Políticas
23/1/2026
El consumo vuelve a tocar fondo con familias endeudadas hasta el cuello
El ajuste se siente en los bolsillos y cada vez se compra menos y se debe más.
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Cae el consumo.
El consumo de bienes sigue en retroceso, con una caída interanual en noviembre del 2,8 en las compras en supermercados, que incluso siquiera sirvió para detener la inflación que cerró el 2025 con una tendencia alcista, por encima de los dos puntos mensuales. Estamos ante una consecuencia de las políticas de ajuste de Javier Milei y de un modelo económico en favor del capital financiero e internacional, con suspensiones, despidos y ataque a los salarios.
La caída interanual del consumo de noviembre es aún peor si consideramos que el punto de comparación, de finales del 2024, implicó también un derrumbe en el consumo, acicateado por la crisis económica y el impacto de los cientos de miles de despidos y las negociaciones salariales a la baja.
El caso de los autoservicios mayoristas es aún más grave, con una caída interanual del 8,3%, lo que da cuenta del desplome de los negocios más pequeños, como almacenes barriales que se aprovisionan de estos, mostrando un impacto desigual, donde los menos perjudicados son las grandes cadenas de supermercados que, por su situación financiera y capital, pueden ofrecer ofertas y facilidades al consumidor.
Además, se trata de una tendencia a la caída del consumo que viene creciendo desde el mes de abril y que ahora en noviembre vulneró el piso del 2024, año en que el consumo cayó 11 puntos porcentuales, mostrando que el gobierno no solo no logra salir del pozo al que somete a la población argentina, sino que nos hunde más y más.
Esta situación también viene impactando en el empleo del sector, con un desplome interanual del 7,7% en el personal ocupado en autoservicios y del 0,8% para el caso de los trabajadores de supermercados.
Entre las principales razones de este desplome se encuentra el endeudamiento y la morosidad de las familias trabajadoras, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones e ingresos populares, y las reiteradas subas en los servicios de consumo masivo, que impactan de lleno en los bolsillos de las familias obreras.
Según datos del Banco Central, cerca del 8% de los créditos personales y las tarjetas de crédito tienen atrasos en los pagos, más que duplicando los números de la pandemia cuando la situación económica empeoró para el conjunto de la población. También se registraron aumentos en el uso de las tarjetas de crédito, por sobre el débito y el pago en efectivo, incluyendo el caso del uso para compras rutinarias.
Los casos de morosidad crecen para el caso de los proveedores no financieros de crédito, llegando al 18% en manos de las fintechs de fácil acceso para la población, que ofrecen tasas de interés mucho más costosas e impagables.
Se calcula que la tasa de intereses para préstamos se encuentra en el 71% -con una inflación que cerró el 2025 en 31,5%- y la que aplican las tarjetas de crédito en 96% que, sumados otros recargos, asciende hasta 120%, volviéndose inaccesible e imposible de cubrir para los trabajadores con salarios estancados y pisados por el gobierno.
En este cuadro, un diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, presentó un proyecto de ley en el Congreso para que la Anses otorgue préstamos de hasta $1.500.000 a jubilados y monotributistas, para que estos paguen sus deudas con nueva deuda: algo así como lo que hace el gobierno con el FMI y los banqueros internacionales.
Esto no implica ninguna salida real para los trabajadores, quienes no solo tienen que contraer nueva deuda sino que además deben seguir adquiriendo bienes y servicios que no pueden pagar por el ajuste sistemático aplicado por los distintos gobiernos capitalistas, como ocurre con los jubilados con haberes de indigencia.
La salida a esta situación demanda de una recomposición general de los salarios, con la canasta familiar como piso, y jubilaciones que cubran la Canasta del Jubilado y apliquen el 82% móvil real para no perder contra la inflación, terminado, a su vez, con el fraude laboral y el encuadre como monotributistas de trabajadores en relación de dependencia, que deben ser reconocidos en sus respectivos convenios, con todos los derechos laborales.
