A esta altura, un conjunto de testimonios de víctimas y observadores han dejado en claro que el 26 de junio hubo disparos de armas de fuego provenientes de tres fuerzas distintas de seguridad y, al menos, en dos o tres escenarios distintos. Las balas de plomo fueron disparadas por la Bonaerense, que abatió a Darío Santillán; por la Gendarmería, que con francotiradores dispuestos sobre el puente disparó sobre los piqueteros en una acción que habría cobrado la vida de Maximiliano Kosteki (informe del CAJ, 27/6, y de testigos de la Coordinadora Aníbal Verón-CTDAV); también por la Prefectura. En Puente Alsina los disparos correspondieron a esta última fuerza.

La Prefectura y la Gendarmería dependen del gobierno nacional. El pasado 26 de junio tuvo lugar el “primer operativo conjunto” del total de las fuerzas de seguridad, sumando a la Federal y la Bonaerense.

Este solo hecho basta para mostrar la existencia de un código y un mando único en la represión que se abatió sobre la movilización piquetera el 26 de junio. El intento de colocar al jefe del operativo y a tres policías más como únicos responsables de la operación criminal no resiste el menor análisis, desde el momento en que, por ejemplo, hubo al menos 14 heridos por disparos de fuego (dos de ellos en grave estado) a los que la “historia oficial” ni siquiera considera.

Se trató de una operación de Estado advertida con antelación (ver cable de Infosic del 18/6) y se otorgó absoluta impunidad a los efectivos que iban a participar de lo que más tarde Duhalde, en un desesperado intento por desasirse de la masacre, llamó “cacería atroz” de piqueteros. Impunidad que incluyó la absoluta complicidad de la “justicia” bonaerense con la masacre de Avellaneda, desde el momento que no hubo juez que quisiera actuar durante las primeras horas frente a los asesinatos, los heridos de bala, la virtual ocupación del Hospital Fiorito, el allanamiento de locales partidarios. Horas que fueron decisivas para que las fuerzas de seguridad y los servicios eliminaran pruebas.

“Según reconocen en los Tribunales de Lomas de Zamora, queda un vacío en la investigación. Ocurre que entre el mediodía y las 15 del miércoles (26 de junio), hubo indefinición en la competencia judicial del caso.Primero actuó el juez federal platense, Humberto Blanco. Recién a la tarde se decidió la participación de la justicia provincial. En el medio, la Municipalidad de Avellaneda limpió la estación. Dijeron fuentes del caso a este diario: ‘Se perdieron pruebas fundamentales por esa impericia’” (Clarín, 29/6, destacado del diario). La Justicia secuestró las armas de los 120 policías que actuaron en el operativo del puente.

Jueces, policías, gendarmes…

Sin este cerco de impunidad, no se puede explicar que los efectivos hayan actuado con armas de fuego propias de la fuerza y no hayan recurrido a las clandestinas que usan en las faenas de “gatillo fácil”; que hayan asaltado el local del PC (IU) en Avellaneda como en tiempos de la dictadura; que hayan convertido al Hospital Fiorito en un virtual campo de concentración, y finalmente, que hicieran desaparecer pruebas de los crímenes (las ropas de las víctimas) frente a los ojos de más de un testigo.

La masacre del 26 de junio fue una operación de Estado preparada y anunciada con el establecimiento previo de “zonas liberadas” a escala del conjunto del Estado.

Todo el intento de hacer aparecer al oficial que habría disparado a Santillán como un exaltado que actuó en soledad se desmorona con los nuevos testimonios sobre la acción criminal de la Gendarmería y la Prefectura. Aun sin estas revelaciones, el policía Franchiotti no era un desavisado sino un integrante de la línea de mando de la Bonaerense, y uno de los oficiales premiados por su conducta en el asalto al cuartel de La Tablada, en el ‘89. No es cierto que “la Policía bonaerense se columpió entre la falta de profesionalismo (dejarse cercar por los piqueteros) y el crimen”, como plantea el editorial de La Nación del último domingo (30/6); la instalación de sólo 150 efectivos en el puente fue parte de un operativo dispuesto para armar la provocación posterior.

A esta altura, todos los datos de este armado están saliendo a luz. Los comerciantes de Avellaneda que sufrieron los destrozos declararon que jamás cerraban sus negocios porque las marchas piqueteras no atacaban sus instalaciones; más precisamente, los piqueteros “son pacíficos pero el miércoles hubo otro grupo más decidido, más pesado” (El Día, 28/6). En el diario La Nación (30/6) se puede apreciar en una fotografía que un “servicio” disfrazado de militante del MTD castiga a Santillán antes de su asesinato y otro porta una Itaka. “Había (gente) con pelo corto que no parecían piqueteros. Uno de sobretodo largo tenía una Itaka. Los que pararon el colectivo (de cuyo incendio se acusó a los piqueteros) eran de este estilo”, señaló un testigo del MTR (Clarín, 28/6). Varios testimonios aluden a la llegada de un colectivo con personas que no provenían de ninguna de las organizaciones piqueteras y que se infiltraron rápidamente entre las columnas (Crónica, 28/6).

La conspiración

Las huellas de esta operación de Estado se pueden encontrar fácilmente.

El 26 de mayo, en la cena reservada entre Duhalde y los gobernadores que coronó la firma de los 14 puntos de “acuerdo” con el FMI, se resolvió, como punto clave, “un giro en la política de seguridad”, lo que incluyó la decisión de involucrar a otras fuerzas en las tareas de represión. La decisión era reforzar la represión ante el temor de que a las movilizaciones existentes “se sumen los eventuales coletazos del ajuste que reclama el FMI” (Clarín, 28/5).

El 19 de junio, es decir antes de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Villa Domínico (Avellaneda) a la que se le endilga un plan “insurreccional”, se realiza una reunión en la que participan el jefe de Gabinete, el secretario de Seguridad (Alvarez), los jefes de Prefectura, Gendarmería y la Federal. “A la convocatoria también acudieron el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, el jefe de los fiscales, Nicolás Becerra, y el fiscal de cámara Norberto Quantín, con quienes el gobierno apunta a coordinar las acciones en caso de tener que ordenar desalojos por la fuerza” (Clarín, 19/6). Allí se resuelve el despliegue en masa de las fuerzas de seguridad y Alvarez, el hombre saludado como “progre” y representante del ala “democrática” dentro del gobierno, anuncia que el corte de los puentes será tomado como “una acción bélica”, lo que supone un plan para contrarrestarlo que no se da a conocer (ídem). Ese mismo día, Solá, otro supuesto exponente de la “democracia” dentro del gobierno, se reúne con Duhalde resolviendo la acción conjunta de las cuatro fuerzas de seguridad en las tareas represivas.

El jueves 27 de junio, después de los asesinatos pero antes de la crisis política que estalla con las revelaciones del periodismo, el gobierno hace una presentación ante la Procuración General de la Nación declarando que los sucesos provocados por la convocatoria de la Asamblea Nacional de Trabajadores (BPN, Mijd, CTDAV) “parten de la alteración del orden público, continúan con la pérdida de vidas humanas, graves destrozos materiales y amenazan –incluso– con el derrocamiento de los poderes constituidos” . El texto tiene la firma de Vanossi, ministro de Justicia, el mismo que participó de la reunión del 19 de junio. En la presentación se plantea la comisión de delitos planteados en el Código Penal y la Ley de Defensa de la Democracia y es, en su medida, una copia de la acusación del juez Cornejo sobre sedición y asociación ilícita a los piqueteros del norte de Salta. El juez Cornejo es hombre del gobernador Romero, pieza clave de la banca internacional y protagonista del reclamo de “mano dura” contra las organizaciones piqueteras y populares.

El peso del 19 y 20 de diciembre

No se ha dicho que el “deschave” de los asesinatos y la derrota de la conspiración armada desde el Estado es una prueba irrefutable de la vigencia de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. No fue sólo la acción de uno o dos fotógrafos decididos a jugarse contra la provocación antipopular, fueron decenas y decenas de testimonios y voces de repudio que terminaron confluyendo en la inmensa movilización de 50.000 manifestantes en la Plaza de Mayo, con el inmenso protagonismo de las Asambleas Populares. Así como la clase media repudió el estado de sitio de De la Rúa en diciembre y enfrentó la conspiración del Estado que quería separarlas de los piqueteros en nombre de los “saqueos” orquestados en el GBA, ahora dio paso a un torrente popular de unión con las organizaciones de lucha de la clase obrera que salió a enfrentar la represión asesina organizada en la Casa Rosada y abrió una nueva fase de la crisis política.

Algo de esto se ve obligado a reconocer el editorialista de La Nación: “La calle se está moviendo de nuevo… Desde hace quince días distintos sectores de la sociedad han vuelto a juntar multitudes significativas, que van desde la marcha que convocó el humorista Nito Artaza, hasta las tres últimas manifestaciones piqueteras” (30/6).

En 48 horas el gobierno ha pasado de la teoría del complot a la de la brutalidad de algunos personajes bestiales, donde todo el esfuerzo está puesto en tapar las huellas de la conspiración encabezada por el propio Duhalde.

Honor a todos los caídos en la lucha popular.

Juicio y castigo. Libertad a los presos. Desprocesamiento al conjunto de luchadores. Fuera Duhalde y el FMI. Por un nuevo Argentinazo.