Las trabas a las importaciones, que complican cualquier reactivación industrial del país, son otra manifestación clara de las contradicciones que enfrenta la política económica del gobierno. Es además una muestra del costo que tiene el condicionamiento de toda la economía nacional en función del acuerdo con el FMI y el rescate de la deuda externa. Esa es, en definitiva, la esencia del problema de la escasez de dólares para cubrir las compras al exterior.

La cuestión volvió a ocupar titulares en los diarios por la noticia de que la planta de Renault en la localidad cordobesa de Santa Isabel planea incorporar a 500 trabajadores hacia septiembre, por un aumento planificado de la producción que acarrearía -según la empresa- también la generación de otros 500 puestos de manera indirecta, pero todo ello condicionado a que el gobierno nacional habilite una ampliación considerable de los cupos de importación asignados.

Este condicional es ilustrativo del dilema que no puede resolver el gobierno de Alberto Fernández. Las metas de crecimiento del PBI y de reactivación de la actividad económica tienen un techo en la medida en que no estén los dólares para la compra de insumos de los cuales depende la producción industrial; o, más precisamente, que las divisas se destinen al pago de la deuda externa y al sostenimiento usurario de la precaria pax cambiaria. Es uno de los costos del carácter colonial de la economía Argentina, cuyas exportaciones provienen en un 70% del complejo agroindustrial y sus importaciones consisten en un 65% en bienes de capital, bienes intermedios y accesorios para bienes de capital. De hecho, las exportaciones de manufacturas industriales cayeron en 2020 un 28%, signo de que el país atraviesa una reprimarización.

En el caso particular de la industria automotriz, el componente nacional de la producción es bajísimo, ya que en ninguna de las marcas llega siquiera a la mitad. Esto hace que las restricciones en las compras al extranjero compliquen toda la cadena de autopartistas y terminales automotrices. Para la política oficial es un lastre, cuando viene de anunciar solemnemente un paquete de beneficios impositivos al sector y exenciones a las retenciones en las exportaciones que superen los niveles (por el piso) del año pasado -en un acto en que estuvieron hasta Antonio Caló de la UOM y Ricardo Pignanelli del Smata.

El condicionamiento no proviene realmente de una falta de dólares, usualmente mal llamada “restricción externa”. Sin ir más lejos, año pasado se registró un superávit comercial cercano a los 13.000 millones de dólares pero las reservas internacionales del Banco Central se desplomaron, por el pago de la deuda externa y la fuga de capitales. En lo que va de este año, a su vez, el saldo extra por los mayores precios internacionales de la soja se consumen también en contener las cotizaciones paralelas del dólar: vendiendo y recomprando bonos soberanos se dilapidó casi el 40% de las divisas adquiridas por la entidad monetaria. Es por eso que a pesar de haber comprado casi 2.000 millones de dólares en estos meses de bonanza, las reservas del Central no alcanzaron a subir ni 500 millones. Esto cuando el intento de postergar el acuerdo con el FMI para después de las elecciones requiere que se paguen 7.000 millones de dólares en vencimientos con este organismo y con el Club de París.

Por otro lado, la apuesta de Alberto Fernández por “iniciar un proceso de sustitución de importaciones” y “aumentar el perfil exportador” de la industria nacional choca con otros factores que tampoco puede resolver. La retracción del consumo es fruto de su política de pactos antisalariales y recortes en toda la política de asistencia social cuando la mitad de la población está sumida en la pobreza. Las tasas de interés que paga el Banco Central para apaciguar la inflación encarecen el crédito y limitan por ende cualquier proyecto de inversión, cuando rige además un supercepo cambiario que obliga a las empresas a refinanciar sus deudas con el exterior. En este contexto, hasta en el campo, a pesar del boom del precio de las commodities, caen los niveles de inversión. La capacidad instalada de la industria sigue operando en un 60%.

Por todo esto, las trabas a las importaciones vienen siendo motivo de quejas por parte de la UIA y numerosas cámaras empresarias. Casi 400 compañías recurrieron a la vía judicial, presentando pedidos de amparo en los juzgados del fuero Contencioso Administrativo Federal para lograr por esa vía sortear los obstáculos del sistema de monitoreo de compras al exterior. Además de la dependencia de los insumos provenientes del extranjero, estos choques también obedecen a la especulación de las patronales, que apuestan a un sobre stock en vistas a una devaluación, y como forma de sortear la brecha cambiaria y acceder a dólares a precio oficial.

Los capitalistas, de todas maneras, poseen los mecanismos para trasladar la factura a los consumidores. En el año se registraron subas exorbitantes en los precios de productos que tienen un alto componente extranjero, simplemente porque las empresas optan por cubrirse ante posibles faltantes o probables demoras en la autorización de compra (y especulan que el retraso implicará un tipo de cambio más alto). A su vez, la escasez de ciertos artículos, especialmente de construcción o piezas de electrodomésticos, abre la puerta a que lucren con el desabastecimiento -al punto que en esos rubros ni siquiera queda un valor de mercado como referencia. Es otro de los factores que inciden en la aceleración inflacionaria.

La salida a esta encrucijada solo puede provenir de un plan económico antagónico al del gobierno, y afectando los intereses de los capitalistas, que son los protagonistas de la fuga de capitales. Solo mediante la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero y la apertura de los libros de la industria es que puede haber un registro fidedigno de las necesidades de importación y de sus costos, e incluso encarar un plan real de sustitución de importaciones. Ello, por supuesto, ligado al repudio de la deuda externa usuraria y la ruptura con el FMI, para reinvertir la riqueza del país en un plan de desarrollo nacional bajo la dirección de la clase obrera.