03/11/2021

El “congelamiento” de los medicamentos, otro placebo

Para disimular el ajuste a los salarios y las jubilaciones.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció ayer que el gobierno buscaría incluir dentro del “congelamiento de precios” a una gama de medicamentos. Para tales fines se reunió ya con Luana Volnovich, la directora del Pami, y lo propio hacen desde las 15 horas en el Ministerio de Salud con la ministra Carla Vizzotti y la jefa de gabinete de este equipo ministerial, Sonia Tarragona.

Según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CeProFar), los medicamentos escalaron en sus precios un promedio de 45% en lo que va del año, 8 puntos por encima de la inflación. En el 2020 ocurrió algo similar, habiendo finalizado los fármacos (en promedio, y solamente en promedio) un 10% por encima del proceso inflacionario. Esta es la expresión de la política que siguió a rajatabla un gobierno de los laboratorios, que les concedió enormes beneficios a los pulpos farmacéuticos incluso durante el curso de la pandemia.

Todavía restan definirse los pormenores, pero el fracaso está cantado. Los límites de este “congelamiento de precios” trucho se dejaron ver respecto a los productos alimenticios y la canasta del hogar en las cuatro medidas previas y prácticamente idénticas bajo la órbita de Paula Español; todas oportunamente burladas por las empresas y las cadenas de supermercados. Pero vale recordar, además, que ni bien asumió el gobierno de los Fernández, el exministro de Salud Ginés “vacunatorio VIP” González García anunció un “congelamiento” de precios sobre los medicamentos que fue un fiasco rotundo.

Al igual que con la medida en curso, la resolución fue temporal, presentada como una medida de paso para “equilibrar” los precios con los ingresos. Nada más alejado. Aunque los laboratorios no cesaron los aumentos siquiera con el “congelamiento”, encontrando los mecanismos para sortear la restricción al igual que hicieron los pulpos alimenticios, ni bien se levantó la restricción corrieron a remarcar de un tirón todos los precios al consumidor. De esta manera se registraron subas de entre un 2,1% y un 10% solo en la primera semana.

El 2020 culminó, de cualquier forma, con aumentos incluso mucho superiores en algunos casos al promedio general. Un informe del Observatorio de la Unión Argentina de Salud (UAS) dio cuenta de que algunos fármacos requeridos para el tratamiento de enfermedades graves, como VIH, hepatitis, ETS o tuberculosis llegaron a escalar en promedio casi un 85%, llegando en algunos casos puntuales hasta un ¡1.300%!. En tanto, el promedio de aumento de las medicinas en los últimos cinco años oscila ya por el 500%.

En los hechos no se trata de las condiciones o los detalles de un congelamiento de precios cuyos predecesores de nada funcionaron. El telón de fondo sigue siendo, sobre todas las cosas, que los que siempre aumentan cómodamente por detrás de la inflación son los salarios y las jubilaciones. Hoy la línea de pobreza se sitúa ya encima de los $70.000, pero el 80% de los salarios del país está por debajo de los $60.000.

Esto afecta a su vez particularmente a los jubilados, quienes usualmente gastan más en hacerse de medicaciones pero a la vez peor ganan. La jubilación mínima, la que cobran más de cuatro millones de personas en nuestro país, se ubica en $25.922, ampliamente por debajo de una línea de indigencia que supera los $30.000. El gobierno se jacta de que estos últimos pueden acceder a los medicamentos gratuitos del PAMI, sin mencionar que esta cobertura alcanza a una lista de menos de 200 fármacos y exime a jubilados que no cumplan con algunos requisitos como ¡no tener un automóvil de menos de diez años!, como si ello los convirtiera en jubilados de privilegio.

La única salida es recomponer los salarios y las jubilaciones por encima de la canasta básica familiar, llevándolos a un piso de $100.000. Hay que hacer valer, de igual forma, el 82% móvil para todos los haberes previsionales, y terminar con la condena que pesa sobre millones de jubilados a una vida de indigencia. Por su parte, es imperioso terminar con el desfinanciamiento presupuestario de la ciencia y la tecnología pública, cuya expresión más grotesca fue el detenimiento de los proyectos de vacunas contra el Covid-19 del Conicet por darle prioridad a los Sigman y los Richmond. Eliminar el sistema de patentes y nacionalizar todo el sistema científico bajo control de sus trabajadores, por una ciencia y por sus avances al servicio de las necesidades populares.

Es precisamente un programa en las antípodas de todos los que nos han gobernado, que no solo son agentes de los laboratorios privados y sus negocios millonarios; sino también del conjunto de la clase capitalista que reclama poder pagar salarios de miseria y eximirse de pagar aportes jubilatorios.

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