Las denuncias de Alsogaray sobre las “pinchaduras” de sus teléfonos pusieron al descubierto la violenta “guerra” que enfrentaba a los “servicios de inteligencia” y, a través de ella, la aún más violenta lucha económica entre los pulpos capitalistas.

Cuando los Alsogaray responsabilizaron a la SIDE, el juez que intervino en la denuncia constató que allí “se efectuaba la intervención ilegal de teléfonos para escuchar y probablemente grabar conversaciones” y también verificó que la SIDE tenía “tomada” la línea del asesor presidencial (La Prensa 6/6).

La SIDE, sin embargo negó toda responsabilidad en las “escuchas” y “atribuyó la responsabilidad del hecho a un grupo paraoficial de espionaje que funcionaría bajo la órbita de la Casa Militar de la Presidencia” (Clarín, 5/6) y cuyo jefe es el inspector Carlos Dupleich.

¡Pero Dupleich fue designado como “asesor director de Comunicaciones de la Casa Militar” por ENTel en una resolución secreta firmada por la actual interventora! ¿La “espía” era “espiada”? Página 12 sugiere que la Alsogaray habría sido víctima de una “cama” y Dupleich un “agente doble”.

El “affaire” Alsogaray —señala Clarín (5/6)— sería sólo el “mascarón de proa” de una larga guerra entre la SIDE y la Casa Militar, que traduce los violentos enfrentamientos entre la camarilla menemista y la militar por el control absoluto de los “servicios”. Las FF.AA. querrían desplazar a Hugo Anzorreguy —un hombre de Menem— de la jefatura de la SIDE, para colocar a “uno de los suyos”, el indultado brigadier Julio Santuchone, según informan coincidentemente Página 12, Clarín y Ámbito Financiero.

La “batalla de los teléfonos” expresa una fractura general de la burguesía. El otrora defensor casi incondicional de Alsogaray, Ámbito Financiero, por ejemplo, acusó a María Julia de “pinchar” teléfonos. La ingeniera, por su parte, respondió enjuiciando al diario de Julio Ramos. “Todo indica —señala El Cronista Comercial (7/6)— que esta explosión controlada podría estar siendo activada desde otros sectores del oficialismo —de dentro y de fuera del gobierno— muy preocupados por el rumbo de las ‘alianzas estratégicas’ del gobierno” El escándalo de las “pinchaduras” reconoce, por tanto, el mismo origen que los ventilados choques entre Zulema y Carlos Menem.

El “affaire” Alsogaray confirmó la enorme dimensión del aparato de “espionaje Interno”. Revela asimismo los métodos brutales y gansteriles que utilizan la burguesía y los explotadores para “zanjar” sus diferencias de internas.

“Chancho-gate”

“La orden (de intervenir el teléfono de Alsogaray) fue impartida —según Página 12 (5/6)— por el presidente Menem a Anzorreguy (jefe de la SIDE) para confirmar las insistentes versiones sobre la participación económica de su colaborador en los beneficios (de un contrato del Estado)”. El “liberal” ingeniero resulta así un vulgar hombre de la “patria contratista”.

Desde setiembre de 1989, Alsogaray venía “intercediendo” ante Menem para que se otorgara el consorcio yanki Towsen y Butonm Inc. —asociado con prominentes miembros de la “patria contratista” local como Benito Roggio y Cartellone— la construcción, operación y mantenimiento de dos usinas termoeléctricas por un costo de más de 400 millones de dólares. El llamado a licitación, salió en menos de un mes, y sus plazos fueron modificados tres veces para impedir la presentación de otro oferente, en lo que incluso el ministro Dromi —“asociado” con Alsogaray en el “negocio”— calificó como “una licitación a dedo” (Página 12, 7/6). El contrato aseguraba al adjudicatario “un precio sobredimensionado” (Clarín, 1/6), estimando en 200 millones de dólares, ¡la mitad del costo!, con “todas las garantías del Estado”.

El Banco Mundial —radiado del contrato— se opuso al proyecto, el que también entraba en contradicción con otros “negocios”, como los de Yaciretá y Puerto Nuevo. En consecuencia el Banco Mundial canceló préstamos para estos últimos.

La Secretaría de Energía y el Consejo Federal de Energía, vinculados a los contratistas de las obras financiadas por el Banco Mundial se opusieron al proyecto, incluso cuando el 28 de mayo Menem firmó el decreto autorizando el negocio de Alsogaray.

La “pinchadura” del teléfono de Alsogaray está ligada a esta disputa de piratas, para obtener las “pruebas” de la coima lo cual daría la oportunidad a los menemistas para deshacerse de los Alsogaray y monopolizar el negocio de las privatizaciones para sus “clientes”.

La denuncia de la “pinchadura” por María Julia le habría permitido a los Alsogaray “distraer la atención de las usinas termoeléctricas” (Página 12, 5/6) y sortear el escándalo que se perfilaba por la embestida del Banco Mundial, el PJ y la Secretaría de Energía contra el decreto.

Es estallido del “chancho-gate” — cuando todavía no se han apagado los ecos del escándalo del Digi II, ni las luchas por el petróleo ni por los redescuentos bancarios— revela la violentísima lucha que han entablado los pulpos capitalistas y los métodos maffiosos a que apelan para apropiarse del “botín del estado”.

El “chancho-gate” es la radiografía exacta de un régimen político que se despedaza inexorablemente y que reclama del proletariado una alternativa nacional de poder.