En el año 2021 la Provincia de Córdoba debe pagar el total del capital del bono PODCAR-2021 por 725 millones de dólares que fue emitido en 2016. Se trata de un instrumento “bullet” que paga capital completo al final y, mientras tanto, realiza pagos de intereses semestrales al 7,125% anual en dólares. Como la provincia no tiene ninguna posibilidad de afrontar ese pago con sus fondos, pues representa alrededor del 30% del presupuesto, y además el gobierno nacional tampoco tiene los dólares para venderle a la provincia, Schiaretti se lanzó a una renegociación con los bonistas.

Pero las cláusulas leoninas que en su momento impusieron los fondos financieros plantean que una falta de pago del bono que vence en 2021 afecta también a los bonos PODCAR 2024 por 510 millones de dólares, que paga intereses anuales de 7,45%, y el PODCAR 2027 por 450 millones, que tiene intereses al 7,125%. Estos instrumentos también constituyen títulos bullet. El total de la masa a reestructurar asciende a 1685 millones de dólares.

La táctica de Schiaretti es simple y clásica de un gobierno burgués; pretende pasarle toda la factura al gobierno siguiente que asumiría a fines de 2023. Para ello realizó una primera propuesta en septiembre que establecía los siguientes parámetros: postergar hasta 2023 el bono 2021 y pagarlo en 6 cuotas (4 cuotas para los bonos 2024 y 2027); una tasa interés por los dos primeros años del 1% para luego pasar al 5% a partir de 2023. La propuesta fue rechazada.

A comienzos de noviembre, Córdoba efectuó una segunda propuesta que mejoraba los intereses al 1,125% hasta 2023 y después al 5,125%, con pagos trimestrales, y 4 cuotas para el capital de 2021 en vez de seis. La segunda propuesta también fue rechazada. Según La Voz (12/11), el grupo Bondholder sostuvo que la oferta “no refleja la verdadera capacidad de pago de la Provincia” y la insta a negociar “de buena fe”, expresando su contrapropuesta en los siguientes términos: tasa del 5% al inicio y 7,126% desde 2022, aceptando que el capital sea pagado en cuatro años (13 cuotas) pero sin plazo de gracia, algo que Schiaretti no puede soportar.

Distintas versiones indican que Schiaretti incumpliría con los intereses de 25 millones de dólares del bono 2021 que deben pagarse el 09/12/2020. Para ello el gobierno provincial cuenta con el apoyo de Fernández-Guzmán, quienes pretenden adoptar actitudes “agresivas” en la negociación, azuzados por la falta de dólares. Pero existen cláusulas firmadas de “cross default” y “aceleramiento” por las cuales los bonistas pueden pedir el total de la deuda. Para la reestructuración se necesita un 66% de aprobación y Bondholder (integrado por Schroedders, Fidelity, Wellington, VR y GML) dice tener el 50%.

En momentos en que la segunda propuesta era rechazada, la Municipalidad de Córdoba, gobernada por el socio de Schiaretti, Martín Llaryora, reestructuraba la deuda municipal (única en el país bajo legislación extranjera). La Municipalidad debía pagar tres cuotas de capital por 50 millones de dólares cada una durante 2022, 2023 y 2024 a una tasa del 7,875%. El arreglo quedó así: no hay vencimientos por un año, la tasa de intereses promedia el 5,9% y el capital se pagará en ocho cuotas semestrales desde 2024. Se impuso claramente el capital financiero, pues la tasa internacional es de 0%.

El gobierno nacional está negociando un acuerdo con el FMI y una de las cuestiones previas pasa por el “ordenamiento” de las deudas provinciales que superan los 13 mil millones de dólares. El viernes 13 de noviembre, el ministro de Finanzas provincial Osvaldo Giordano presentó el proyecto de presupuesto de la provincia. En su explicación casi no mencionó la cuestión de máxima importancia local y, cuando los legisladores opositores consultaron sobre la cuestión, expresó que había mucha “incertidumbre” y que se limitaba a exponer en base a los “parámetros nacionales”.

La salida precaria de la quiebra de la provincia se hace -si se hace- a costa de una nueva y superior hipoteca de la provincia y a costa de descargar esa factura sobre las espaldas de los trabajadores. Los fondos que van para la deuda no van para los jubilados, los trabajadores, vivienda, salud y educación. En Córdoba crece la tensión social por esta cuestión. A mediados de año se aprobó la reforma jubilatoria y ahora se impuso un acuerdo salarial del 25% anual a docentes y estatales. En la municipalidad hay un conflicto enorme porque Llaryora pretende imponer un aumento del 19% anual a pagar recién en diciembre y en cuotas. También es importante decir que Schiaretti justifica el endeudamiento en las “obras” que fueron todas con sobreprecio y al servicio del capital.

Hay que dejar de pagar la deuda usuraria que le chupa la sangre a nuestra provincia y nuestro país, es decir a la población trabajadora, y destinar esos fondos a un plan de obras públicas, en primer lugar, la vivienda popular, y a la reindustrialización, como así también a aumentar los presupuestos de salud y educación. Hay que terminar con el régimen de hambre y saqueo.