El cura Julio César Grassi fue condenado a dos años de prisión en suspenso, por malversación de fondos públicos que debían ir a la Fundación “Felices los Niños” y que desvió para pagar el alquiler de una enorme casaquinta de 7.200 m2, donde se refugió en el año 2002, luego de que lo condenaran por abuso sexual a menores y se le prohibiera convivir con los niños del hogar que regenteaba. Esta casaquinta, en la que el poder judicial le autorizó a vivir, quedaba frente al predio de la fundación en la que tenía prohibido entrar.

Este fallo demuestra el uso discrecional de los fondos estatales asignados a la Fundación en beneficio de Grassi, quien tiene en su haber otra denuncia de 2014, esta vez por desvío de bienes y alimentos desde la Fundación “Felices los Niños” a la cárcel en Campana, donde cumple una condena de quince años de prisión por pedofilia.

La demanda ha denunciado que Grassi presiona desde el penal a la Corte Suprema, que debe fallar respecto a la elevación de su pena de 15 a 37 años, por la ampliación de la causa luego de que se incorporaron dos nuevos testimonios de víctimas. Grassi envió a los jueces de la Corte los dos tomos, de más de mil páginas, del libro elaborado en su defensa a pedido de Bergoglio por el abogado penalista Sancinetti.

El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, explicó que la resolución que debe dar la Corte Suprema es muy sencilla, ya que está probado de manera contundente el abuso de los menores y que no existen causas jurídicas que justifiquen el retraso que lleva la misma.

Gallego ha denunciado que las principales presiones vienen directamente del Vaticano. Cuando en junio de este año el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti visitó a Francisco, una de las víctimas de Grassi, “Gabriel”, hizo pública una carta al magistrado pidiéndole que no lo libere. Sobre la causa deben decidir también Rosenkrantz y Rosatti, los jueces confirmados por el Senado, de fuertes vínculos con el clero.

Grassi recién fue detenido recién en 2013, cuando se ratificó su sentencia. Hasta ese día quedó protegido bajo el “derecho” canónico, sustraído de la justicia que le cabe al resto de los mortales.

El tema de su libertad es parte de las negociaciones entre el Poder Judicial, gobierno y el clero, enlazados frente a la crisis social bajo el planteo común de asegurar la "gobernabilidad" y hacer pasar el ajuste contra los trabajadores.

 

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