El gobierno nacional oficializó la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, mediante decreto presidencial, para consolidar el ajuste precedente sobre los haberes, con más ajuste, incluso, en la transición de una fórmula a otra. De esta forma, los haberes no recogerán la inflación de los peores últimos meses que drenó los ingresos previsionales, salariales y populares.

La medida tuvo lugar, finalmente, por medio del DNU 274/24 por medio del cual el gobierno establece el cambio de la fórmula previsional del Frente de Todos –que pondera en partes iguales recaudación fiscal con índice salarial- por una actualización mensual según inflación (Índice de Precios al Consumo), aplicable desde julio del 2024, tomando como referencia para cada vez la inflación promedio de dos meses más atrás (para el caso de julio sería la de mayo).

Este mecanismo que busca cristalizar unos haberes golpeados por sucesivos recortes y por la “licuadora” del macrismo, el kirchnerismo y Milei, será el resultado de una transición a aplicarse en los meses siguientes (abril, mayo y junio) para los cuales el gobierno determinó una política de “compensaciones” y adelantos en la misma línea de ajuste.

Para el mes de abril se establece un incremento extraordinario del 12,5% más un “adelanto” del aumento de junio equivalente a la inflación de febrero (13,2%) dejando un saldo acumulado del 27,35%, dejando la mínima en apenas $171.516.

Esto trae aparejado un agravante que se deduce de la interpretación rigurosa de la normativa vigente. El nuevo decreto no menciona nada respecto a la continuidad y/o incorporación al haber de los sistemáticos “bonos compensatorios”, actualmente en $70.000, por lo que de aplicarse el último decreto al respecto (268/24) en abrir quienes cobren la mínima solo percibirán la diferencia hasta alcanzar el tope de $204.445,30, recortando el bono a unos $33.229.

Es decir que el aumento no es tal, debido a que los jubilados de la mínima hubieran alcanzado los $204.445 con el bono íntegro. Además será considerado a cuenta de la actualización de junio.

Para el mes de mayo y junio se implementará la misma modalidad de actualización/adelanto conforme al último IPC publicado a esa fecha (marzo y abril). Y llegado finalmente junio se evaluará si lo otorgado en concepto de adelanto supera o no lo que correspondería al aumento trimestral según la fórmula vigente del Frente de Todos hasta ese mes. Si el aumento por la fórmula anterior superara las actualizaciones solo se pagará la diferencia. Mientras que de resultar lo contrario no se realizarán descuentos, quedando este absorbido.

Esta situación afecta al conjunto de los jubilados y pensionados, golpeando particularmente a más de 5 millones de jubilados que cobran la mínima de entre un universo de 7,4 millones de jubilados y pensionados.

El gobierno intenta presentar la transición de una fórmula a otra como un camino progresivo de aumentos, pero se trata de una estafa mayúscula: lo que entregan con una mano lo quitan con la otra, para luego volver a absorberlo y dejar a los jubilados en la lona.

Es una orientación que tiene como propósito condenar a perpetuidad a los jubilados a ingresos de extremada indigencia, con cifras que representan menos de un tercio de lo que requiere un adulto mayor para completar una canasta básica según las mediciones de la Defensoría de la Tercera Edad.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, adelantó que presentará un amparo contra el DNU presidencial, denunciando que se trata de más ajuste contra los jubilados: “Esta fórmula no va a corregir nada. El problema no es el reajuste. Las jubilaciones están totalmente licuadas. Hoy si se quiere hacer algo serio, habría que recomponer el haber”, manifestó.

Ninguna fórmula jubilatoria pueden pretender abordar el problema sin partir de una recomposición general de los salarios y los haberes, para luego actualizarlas conforme al 82% móvil y que los haberes sirvan para cubrir realmente las necesidades de los adultos mayores. El gobierno de Javier Milei, y sus predecesores, siempre han utilizado a los jubilados como variable de ajuste para garantizar los pagos al FMI y los negocios del capital financiero.