En un debate altamente revelador, la Legislatura de la Ciudad aprobó una “Ley de protección de los derechos de la salud”, redactada en un “consenso” entre la UCR, el Frepaso, los aliados “independientes” de Ibarra en la Ciudad *como el ucedeísta Crespo Campos* e Izquierda Unida. La ley aprobada extiende el horario de funcionamiento de los hospitales hasta las 20 horas, sin asegurar ni los recursos ni el personal necesario para ello. Es decir que sólo podría cumplirse la extensión horaria flexibilizando a los trabajadores de la salud. El proyecto plantea también “fraccionar y producir genéricos”, pero no habilita esa posibilidad para aquellos medicamentos que estén protegidos por la actual legislación de patentes. Por lo tanto, la “facultad de producir” queda reducida a los medicamentos registrados con anterioridad a 1995. Pero para ellos, el proyecto no dice de qué modo habrán de producirse, si se tiene en cuenta que los laboratorios estatales están desmantelados, sin posibilidades de elaborar o de controlar la bioseguridad de estas producciones.

El proyecto “consensuado” ignora por completo toda la producción de medicamentos en manos de los monopolios farmacéuticos privados. No plantea retrotraer sus precios luego de los “aumentazos” de febrero y marzo, ni tampoco abrir los libros de estos pulpos para conocer sus verdaderos costos y super ganancias. En oposición a este “consenso”, el proyecto del PO plantea un programa integral de reorganización del sistema de salud, ampliando la atención hospitalaria sobre la base de incorporar profesionales y técnicos; produciendo medicamentos sin reconocer el límite de la legislación reaccionaria de patentes, y terminando con la exacción de los monopolios privados.

El debate de la sesión legislativa enfrentó dos concepciones estratégicas, no ya solamente sobre la salud, sino respecto de la crisis del régimen en un plano más general. Aunque el proyecto de mayoría fue inicialmente expuesto por los diputados de los bloques principales (Alianza, PJ), fue la intervención de Vilma Ripoll la que encarnó, del modo más resuelto, la visión del proyecto de la mayoría. Se trata de un hecho que traduce el presente cuadro político, donde los planteos flexibilizadores o privatistas sólo pueden presentarse ante la población con portavoces “de izquierda”. Pero reveló, también, el papel de una izquierda que concurre al salvataje del régimen social y sus partidos. Por eso, fue Ripoll quien polemizó con el despacho de minoría redactado por el PO. “El diputado (Altamira) presenta un proyecto que, esencialmente, tiene características testimoniales para este momento”, señaló Ripoll. “Yo quiero que mañana mismo haya medicamentos gratis en los hospitales. Por ese motivo es que nos parece que, para tener una herramienta, para que las asambleas y los trabajadores puedan salir mañana a exigir, se necesita no una revolución sino una reforma”, afirmó. Clarísimo.

 

Se sancionó un fraude

El proyecto “consensuado” no es capaz de resolver, sin embargo, uno solo de los problemas de la presente crisis sanitaria, es decir que carece de tal capacidad de reformas. Lo cual es propio no del proyecto en sí, sino de un régimen social y políticamente quebrado, como el que “alberga” la presente crisis de salud. La intervención de Altamira destacó, precisamente, la completa unidad entre el derrumbe sanitario y aquella crisis general.

El proyecto de mayoría incorporó diferentes modificaciones en “particular”, pretendiendo “atender” a planteos del proyecto del PO. Se cumplió así un reclamo que le formuló Ripoll a Altamira, en el sentido de “incorporar puntos al proyecto de mayoría”, ello, como si se tratara de sumar disposiciones o enmiendas al margen de una concepción de conjunto. Por eso mismo, las enmiendas sólo disimulan defectuosamente el proyecto de mayoría.

Así, y ante el reclamo airado de los médicos municipales en el sentido de que la extensión horaria sin incorporación de personal conduciría a una sobrecarga laboral, el proyecto se modificó para “cubrir prioritariamente los cargos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios (con la extensión horaria) según la normativa vigente”. Naturalmente, si la extensión horaria no fuera contradictoria con las leyes laborales, no haría falta aclarar que “se cumplirá con la normativa vigente”. Una de dos: o la extensión del horario impide cumplir con las normas vigentes (horario de trabajo), o se cumple con las normas… y no hay extensión de servicios.