El gobierno de Alberto Fernández viene negociando con el gobierno chino de Xi Jinping, a través de la Cancillería que conduce Felipe Solá, un convenio comercial que apunta a duplicar la producción de carne porcina en Argentina en cuatro años, cuyo destino será la exportación hacia el país asiático. Este acuerdo, cuya firma se prevé para noviembre de este año, es presentado por el gobierno como un pilar para la “recuperación económica de la pospandemia”, pero sin embargo solo reforzará la primarización de la economía nacional asumiendo grandes riesgos ambientales y sanitarios.

El memorándum está inspirado en la necesidad de China de saldar su déficit en la producción de cerdos, que se redujo a más de la mitad en los últimos años a causa de la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad altamente mortal para el animal, muy contagiosa y sin cura, a partir de la cual uno de cada tres cerdos tuvieron que ser sacrificados (Página 12, 31/7), lo que equivale a más 200 millones de animales. La PPA se extendió muy rápidamente por el noreste de China, dado que allí se encuentran instaladas las grandes granjas industriales de producción de carne porcina, pertenecientes a grupos concentrados como el WH Group (que cuenta con capitales radicados también en Estados Unidos, Polonia y Rumania) entre otras corporaciones. Las tratativas para sellar el acuerdo bilateral coinciden también las suspensión de China de las importaciones provenientes de dos plantas procesadoras de carne de cerdo de Brasil, controladas por las firmas JBS y BRF, a causa de la gran cantidad de contagios de Covid-19 detectados entre los trabajadores de dichas plantas (Noticias Agropecuarias, 8/7).

Un artículo publicado en el sitio Grain.org muestra cómo este tipo de producción a gran escala, que se caracteriza por el hacinamiento de animales en establos pequeños, actuó como un catalizador de la pandemia de PPA, ya que el mismo brote producido en 2007 en Georgia (al este de Europa) donde se lleva a cabo una producción de tipo extensiva del ganado porcino a través de pequeños productores, los contagios pudieron ser controlados en solo un año. En ese sentido, afirma “la velocidad y escala de la construcción orquestada de granjas industriales de cerdos, molinos procesadores de piensos para animales y plantas de procesamiento de carne, en el noreste de China, no ha estado aparejada con el desarrollo de la capacidad para manejar la contaminación y los riesgos de brotes de enfermedades que esto genera. Una vez que la PPA penetró en este barril de pólvora viral, explotó como una bomba”. Es importante detenernos en este aspecto, porque se pretende profundizar en Argentina el modelo productivo que fracasó en China y llevó a la quiebra a alrededor de 40 millones de pequeños productores chinos, que no tuvieron suficiente espalda para hacer frente a la ola de contagios.

Es decir que el riesgo sanitario y ambiental que acarrea este acuerdo es enorme. Los cerdos tienen una particularidad que hace que la propagación de contagios de cepas virales sea potencialmente mayor, y por lo tanto se vuelve más riesgoso su hacinamiento en corrales reducidos propios de las granjas industriales. Estos animales son propensos a infectarse con el Virus Influenza A (gripe), incluso de cepas provenientes de distintos orígenes, y tienen la capacidad de dar lugar a nuevas variantes virales en su interior que pueden infectar al ser humano; tal como ocurrió con la pandemia de gripe H1N1 en 2009/10. Es por esta razón que se utiliza una gran cantidad de antibióticos y antivirales en la producción de carne porcina, lo que explica el interés que tiene el laboratorio de biogénesis Bagó en que se concrete este negociado. Por otro lado, la instalación de alrededor de 25 granjas industriales generará un salto en la contaminación del aire, el suelo y el agua partir del incremento de desechos del ganado porcino. Por cada kilo de carne de cerdo se consumen 6.000 litros de agua.

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La demagogia oficial pretende presentar este acuerdo como una fuente de puestos de trabajo. Todas las formas de producción que abonan a una catástrofe ambiental, desde la minería a cielo abierto, pasando por el fracking, hasta la aprobación de la transgenia y los agrotóxicos, son introducidas con el aval de los gobiernos bajo la promesa de generar empleo y beneficios económicos para las regiones, y sin embargo terminan siendo usinas de precarización laboral y mayor miseria social, además de destruir valiosos recursos como el agua.

También son falsas las declaraciones de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires, que sostuvo que el acuerdo comercial con China va a colaborar en la reducción del hambre en Argentina, cuando en realidad se trata de un aumento de la producción de cerdos destinada a la exportación. Esta política lleva a una mayor extranjerización de las fuerzas productivas del país, lo que se opone por el vértice a la supuesta “soberanía alimentaria” que decía pregonar el gobierno antes de recular en la intervención a Vicentin. De hecho, como veremos a continuación, es justamente el menor costo de producción el que induce a China a una relocalización de las granjas industriales en Argentina.

WH Group, la productora de cerdos más grande del mundo, incrementó sus ganancias a raíz de la Peste Porcina Africana -llegando a obtener en 2019 la friolera 1.400 millones de dólares en concepto de utilidades (AnRed, 20/4)-, debido a que importa los cerdos de sus filiales radicadas en otros países y los vende en China a un precio en ascenso, a causa de que carecen de competencia tras las quiebras de los pequeños productores fruto de la propia peste. El precio de la carne de cerdo en China superó los 3 dólares por libra, duplicando el precio de la importada de Estados Unidos (Expansión, 22/1). En Argentina el costo de producción local ronda los 80 centavos de dólar el kilo, mientras que en China alcanza los 2 dólares (Aire Digital, 25/7). Conclusión, los principales beneficiados con este acuerdo serían los grandes capitales chinos, responsables de haber generado las condiciones para que ocurra una expansión sin precedentes de la PPA que azota a diez países de Asia, ya que además tercerizarían en Argentina los riesgos zoonóticos relacionados con esta matriz productiva en perjuicio de amplias capas de la población.

El argumento del gobierno de que este memorándum le daría un “valor agregado” a las exportaciones argentinas, porque pasaríamos de vender granos de soja para alimentar los cerdos que producía China a exportar la carne, busca encubrir que lo que se está tramitando es la instalación de enclaves de las grandes corporaciones de carne porcina chinas, algo que agravará la primarización de la economía nacional en función de los negocios de las casas matrices del país asiático.

Jorge Neme, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, argumentó que el acuerdo comercial en puertas traería aparejado una “desojización” del país, ya que aumentaría el cultivo de maíz para abastecer la demanda de alimentos en estas granjas industriales (Infobae, 27/7).  Sin embargo, el cultivo de maíz se lleva adelante en la actualidad a partir de semillas transgénicas ligadas al uso de glifosato, por lo que habría que sumarlo a la lista del impacto ambiental y sanitario proveniente de producción de carne porcina (residuos, pestes). Lo mismo puede decirse de la expansión de la frontera agrícola y el consecuente avance en los desmontes (en Argentina se pierden en la actualidad 200 hectáreas de bosques por día), además de la tendencia a la expulsión de comunidades originarias de sus territorios. En resumen, con el acuerdo con China también salen ganando los Monsanto-Bayer y los grandes pulpos agropecuarios, a costa de las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Por todo esto, si se lograra frenar este convenio con el gobierno chino sería importante triunfo para la clase obrera, contra la tendencia del capital en su etapa de decadencia de profundizar el saqueo de los recursos naturales de los países oprimidos en función de intentar recomponer su tasa de ganancia. En Argentina existe una enorme tradición de lucha popular contra proyectos que implican una depredación ambiental, y que en algunas ocasiones ha triunfado. Es el caso de las puebladas en Chubut que han podido frenar el avance de la minería metalífera, o más recientemente la derogación de la “Ley Cianuro” en Mendoza tras una rebelión en toda la provincia.

Son peleas fundamentales contra el saqueo de los recursos del país por parte de pulpos del capital imperialista, y desde el Partido Obrero hemos acompañado cada una de ellas. La lucha contra la depredación cobra otro carácter, pero mantiene su vigencia, en los emprendimientos que ya están en marcha y que generan un daño ambiental y social devastador, como son los casos de la minera La Alumbrera en Catamarca o de la Barrick Gold en San Juan. En eso casos es crucial la formación de comités obrero-científicos con derecho a veto sobre la producción, para frenar la contaminación criminal pero poniendo por delante la defensa de los puestos de trabajo ya existentes.

El acuerdo comercial con el China para instalar granjas industriales de cerdos destinados a la exportación debe ser leído en el marco del régimen económico que acarrea la renegociación de la deuda externa, porque la generación de divisas para pagarle a los bonistas y al FMI será a costa de las condiciones de vida de las mayorías populares y de un incremento en el saqueo de los recursos naturales. Es necesario abrir una fuerte deliberación en todo el movimiento popular para impulsar la lucha contra este convenio entreguista, que busca convertir a Argentina en el “chiquero del mundo”, primarizando aún más su economía. Le oponemos a ello la nacionalización del comercio exterior, como el único punto de partida para invertir la riqueza del país en un plan de desarrollo social y nacional, conducido por los trabajadores.

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