La novela del congelamiento de precios acumuló nuevos capítulos. En los últimos días nadie evitó meter palabra en declaraciones públicas, desde sus defensores hasta quienes lo rechazan. Desde las federaciones agrarias hasta la Cámara Argentina de Comercio vuelven con que esto “generaría desabastecimiento en las góndolas”, aunque otros empresarios en tanto defienden la regulación. Estamos frente a una medida que es un intento a todas luces inconducente del gobierno de apaciguar, con vista en las elecciones, uno de los problemas más sentidos para la población trabajadora, y que genera discordias aún dentro de la clase capitalista.

Este es el quinto intento similar del gobierno de contener los precios. Ya los cuatro previos, bajo la gestión de Paula Español, fracasaron rotundamente. Inclusive, este “congelamiento de precios” abarca a casi mil productos menos de los que alguna vez llegó a abarcar Precios Máximos, 2.400, y que sin embargo hoy contempla poco menos de 1.400. Esto no es menor, porque constata el fiasco de una política casi idéntica. El “congelamiento” se plantea dentro de los mismos límites, aquellos que las patronales supieron burlar para retacear el stock de productos contemplados por el programa, cambiarles las etiquetas o directamente para seguirlos aumentando. De hecho, de los bienes abarcados por Precios Máximos el 48% están discontinuados y el 13% no llegan a todo el país (La Voz del Interior, 23/10). ¿Por qué esta vez funcionaría un “congelamiento” atado de pies y de manos en absolutamente todos los mismos puntos que cuatro programas que ya fracasaron?

Hay que añadir que el problema de la inflación no se reduce solamente a la formación de precios especulativa en la cadena que recorre de los campos a las góndolas. Pero en este cuadro los capitalistas se ponen en guardia aprovechando a un gobierno golpeado, para arrancarle así puntos centrales de su agenda, como el avance de la reforma laboral o el otorgamiento de mayores concesiones fiscales e impositivas.

La caída del ingreso de la población trabajadora tiene una solución directa, pero es precisamente la que ni el gobierno nacional ni la oposición patronal quieren llevar adelante: un aumento de emergencia de los salarios y las jubilaciones. Hablamos del mismo gobierno que festejó entre bombos y platillos una “elevación” del salario mínimo para marzo que lo llevaría a ¡$33.000!. Mientras, en septiembre la línea de indigencia se ubicó ya por encima de los $30.000. La perpetuación de los salarios de hambre es el principal problema frente a la inflación; lo que corresponde es un salario mínimo que parta de $100.000, es decir, que cubra el costo de la canasta familiar. Pero hablamos, nuevamente, de un gobierno que respeta de manera irrestricta la agenda de las patronales.

A esto se le suma, claro, su compromiso a mantener bajo llave el secreto comercial de los grandes monopolios alimenticios y de productos del hogar, que patalean sin demostrar sus márgenes de ganancia reales. Por eso desde el Frente de Izquierda – Unidad hacemos un planteo muy claro frente al problema de la inflación: hay que recomponer salarios y jubilaciones con un piso de $100.000, y abrir los libros de todos los pulpos que intervienen en la cadena al control popular.

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