Antonia Pérez, de 68 años, jubilada como empleada doméstica, argentina y sin familia, junto con otro anciano de 70 años y una familia chilena fueron desalojados de su vivienda por la Policía Federal, por una orden judicial como resultado de una causa abierta por el Arzobispado de Buenos Aires, propietario de la vivienda (y de toda la manzana donde ésta se encuentra). Desde entonces, Antonia Pérez duerme en la vereda de su antigua casa, en Paraguay al 1600.

Una “pequeña” historia que encierra una gran lección política.

Los “pastores del pueblo de Dios”, los obispos, actuaron con la brutalidad y el cinismo de cualquier capitalista contra una jubilada que durante seis años les pagó “religiosamente" el alquiler. La “defensa de la propiedad”, un “valor” bien alejado de la espiritualidad y la caridad que pregonan los hipócritas, es la norma suprema de los purpurados. Algo enteramente natural para quienes son los más grandes propietarios de tierras y viviendas en todo el país.

El monopolio inmobiliario clerical es sostenido por el propio Estado, que subvenciona a la curia eximiéndola del pago de todo tipo de impuestos. El monopolio de los curas es tan impresionante que, si pagaran los impuestos que le corresponde a cualquier propietario, serían los contribuyentes más grandes del país, según lo informó recientemente la DGI. Esta exención impositiva es “lógica” desde el momento en que la Iglesia forma parte del Estado, como lo establece la Constitución, que garantiza con la policía y los jueces sus propiedades.

Los que expulsaron de su hogar a Antonia Pérez son los mismos que baten el parche de la “pacificación nacional" y del “reencuentro de los argentinos”. La amnistía de los genocidas, por fuerza, va de la mano de la declaración de guerra a los explotados. La “caridad cristiana”, como la “mano de Dios” alfonsinista sólo rige para los explotadores. Para los trabajadores vale, en cambio, otro precepto: “el perdón de los que nos ofendieron”. Antonia Pérez debe aceptar “cristianamente el destino que le ha impuesto Dios”.

La separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la educación confesional y la expropiación de todos los bienes “terrenales” de la curia es un mero acto de defensa de la población trabajadora contra la explotación material y espiritual de esta corporación reaccionaria.