Políticas
25/6/2026
El Congreso aprobó el Súper Rigi mientras dilata la agonía de Adorni
Frente a esta nueva ofensiva de los monopolios y la protección de los corruptos, la respuesta está en la organización y la lucha de los trabajadores.
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El Súper Rigi fue aprobado con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos proyectos de alto valor político para el gobierno de Javier Milei: el acuerdo para pagar USD 171 millones a los fondos buitre Bainbridge y Attestor, y el denominado "Súper Rigi", una profundización del régimen de privilegios para grandes inversiones aprobado con la Ley Bases. La sesión en la Cámara Baja se desarrolló en medio de las maniobras políticas desplegadas tanto en Diputados como en el Senado para proteger al enclenque jefe de Gabinete de Milei, Manuel Adorni. El martes, en la sesión especial impulsada por distintos bloques, entre ellos el Frente de Izquierda-Unidad, para tratar la interpelación y eventual moción de censura contra Adorni, la falta de quórum expuso la complicidad de los bloques "dialoguistas" con el gobierno. En las expresiones en minoría, Néstor Pitrola, diputado del Partido Obrero (Frente de Izquierda Unidad), denunció que "Adorni mintió, robó y lo sostienen para garantizar su impunidad", señaló que quienes no dieron quórum son cómplices del encubrimiento y reclamó avanzar no solo contra el jefe de Gabinete sino también con el juicio político a Javier Milei.
En efecto, los mismos bloques que se negaron a dar quórum para avanzar con la interpelación y la moción de censura contra Manuel Adorni (PRO, UCR, Innovación Federal y otros aliados del gobierno) estuvieron presentes al día siguiente para garantizar el tratamiento de dos proyectos reclamados por el capital financiero y los pulpos extractivistas. La justificación del PRO la expresó Cristian Ritondo, quien intentó escudarse en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocada para el 30 de junio, donde se discutirán los proyectos vinculados a Adorni, para no participar así de lo que calificó como un "show mediático", es decir, la sesión especial del miércoles 24. En los hechos, se trató de una maniobra para bloquear cualquier pronunciamiento inmediato de la Cámara contra Adorni. "Nadie te pide tanto, Cristian", dijo Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, bloque político que también ha maniobrado para obstaculizar una ofensiva política decisiva contra el debilitado Adorni.
En la sesión de este miércoles, la Cámara también aprobó una serie de tratados internacionales y acuerdos bilaterales en una sesión que tuvo como eje central la agenda económica del gobierno. Pero el debate político estuvo dominado por el pago a los fondos buitre y por el nuevo régimen promocional para grandes inversiones. En ambos casos, el Frente de Izquierda denunció que se trata de nuevas expresiones de una misma orientación: garantizar negocios extraordinarios para los acreedores y los monopolios mientras se profundiza el ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y servicios públicos.
Un nuevo pago a los fondos buitre
Durante el debate del acuerdo con Bainbridge y Attestor, que fue aprobado con 139 votos a favor y 97 en contra, Romina Del Plá, también diputada del PO, denunció: "Lamentablemente una vez más estamos discutiendo un capítulo nuevo de esta saga tremenda que se llama deuda pública de la República Argentina. Ya conocemos de qué se trata: se van a pagar 171 millones de dólares a dos fondos buitres que tienen unos papelitos que el Estado y el gobierno de Milei les está reconociendo como válidos. Esto es notable porque no se les pagan las deudas previsionales por mala liquidación de las jubilaciones a nuestros jubilados y adultos mayores", señaló.
Del Plá explicó que los fondos buitre "compran papeles de deuda desvalorizados para después, mediante juicios sostenidos por un aparato judicial y financiero que les responde, obtener ganancias extraordinarias" y contrastó esos pagos con la situación social: "Para la enorme mayoría de la población que recibe jubilaciones de hambre, para las universidades sometidas al ajuste, para la salud pública demolida y para las familias endeudadas porque los salarios no alcanzan, 171 millones de dólares es una fortuna incalculable".
La diputada remarcó que el problema de fondo es el reconocimiento permanente de una deuda ilegítima. "Desde la deuda incorporada al Estado durante la dictadura hasta la deuda fraudulenta que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional y que luego el gobierno de Alberto Fernández reconoció en lugar de desconocer. Hay un régimen político que le da al reconocimiento y al pago de estas deudas un estatus que permite que estos negocios sigan existiendo", sostuvo.
El Súper Rigi y el régimen de enclave
La otra gran discusión fue la del denominado "Súper Rigi", que amplía los beneficios otorgados por el régimen aprobado con la Ley Bases. El proyecto, aprobado con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, recibió apoyo de los bloques oficialistas y aliados provinciales.
En este caso, Néstor Pitrola, denunció que el régimen anterior fue un fracaso y que el nuevo proyecto busca profundizarlo.
"Lo primero a señalar es que el Rigi ha sido un fracaso. Entonces vienen por esta versión agravada. Y hay una trampa porque se dice que es para nuevas actividades, biotecnología, inteligencia artificial y demás, pero aparecen los Vehículos de Proyecto Único, los VPU, que permitirán que entren empresas petroleras, gasíferas, mineras y otros monopolios internacionales para seguir el festival extractivista que tenemos en el país", afirmó.
Pitrola señaló además que la adhesión provincial constituye una verdadera extorsión. "La provincia que no adhiere pierde la inversión y se establece una competencia a la baja entre jurisdicciones. Es una barbaridad", sostuvo.
El diputado del Partido Obrero denunció que el proyecto convierte al país en una gigantesca zona franca para los monopolios. "15% de Impuesto a las Ganancias mientras al resto se le cobra 35%, ningún derecho de exportación ni de importación y, como no podía faltar, la rebaja a la mitad de los aportes patronales destinados a la seguridad social. Otra vez se desfinancia a los jubilados".
También cuestionó el régimen cambiario que habilita el proyecto. "Mientras todos reconocen que faltan dólares por la fuga de capitales y el negociado de la deuda, esta ley permite que progresivamente se lleven las divisas sin pasar por el Banco Central. Es transformar a la Argentina en un enclave. Es un pacto completamente colonial que se le ofrece al capital internacional", denunció.
El contraste: ajuste, corrupción y persecución
Mientras el Congreso avanzaba con estas leyes de coloniaje explícito, Romina Del Plá denunció el derrumbe de las prestaciones del Pami y el deterioro de los ferrocarriles.
La diputada señaló que "hace días que están suspendidas las principales prestaciones del Pami porque no hay a dónde dirigirse. Como el Pami no paga a los médicos de cabecera ni a los prestadores, se han suspendido la enorme mayoría de las prestaciones". También denunció que los trabajadores del organismo intentan sostener la atención mientras los funcionarios responsables continúan protegidos.
Al mismo tiempo, vinculó el ajuste sobre los servicios públicos con los privilegios otorgados a las grandes empresas. "Se vacía y se ajusta sobre aquellos rubros que la población tiene que utilizar todos los días y se otorgan enormes beneficios a los fondos buitres y a las empresas amigas del poder", sostuvo.
La sesión estuvo atravesada por otro contraste señalado por el Frente de Izquierda: la impunidad para los funcionarios cuestionados y la persecución contra quienes luchan. Tanto Del Plá como Pitrola denunciaron que mientras Adorni continúa blindado políticamente, avanzan causas judiciales contra trabajadores de Fate, dirigentes piqueteros y mujeres que sostienen comedores populares.
En ese marco, Pitrola recordó que el próximo 26 de junio se cumplen 24 años de la masacre del Puente Pueyrredón y el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y vinculó aquella política represiva con la criminalización actual de las organizaciones piqueteras. Recordó que 18 dirigentes piqueteros del Polo Obrero, entre ellos Eduardo Belliboni, fueron elevados a juicio por movilizarse el 20 de diciembre de 2023, apenas diez días después de la asunción de Milei, desafiando el protocolo represivo de Patricia Bullrich.
"Han enviado al banquillo de los acusados a quienes luchan y han luchado estos 24 años contra el hambre en la Argentina. Adorni no tiene indagatoria y, sin embargo, están indagadas mamás que pusieron en pie comedores populares para mitigar el hambre y fueron indagados 24 obreros de Fate por defender sus puestos de trabajo. Esa es la justicia que tenemos: la justicia del hambre, la justicia de clase y la justicia de la impunidad para quienes le roban al país y al pueblo trabajador", denunció el diputado del Partido Obrero.
Del Congreso de los monopolios a la lucha de los trabajadores
La aprobación del Súper Rigi y del pago a los fondos buitre volvió a poner de manifiesto la orientación de fondo del régimen político. Los mismos bloques que se movilizan para proteger a funcionarios cuestionados por corrupción garantizan el quórum y los votos para profundizar una política de subordinación al capital financiero y a los monopolios internacionales. El Súper Rigi pretende blindar durante treinta años proyectos vinculados a la minería, la energía, la infraestructura digital y el procesamiento de recursos estratégicos, profundizando una orientación que ya enfrentó una importante resistencia popular, desde el Argentinazo de Esquel contra la megaminería hasta las puebladas de Mendoza, Chubut y Jujuy y las luchas contra el fracking, la contaminación y el saqueo de los bienes comunes.
Frente a esta ofensiva, el Frente de Izquierda, que crece en la consideración de amplios sectores populares, volvió a jugar un rol opositor implacable, además de plantear una salida opuesta: el desconocimiento soberano de la deuda pública y una investigación independiente, el rechazo al Súper Rigi y la defensa de los recursos estratégicos y los bienes comunes bajo control de los trabajadores y las comunidades, para poner la riqueza social al servicio de las necesidades populares y no de la rentabilidad de un puñado de capitalistas.
