Jorge Rafael Videla y otros ocho represores fueron condenados por la apropiación sistemática de niños bajo la dictadura. Videla recibió la pena más alta -50 años de prisión. El resto de las condenas resultaron más bajas que lo solicitado por las querellas y por la fiscalía. Los marinos Antonio Vañek y Jorge “Tigre” Acosta fueron condenados a 40 y a 30 años de prisión, respectivamente. Santiago Riveros -responsable del campo de torturas instalado en Campo de Mayo- fue condenado a 20 años por sólo dos casos. Reynaldo Bignone recibió una condena de apenas 15 años, a pesar de que la fiscalía había solicitado 50. Los autores directos de las apropiaciones recibieron las penas más bajas: catorce años para Juan Azic; diez, para Jorge Magnacco, y cinco para Susana Colombo. Rubén Franco -ex jefe de la Armada y miembro de la última Junta Militar- y el ex agente de inteligencia Eduardo Ruffo fueron absueltos. Los fundamentos del fallo recién se darán a conocer el 17 de setiembre.

Es la primera vez que un tribunal da por probada la “práctica sistemática” de apropiación de hijos de desaparecidos. El “juicio a las juntas” del alfonsinismo había descartado que se tratara de un plan, y consideró que se trataba de “casos aislados”. En aquel entonces, Videla fue absuelto por cinco de los seis casos que llegaron a juicio.

Se estima que medio millar de chicos fueron sustraídos por los represores, privados de su identidad y entregados a otras familias. De ellos, fue recuperado un centenar, gracias al esfuerzo de los organismos de derechos humanos. El resto permanece secuestrado.

En este juicio fueron juzgados tan sólo 35 casos; entre ellos, 20 que fueron recuperados por sus familias biológicas. Sólo un padre y una madre -entre los casos que se ventilaron durante el juicio- sobrevivieron a la represión. La causa había sido iniciada por Abuelas de Plaza de Mayo, bajo el menemismo; hace exactamente 16 años.

A pesar de reconocer que se trató de un “plan”, el monto de las condenas resulta de los casos individuales que la Justicia dio por probados, ya que el código penal tipifica la apropiación ilegal de niños, pero no su práctica sistemática. Las penas -que incluso resultan mezquinas- llegan después de tres décadas de impunidad. Actualmente, Videla tiene 87 años.