El decretazo del gobierno es contra todos los jubilados

Recientes versiones periodísticas hacen saber que el aumento en estudio a los haberes consistiría en un porcentaje o suma fija que, aplicada a las jubilaciones mínimas -que hoy están en la miseria de $14.068-, supondría un aumento superior al 11,6% que correspondía a la actualización derogada a fines de diciembre.

Pero no ya para recomponer sus haberes –como declaman distintos funcionarios y aún el propio Alberto Fernández- sino simplemente para compensar lo perdido desde setiembre del 2017 hasta ahora, el incremento que se debería otorgar a los jubilados que cobran la mínima (y a todos los demás), tendría que superar el 30%, ya que deben recuperar el 20% perdido en los dos últimos años de gobierno macrista y compensar la inflación del primer trimestre de este año que, de acuerdo a distintas proyecciones, podría superar el 10 por ciento. Es decir que para que los haberes mínimos no sigan por detrás de los de hace dos años y medio, habría que aumentarlos, como mínimo, $4.220. Y recién desde allí comenzaría la recuperación.

Esto porque los bonos –de $5000 a $0, en escala descendente- que cobraron o van a cobrar en diciembre y enero los jubilados que tienen haberes que van de 14.068 a 19.068 pesos (los demás no recibieron nada), fueron por única vez y, en febrero, los haberes vuelven a ser los mismos que los de noviembre.

Además, los que están por encima de los $19.068, aunque no cubren ni la mitad del costo de la canasta de los jubilados, no recibieron ningún bono de “compensación” y ahora un porcentaje aún no definido de ellos, debería ser “solidario” y renunciar a recuperar el 20% perdido y a una parte de la inflación del primer trimestre de este año. Y seguir el camino de depreciación de sus más que magros haberes.

Acercando al que sería el cuadro de los aumentos de marzo, una nota de Clarín plantea que “la línea de corte del 11,56% serían los 21.323 pesos. Por encima de ese haber el aumento sería inferior al promedio. Así, con $ 25.000, la suba sería del 9,9% y con $ 40.000, del 6,2 por ciento (17/1). Es decir que, de ser cercanas estas estimaciones, (está el antecedente de los bonos de fin de año), una franja muy grande de jubilados que no pueden comprar la canasta de productos básicos que necesitan, sería “solidario” a la fuerza y vería recortados sus haberes entre un 20 y un 25 por ciento.

“Solidaridad”

Quizá a sabiendas de que el aumento de los haberes jubilatorios que prepara para marzo va a generar resistencias y reclamos, porque golpeará a un porcentaje muy grande de beneficiarios que viene de perder un 20% en los últimos dos años de gobierno macrista, el gobierno va anunciando de a poco, vía rumores o trascendidos, en qué va a consistir exactamente el mecanismo (y el monto) que aplicará via decreto, en reemplazo del porcentaje que correspondía al índice de movilidad previsional que fue derogado en nombre de una supuesta “solidaridad”… entre los propios jubilados.

Según datos del propio Anses, el 75% de los jubilados  (unos 4.300.000) cobra como máximo $28.136 mensuales, es decir que tres de cada cuatro apenas cubre el 70% de la canasta básica propia, que actualmente supera los 40.000 pesos, según el relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad. Entonces, ¿de qué solidaridad habla el gobierno cuando pretende que un porcentaje de estos jubilados (y los de la franja que llega hasta los $40.000 del costo de la canasta) “renuncie” a una parte de su aumento como si el haber fuera suculento, como condición para que los que cobran menos reciban un aumento algo mayor?

Nada dice el gobierno nac&pop de que sean “solidarios” los empresarios y vuelvan a los niveles de aportes que realizaban antes de los “favores” de Domingo Cavallo y de Macri (que Alberto Fernández mantiene). Nada tampoco de realizar una campaña por el blanqueo del 35% de los trabajadores que está en negro (y los patrones tampoco aportan). De allí podrían salir los fondos necesarios para que la jubilación sea equivalente al 82% móvil del salario.

Nuevo zarpazo

Con la derogación de la movilidad -con la cual los haberes también perdieron frente a la inflación- y su reemplazo por un arbitrario aumento por decreto, el gobierno vuelve a repetir el zarpazo que diera el macrismo con el apoyo del PJ en el primer trimestre del 2018, luego de la aprobación de la reforma previsional a fines del año anterior en medio de la enorme movilización obrera y popular y una brutal represión. Entonces –aún está judicializado el reclamo- con el cambio de cálculo de actualización se le sacó del bolsillo a los jubilados el equivalente a casi un 10% del haber. Ahora la historia se repite.

Además, desde un punto de vista legal, y con un justificativo similar al de aquel reclamo, “la abogada Andrea Falcone, especialista en temas previsionales, sostiene que la movilidad de marzo y junio la tienen que respetar para todos los jubilados y pensionados porque corresponde a índices del segundo semestre de 2019” y es “un derecho adquirido” (Clarín, 18/1).

En este cuadro, el adelanto del gobierno de que enviará al Congreso un proyecto de ley para derogar las jubilaciones de privilegio (jueces, altos magistrados y servicio exterior), aparece como un taparrabos para hacer pasar el golpe tremendo a las jubilaciones. Es que, seguramente el gobierno es conciente de que, para lograr la derogación, deberá superar todos los lobbies en ese ámbito y una eventual batalla judicial, extensa y de final incierto.

Los decretazos van contra el aumento real de los haberes. La movilidad que el gobierno prepara también alejará aún más los aumentos jubilatorios de la inflación y hundirá más los haberes. La prioridad es reducir los gastos, a costa de las jubilaciones y los salarios de los estatales. Esta es la línea del FMI a la que el gobierno acompaña.

Los jubilados y los trabajadores estamos en otra línea: que la jubilación sea igual al 82% del salario en actividad. Que los haberes se actualicen mensualmente acompañando el alza de la canasta del jubilado. Que la crisis la paguen los capitalistas.