"Si el progresismo desprecia los pro­blemas de seguridad, terminaremos regalándole ese redamo a la dere­cha’. En más de una oportunidad Aní­bal Ibarra justificó de este modo el apoyo a la sanción de un nuevo códi­go contravencional.

Pocos imaginaban que también iba a conseguir la colaboración de la izquierda del recinto y de Vilma Ripoil.

Relata Página/12 que, a la hora de discutir la conducta ante las “interrup­ciones de tránsito” (manifestaciones callejeras), ‘los diputados sometieron a votación dos proyectos apoyados por minorías: el primero, formulado por Enriquez, imponía penas durísi­mas: 100 a 5.000 pesos de multa y 5 a 15 días de arresto, que se agrava­ban al doble si el corte provocaba em­botellamiento de tránsito o tumultos o si los manifestantes tenían los rostros cubiertos o portaban palos. Ese pro­yecto, apoyado por los macristas du­ros de Juntos por Buenos Aires y los lopez murphistas de Recrear, consi­guió 18 votos.

“A su tumo -continúa Página/12-, Ripoll, desde la izquierda, quiso librar su propia pulseada con la derecha y propuso un texto que imponía una úni­ca pena de 1 a 5 días de trabajos de utilidad pública. Este proyecto obtuvo 23 votos: además de los diputados de izquierda, lo apoyaron algunos kirchneristas el socialista Norberto La Porta y la ex bullrichista Marta Eugenia Estenssoro, entre otros".

Ripoll pretendió enfrentar le nor­ma de contravención propuesta por los derechistas con otra norma puntiva menor. Sólo le faltaron ocho vota para ganar.

Los Macri y los Ibarra no saben lo que se perdieron: el artículo condona torio de los piquetes hubiera saldo aprobado por amplia mayoría y por iniciativa de una diputada de izquierda.

El proyecto Ripoll convalidó el golpe político y moral del régimen repre­sor contra el pueblo que se moviliza. Un socialista no puede aceptar la op­ción entre dos formas diferentes de re­presión y sanción al movimiento po­pular. La represión que vote la Legis­latura patronal deberá ser enfrentada en la calle, nunca convalidada. Hu­biéramos enfrentado en la calle incluso a la moción Ripoll.

Aceptar que las marchas son contravenciones constituye un golpe arte­ro a los luchadores y a la izquierda.

Una banca obrera y socialista de­be estar al servicio de forjar la con­ciencia política de la lucha contra el ré­gimen, no de "intermediar" entre éste y los trabajadores a costa de echar por la borda incluso los principios demo­cráticos.