El último martes por la noche casi todos los gobernadores se habían arrimado a Olivos para apoyar la continuidad de Duhalde, evitando de este modo el boicot de Chapadmalal que derribó a Rodríguez Saá. Pero nadie se engaña: luego del fracaso del ultimátum al Congreso para que se votara el plan Bonex, el gobierno de Duhalde ha colapsado. Por de pronto, se ha quedado sin gabinete, lo que no es poca cosa, porque representaba a los grandes capitalistas deudores que impulsaron la devaluación y la pesificación, o sea la licuación o desvalorización de sus deudas.

El fracaso del nonato Bonex y del ultimátum al Congreso ha dejado en el aire las de cualquier modo infructuosas negociaciones con el FMI. La Liga de Gobernadores del peronismo ya tiene conciencia de que tendrá que dar paso a una nueva etapa política: sea a la convocatoria inmediata a elecciones o, en su defecto, a un golpe de Estado, si antes el núcleo más importante de ellos logra ponerse de acuerdo con un plan de conjunto.

Los derrumbes de los gobiernos de Entre Ríos y San Juan, la pueblada del lunes en Tucumán, y el creciente jaque a De la Sota en Córdoba, están poniendo en evidencia que en ausencia de un recambio nacional, la crisis irá arrasando con los gobiernos de las diferentes provincias. El sanjuanino Avelín, que se enfrenta a una definitiva rebelión popular, se ha decidido a adelantar las elecciones, lo cual para él probablemente ya sea tarde. Para los políticos de turno, la alternativa es cada vez más clara, aunque su realización les resulte cada vez más oscura: o llaman a elecciones o forman un gobierno extraparlamentario que tenga capacidad para enfrentar las crisis provinciales con la intervención federal.

El lanzamiento finalmente fallido del plan Bonex puso definitivamente en claro el sentido de la resolución de la Corte que en febrero pasado declaró inconstitucional el corralito: por un lado, ofrecer amparo judicial a los capitalistas que fueron sacando dinero de los bancos durante la vigencia de la retención obligada de los depósitos y, por otro lado, forzar al gobierno a resolver la crisis bancaria con una definitiva expropiación de los ahorristas. Sin embargo, las filtraciones del corralito sólo explican un 20% de las compras de dólares; el 80% restante es resultado de la especulación de banqueros y capitalistas con el dinero que les ha dado el Banco Central en concepto de redescuentos.

El Bonex de los banqueros

La prensa ha coincidido, sin excepción, en que el plan Bonex fue reclamado por los banqueros y que incluso habría sido redactado por el directorio del HSBC. El plan ofrecía un negociado sin precedentes, incluso para los parámetros de Argentina, porque, de un lado, brindaba a los bancos la posibilidad de hacerse de esos bonos al 20% de su valor o menos aun, y porque lograban, por el otro lado, cobrarse la deuda externa del Estado que tenían en sus carteras, transfiriéndola a los ahorristas bancarios, que se convertían de este modo de acreedores de los bancos en acreedores de un Estado fundido.

La concentración de ahorristas frente al Congreso apenas se conoció el envío del proyecto, advirtió a los legisladores que podía haberse iniciado un nuevo 19 de diciembre. El rechazo del Congreso acabó siendo no tanto una defensa de la autonomía parlamentaria como un indisimulado recule ante los peligros en ciernes.

Pero el plan falló por muchos motivos adicionales. El gobierno lo transformó en un proyecto ómnibus que incluía la pre-privatización de la banca del Estado y ratificaba la vigencia del coeficiente de reajuste; en este último caso afectando duramente la deuda pesificada de los grandes grupos económicos. Para defender el valor de mercado de los Bonex, algunos legisladores reclamaron que fueran garantizados por los bancos, lo cual obligaba a éstos a cobrar como fuera los préstamos otorgados a los grupos económicos. Sin esa garantía, en cambio, la deuda bancaria de la gran industria habría podido rifarse como se hizo con la deuda de los Soldati y los Gualtieri con el Banco Provincia. Los banqueros, por otro lado, se oponían a ofrecer garantías, pero reclamaban el derecho a cobrar sus créditos a la industria, otorgados con la plata de los ahorristas ahora desplumados, y en caso de quiebra de la industria hacer valer la Ley de Quiebras. El Bonex largó un zorro ciego al gallinero, lo que explica la completa parálisis del conjunto del poder político a partir del lunes a la noche.

Los banqueros reclamaban que el Bonex se aplicara a todos los depósitos bancarios; o sea, también a cajas de ahorro y a cuentas corrientes. Esta variante habría secado de pesos al mercado y provocado una deflación capaz de acabar con la mitad del comercio en pocas horas. Si el dinero a la vista no era en cambio afectado, se corría el otro peligro, el de una hiperinflación, porque ese dinero se habría disparado al dólar. La “bonexización” de los depósitos habría reintroducido la dolarización parcial del sistema financiero (los bancos recompran los bonos dolarizados), mientras los pasivos de los bancos seguían pesificados. Si algo faltaba para poner en evidencia que la crisis nacional consiste en un derrumbe de la organización capitalista de la sociedad, el plan Bonex lo dejó inconfundiblemente de manifiesto, con sus idas y vueltas, sus contradicciones insolubles y su potencial de confiscaciones y de caos.

Nacional y popular

El derrumbe de conjunto de la situación quedó a tal punto al desnudo, que Duhalde habría comenzado a acariciar la idea de aplicar la alternativa “nacional y popular” que le recomiendan Carbonetto, Curia y Ferrer, que consiste básicamente en liberar el corralito y dejar que el dólar se vaya por las nubes y el peso al diablo. El planteo de estos representantes del Polo Social (en realidad, una rama del duhaldismo), e igualmente de los devaluacionistas del ARI, se convierte en lo más parecido a una alquimia cuando para sostener el edificio económico frente al caos hiperinflacionario (y la licuación de deudas) que generaría la liberación del dólar y del corralito, proponen impuestos móviles a las exportaciones e impuestos especiales a las empresas pesificadas, sin admitir la eventualidad de una nacionalización del comercio exterior y de la banca ante el seguro boicot al que recurrirían exportadores y banqueros. Es un planteo atado con alfileres, que se asemeja al del FMI, que también exige liberar todo, incluso con impuestos a los exportadores y a los pesificados, aunque no móviles.

Para la corriente “nacional y popular”, la crisis argentina obedece a una insuficiencia de la demanda, por eso los atrae (siempre los atrajo) la emisión monetaria. En la caracterización pasan por alto nada menos que la quiebra del Estado, de los principales monopolios capitalistas, de los mercados de capitales y deuda, del sistema financiero y de la moneda. Inyectar moneda en una organización capitalista en completa bancarrota no promueve ninguna demanda productiva sino simplemente la liquidación de todos los quebrados, en primer lugar de los obreros y los desocupados.

Daniel Carbonetto ha propuesto también nacionalizar Repsol, lo que no deja de mostrar el nivel de la crisis. Pero para el ex asesor del peruano Alan García (admirado en sus tiempos por Zamora y el MAS, que instaban a seguir su ejemplo) el objetivo de esa nacionalización es obtener recursos rápidos para la caja del Estado, es decir que la nafta deberá seguir cara y a Repsol habrá que indemnizarla para que no se le cierren los mercados de venta a la empresa. El objetivo de una nacionalización sin indemnización debería ser, por el contrario, priorizar el uso del gas y petróleo para sostener una industrialización bajo la dirección de la clase obrera.

Asamblea Constituyente

Duhalde solamente ha sobrevivido para dar un tiempo a la maquinación de alguna salida política a su colapso: o adelantar elecciones o un golpe. El planteo de Fuera Duhalde se convierte a partir de aquí en parcialmente redundante por lo menos, porque el FMI y la burguesía ya están armando el recambio. El planteo en la izquierda, de que se vaya Duhalde, coincide en el mejor de los casos con el adelantamiento de las elecciones, o sea con una de las variantes de “ellos”. Pone al desnudo una tendencia electoralista harto peligrosa para el movimiento de rebelión popular. Por eso, la consigna de un gobierno nacional, provincial y municipal de Asambleas Constituyentes, se ha convertido en piedra de toque y definitorio.

Se ha pretendido impugnar el planteo porque no dice quién convoca a la Constituyente, lo cual ignora que la clase y las fuerzas políticas que convoquen a una Constituyente serán aquellas que lideren la lucha por la sustitución del gobierno de los saqueadores por la Constituyente. La única clase que puede convocar consecuentemente a una Constituyente es la clase obrera, pero para ello deberá movilizarse por ese objetivo político, con esa reivindicación. La clase obrera no está todavía en condiciones de dar una salida política, debe todavía conquistar esas condiciones, lo que logrará estableciendo concientemente ese objetivo político. El objetivo debe ser ése y no todavía la dictadura del proletariado (eso significaría un gobierno de trabajadores), porque no existe conciencia aún de la necesidad de sustituir el sufragio universal por el gobierno colectivo de las masas. La mayoría del pueblo que debe ser ganado a la lucha y aún de aquel que ya está luchando, no concibe otra democracia que la que emerge del sufragio universal. Es necesario desarrollar los aspectos progresivos de este prejuicio, luchando por ejemplo por una Asamblea Constituyente soberana que significa la expulsión del gobierno de turno por la acción de las masas y la abolición de hecho de la Constitución vigente, para montar sobre esta base la transición hacia una República de trabajadores.

A medida que la crisis plantea desenlaces cada vez más brutales y definitorios, más se pone al rojo vivo la cuestión de la estrategia política.