Mucha repercusión tuvieron los dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en la reunión con la Comisión de Seguridad de Diputados, en defensa del “ciberpatrullaje” en las redes sociales con el objetivo de “detectar el humor social”.

Si bien al día siguiente intentó desdecirse, alegando que esa referencia tenía que ver con que “normalmente (el ciberpatrullaje) se usa para anticiparse a posible venta de narcóticos o casos de grooming, en esta circunstancia nosotros estamos buscando hacer cumplir los decretos relativos a la cuarentena”. El debate que generó no es por supuesto un malentendido.

Que la ministra haya sostenido en su informe a los legisladores que de lo que se encargan es de “estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos”, revela que la cuestión no se reduce a una “frase poco feliz”, como luego afirmó en una entrevista radial.

La utilización de las redes sociales, aun si se limitara a los perfiles que son públicos, para identificar palabras claves relativas al descontento social es un grave aspecto de la política represiva. El Ministerio de Seguridad confecciona así registros sobre la opinión política de la población (e incluso sobre su pertenencia a organizaciones políticas, sociales o sindicales), que el propio Estado puede utilizar mediante un espectro amplio de áreas, no solo con la fuerza pública, sino que además se puede cruzar con los datos impositivos, laborales, y otros sobre las personas. Este almacenamiento de datos sobre las opiniones de las personas está prohibido por ley.

El gobierno se ampara en que se trata de una práctica que ya se venía desarrollando. Si ello no puede sorprender a nadie, tampoco los absuelve. Recordemos que la mismísima doctrina de “seguridad democrática” que enarbolara Nilda Garré durante el gobierno de Cristina Kirchner incluyó el Proyecto X de espionaje ilegal de las organizaciones populares mediante fuerzas federales como la Gendarmería. La oposición patronal que ahora se rasga las vestiduras ante estos atropellos contra las “libertades civiles” gobernó con los métodos de espionaje de “Fino” Palacios, además de con la “doctrina Chocobar” de Patricia Bullrich. La persecución política trasciende los colores políticos de los distintos gobiernos, porque las tareas de inteligencia y la conspiración son atributos esenciales del Estado para sostener un régimen social de explotación.

Lo que confirma esta revelación de Frederic es que una de las preocupaciones centrales del gobierno está fijada en la efervescencia popular que puede suscitar el cuadro de creciente miseria y desocupación. El inocuo decreto de prohibición de despidos -que puso en evidencia la fragilidad de la “dureza” para con los Techint- y lo extremamente limitado del Ingreso Familiar de Emergencia, mal pueden garantizar que la crisis sanitaria y el desplome de la actividad económica no generen una reacción social. La posibilidad de que con la vuelta a la actividad se extiendan como reguero de pólvora las luchas obreras y sociales es un dato ineludible de la realidad política nacional.

Por eso, el correlato claro del ciberpatrullaje es el accionar intimidante y arbitrario de los patrullajes físicos de las fuerzas de seguridad, que se valieron del dictado de la cuarentena obligatoria para desplegar un accionar represivo dirigido específicamente contra las barriadas y contra los trabajadores precarizados que se veían obligados a seguir circulando. La presencia del Ejército no se justifica por el reparto de un puñado de platos de comida si no como un operativo “preventivo” de disciplinamiento social.

Si al gobierno le preocupa el humor social en lugar de hacer espionaje sobre las redes sociales debería prohibir de manera efectiva los despidos y suspensiones, establecer un seguro al desocupado de 30.000 pesos, redoblar la asistencia alimentaria y sanitaria a los comedores y familias más necesitadas.