La semana pasada comenzó en la Cámara de Diputados el debate acerca de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para el régimen electoral nacional con una primera ronda de expositores que culminará este martes y que, de acuerdo al cronograma establecido entre el gobierno y la oposición, deberá dictaminar antes de que termine mayo.

El recorrido del tema en la cámara ilustra la crisis política: arrancó como una maniobra opositora convocando a una sesión especial que estaba destinada a fracasar por falta de quórum y para la cual no iban a contar con la presencia de los diputados del FIT-U, porque rechazamos de plano la maniobra. Sin embargo, el oficialismo decidió tirarle una soga y salvar ese hundimiento a partir de incluir el tema en la sesión de compromiso del 5 de mayo donde se votó el emplazamiento a comisiones para tratar la cuestión. El PO con Romina Del Plá votó el pase a comisión para habilitar el debate.

La dinámica de la crisis hizo que lo que comenzó siendo una mera maniobra se convierta en un tema de importancia en la agenda política y que lo que empezó como un acuerdo entre el gobierno y la oposición hoy sea un choque entre las coaliciones. Es que el rescate terminó siendo costoso para un oficialismo que cerró filas en contra de aplicación de la BUP, demostrando cuán arraigada está en el peronismo la política de aparatos que favorece el régimen actual.

Al mismo tiempo, es claro que quienes promueven esta modificación no lo hacen producto de una preocupación por la transparencia democrática ni mucho menos, sino en la búsqueda de infligirle una derrota a una coalición gobernante del Frente de Todos en franco retroceso. La hipocresía opositora queda expuesta al no poder explicar por qué no se aplicó la BUP en varias de las provincias donde gobierna Juntos por el Cambio.

Es más, los pisos proscriptivos y la arbitrariedad total del poder del gobernador caracterizan el régimen de Morales, el fraude con colectoras al régimen electoral de Corrientes que gobierna Valdés (una variante de los acoples tucumanos o la ley de lemas de Formosa y Santa Cruz) y en Mendoza que gobierna Suárez se desarrolla la persecución política contra dirigentes opositores y piqueteros.

Es sabido que el sistema electoral que rige está sujeto a todo tipo de manipulaciones por parte de punteros y aparatos. Los partidos patronales cuentan con recursos diferenciales que les permiten garantizar que sus boletas estarán en el cuarto oscuro, en la casa o los bolsillos de millones de ciudadanos a los que llegan por correo o por los punteros, que se movilicen centenares de miles de fiscales pagos y, muy a menudo, que no aparezcan las boletas de los partidos que no cuentan con los recursos para semejante movilización. Sea porque el correo no las manda, o por el tan común robo de boletas en los cuartos oscuros por medio de los punteros.

Es que cualquier posición acerca del régimen electoral está atravesada por un problema de recursos y de financiamiento de las campañas. Es decir que el régimen electoral no es ajeno a un régimen social y político y su carácter de clase. La reforma política impulsada por el macrismo aprobó la inclusión de aportes privados a las campañas electorales, legalizando algo que ya existía en el pasado y que, en los hechos, constituye la principal fuente de ingresos con la que los partidos burgueses afrontan todo el despliegue que las campañas demandan. Un gran blanqueo patronal que, sin embargo, no trasparenta nada, porque los beneficiados cuidan los secretos de las corporaciones que los financian y que luego imprimen el carácter de las distintas políticas que llevan adelante durante sus gestiones.

Los principales partidos del régimen tienen entonces dos vías de financiamiento no declaradas que hacen la diferencia respecto del resto: una es la ya explicada de las grandes empresas y la otra es la del propio aparato estatal, que destina millones de pesos provenientes de partidas presupuestarias discrecionales a financiar las campañas de los partidos de gobierno. El financiamiento único estatal y equitativo para todos los partidos es un reclamo urgente para cualquier mínimo funcionamiento democrático.

Así, todo el sistema electoral tiene un carácter de manipulación, que no puede reformarse a través de un cambio en los sistemas de votación porque es el resultado del dominio por parte de la burguesía del aparato del Estado.

Corridos por los facholibertarios, porque coinciden con ellos, esgrimen argumentos acerca del ahorro fiscal que implicaría para el Estado a partir de reducir “los gastos en la política”. Pero no quieren tocar estas enormes cajas negras sino el gasto de impresión de boletas que es insignificante respecto de la fortuna que destina el Estado a subsidios al capital o al fraude de la deuda externa que ellos defienden. Lo que ocurre en realidad es que buscan valerse de este clima de ajuste sobre la política para profundizar todavía más el ajuste brutal que están aplicando a toda la clase trabajadora. Y en ese marco de presunta reducción del “gasto de la política” acentuar el dominio del capital sobre la ciudadanía.

Los dictámenes

La sesión fallida en que se iba a tratar la BUP ponía en el temario ocho proyectos distintos -todos presentados por la oposición patronal- que no pudieron ser unificados mostrando la fuerte dispersión en los distintos bloques. Hoy, los proyectos son cerca de 20, pero están cocinando uno a espaldas de todo debate público. El problema no es menor, ya que es la forma concreta que podría adoptar la BUP la que determina si implicaría una mejora o no respecto del régimen actual.

Algunos trascendidos señalan que podría haber un acuerdo entre los distintos bloques opositores para unificar un dictamen que copie el sistema de votación de Córdoba (LPO, 17/5). El mismo implica una boleta para todas las categorías en la cual se puede votar la lista completa o bien ir eligiendo un candidato para cada categoría. Entrarían en la boleta solamente dos fotos por lista y, lo más grave, apenas cinco nombres de candidatos, cuando en la provincia de Buenos Aires se eligen nada menos que treinta y cinco y son más de cinco en Córdoba, Santa Fe y CABA. Es decir que los electores votarían por candidatos que no están explicitados en la boleta y que, por el hecho de acompañar a quien encabeza la lista, están sujetos a cualquier tipo de manipulación. Un sistema así haría a la BUP más sábana aún que la boleta de partidos.

Por otro lado, para quienes construimos partidos como principal referencia de clase y no candidaturas aisladas, es de crucial importancia garantizar que el nombre de los partidos e incluso en nuestro caso del FIT-U tenga un lugar notorio en la boleta.

Hay quienes critican el modelo de una boleta única por cada categoría –vigente en Santa Fe- por la misma razón, la disolución de la referencia partidaria y el lugar que ocuparía cada candidato de manera individual. Es cierto que existe ese riesgo, pero hay que mencionar que en el voto actual los candidatos ocupan un lugar aún más destacado que la fuerza política en sí misma. Por otro lado, la votación con boleta unificada de categorías ejecutivas y legislativas es un instrumento para garantizar mayorías parlamentarias a los gobiernos y actúa objetivamente contra el ingreso de fuerzas emergentes.

Cómo debe intervenir la izquierda

Lejos de las posiciones abstencionistas que condenan cualquier tipo de intervención en debates de este tipo, los legisladores obreros debemos evaluar si alguna de las variantes colocadas a votación permite luchar en mejores condiciones por una representación de la clase obrera en el escenario político. Y, en caso de que los dictámenes que lleguen al recinto –al no integrar la comisión no podemos presentar dictamen propio- sean desfavorables, votaremos en contra o nos abstendremos según el caso. Pero en cualquier caso, el Partido Obrero quedará expresamente delimitado de todo el régimen de intervención del Estado en la vida de los partidos (Paso), de los viejos y nuevos pisos proscriptivos, de los sistemas de lemas, acoples y colectoras, del mencionado financiamiento del capital a la política, al igual que el uso de los recursos del Estado y de los medios en favor de los partidos oficiales.

La iniciativa que eventualmente podría ser aprobada en diputados tiene, sin embargo, un camino más escabroso en el Senado donde el FdT ostenta una leve mayoría. Ni siquiera está claro que el proyecto no vaya a naufragar. Claudio Jaquelin en una nota sobre el tema afirma que “nadie quiere asumir el riesgo de pagar mayores costos políticos de los que ya afronta o de perder alguna posición de poder (o privilegio). Todo es un ámbito de disputa y conflicto” (La Nación, 20/5).

Resumiendo, las condiciones que favorecerían la voluntad popular son: boleta única de papel con categorías diferenciadas, logo partidario claro, nombre del total de los candidatos y una diagramación que no incite al voto de boleta completa como ha ocurrido en casos prácticos como Córdoba.

Lo que es evidente es que la boleta única de papel no escapa a la dinámica más general de la crisis política y su futuro está estrechamente atado al desenvolvimiento más general. Por nuestro lado, siempre hemos marcado las inequidades del régimen vigente, donde los gobernantes se valen de los punteros para la desaparición de nuestras boletas. Con un método o el otro, nuestra tarea seguirá siendo la de poner en pie una alternativa política de los trabajadores en todo el país.

https://prensaobrera.com/politicas/romina-del-pla-no-participamos-de-consenso-alguno-por-la-boleta-unica