José María Campagnoli, que investigaba a Lázaro Báez, por parte de la procuradora Gils Carbó, quien lo acusó de “excederse” en su trabajo. Báez es una pieza clave en el entramado de negocios de la familia Kirchner.

El gobierno se ha lanzado a ocupar trincheras en el aparato judicial. En el Consejo de la Magistratura se posicionaron dos importantes dirigentes de La Cámpora: Wado de Pedro y Julián Alvarez. En el Senado acaba de llevar adelante una maniobra que le permitió designar a diez conjueces afines para la Corte Suprema de Justicia, quienes podrán actuar en caso de excusación o vacante de alguno de sus integrantes. Los del máximo tribunal son, apenas, la punta de lanza de un paquete de otros 360 conjueces para cubrir vacantes en distintos fueros y cámaras de todo el país sin tener que atravesar el tedioso camino de los concursos y la reunión de antecedentes. La gran mayoría de estos futuros conjueces son familiares, amigos o simpatizantes K.

Estos intentos tienen el límite de la propia disgregación del gobierno. La novedad del último tiempo es que gran parte de los fallos adversos al gobierno provienen de tribunales que otrora gozaban de buena relación con el poder K. Durante la “década ganada”, el kirchnerismo tejió aceitados vínculos con buena parte de la camarilla judicial que avaló negociados, cajoneó denuncias y sobreseyó funcionarios en tiempo record -entre ellos, al propio matrimonio presidencial.

Pero hoy la evidencia del agotamiento es contundente y, como ocurre con legisladores e intendentes, también los jueces cambian de bando. Javier Fernández, auditor general de la Nación y viejo operador K, estaría coqueteando con el massismo al tiempo que apadrina al juez que investiga a Carlos Liuzzi, mano derecha del “Chino” Zannini.

Ante los ojos de la burguesía, el gobierno ha perdido la capacidad de arbitraje en momentos en que se reaviva la crisis cambiaria y se profundiza la recesión industrial. La quiebra fiscal, así como el desarrollo del crimen organizado y el narcotráfico dan cuenta de un proceso de disolución que involucra a todos los niveles del Estado. El terreno judicial es, privilegiadamente, uno de los campos de batalla de la sucesión presidencial, incluyendo la posibilidad de una salida anticipada, un adelantamiento de las elecciones y diversas formas de golpes institucionales.

En este punto, la evolución del caso Boudou es emblemática. La reciente resolución del Tribunal de Casación que niega la exculpación del vicepresidente lo coloca en las puertas de un eventual procesamiento. De avanzar en esta dirección, más allá de las intrigas que arme el oficialismo para reducir lo más posible el impacto, será un fuerte golpe para el gobierno.

La crisis de poder de la transición está más vigente que nunca.

Matías Villar