Políticas

25/10/1990|316

El costado fascista del menemismo

El presidente Menem firmó el decreto que liquida el derecho de huelga exactamente en el mismo momento en que por todo el país se extiende una gigantesca ola de rebelión popular contra el hambre y la miseria.

El decreto menemista es, sin embargo, una patética expresión de la debilidad gubernamental y de su impotencia frente al creciente movimiento de masas.

Es que el decreto otorga al Estado poderes represivos contra las huelgas, que el Estado ya posee en virtud de leyes y decretos de pasadas dictaduras y “democracias”: conciliación y arbitraje obligatorios, declaración de ilegalidad, quite de personería de los sindicatos. Además, el Estado cuenta con una burocracia adicta, sostenida por una antidemocrática y verticalista ley de asociaciones profesionales. Todo este dispositivo político-judicial no ha podido parar la oleada de huelgas estatales que se extiende por todos lados. ¿Podrá hacerlo el decreto de un gobierno que se hunde a la vista de todos y que ni siquiera tuvo la “fuerza” para hacerlo aprobar por un parlamento donde el partido oficialista es mayoría?

Un decreto fascista y provocador

El Estado afirma la pretensión de reglamentar el derecho de huelga exclusivamente en los “servicios esenciales”, pero define a estos con tal amplitud que abarca a todo el proceso de producción, distribución y comercio.

Menem declara “esencial" la explotación del trabajo ajeno por parte de los capitalistas, bajo la excusa del “servicio social”. Pero esta pretensión de convertir a los trabajadores en “servidores” de la sociedad, es decir de los capitalistas, es fascismo puro, pues significa instaurar el trabajo obligatorio, como lo pretendía la fallida reforma de la Constitución bonaerense. Resulta así que el gobierno “liberal” impone una legislación “fascista", poniendo en evidencia que en la época de agonía del capitalismo, la burguesía no puede emprender experiencias liberales.

Según el decreto, antes de declarar la huelga, los sindicatos deberán pasar por la conciliación obligatoria. Cinco días antes de su vencimiento, deberán comunicar por escrito las modalidades y duración de las medidas de fuerza. En ese lapso, el Ministerio de Trabajo determinará cuáles son los “servicios mínimos” que no podrán dejar de prestarse. Si no se cumplieran estos pasos, el Ministerio declarará la ilegalidad de las medidas.

Con esto, Menem pone en manos de las patronales un arma fenomenal de provocación, esto porque ningún despedido podrá ser defendido hasta cuarenta días después de su despido.

La liquidación del derecho de huelga es el complemento natural del derecho de policía del Estado, recientemente reconocido por la Corte Suprema, que consiste en la potestad que se le da de desconocer los convenios de los trabajadores estatales y anular todos los acuerdos salariales y en general todo acuerdo de partes, que contraríen, para el gobierno, la “emergencia económica". Esta suplantación del derecho, tanto público como privado, por la arbitrariedad administrativa de la burocracia estatal, también es de cuño fascista.

El decreto menemista no sólo es un arma contra el movimiento obrero y popular y el activismo sindical. La ilegalización de las huelgas significa, también, la ilegalización de los partidos que la inscriben en su programa como método de lucha sindical y político. El decreto abre el camino a la persecución penal contra la izquierda.

La huelga es un arma de defensa de los trabajadores contra la explotación capitalista, aunque también puede convertirse en un método de lucha de la revolución social. Educa en la lucha de clases y en la organización de clase. Quiere decir que es un derecho, un patrimonio y hasta una institución propia del proletariado, que ha surgido por una necesidad histórica y no puede ser abolido por decreto. A la pretensión del Estado de suprimir las huelgas debemos oponer la soberanía de las decisiones que la clase obrera toma colectivamente en sindicatos, fábricas, comités de lucha y asambleas populares. La derogación del derecho de huelga es un acto político de guerra civil contra los trabajadores, que debe ser aplastada por medio de la lucha.