La decisión de Ibarra de pasar la Comisión Municipal de la Vivienda a la órbita de Promoción Social es ya de por sí toda una definición. La CMV *cuya función, como dicen sus estatutos constitutivos, era la puesta en marcha de planes de vivienda populares* quedaría reducida a un rol “asistencial”. Es decir, el organismo se limitará a la entrega de chapas, de materiales de construcción y, a lo sumo, algunos subsidios para las familias en casos extremos, para reconstruir sus viviendas destruidas o para que se reubiquen en algún otro lugar, preferentemente más allá de las fronteras de la Capital.

La resolución de Ibarra está dirigida a profundizar la política expulsiva de los trabajadores de la ciudad. Esta orientación ya se venía implementando bajo la gestión de Jozami, como lo prueba el agravamiento sin precedentes del problema habitacional en la Capital. En el último año la CMV apenas hizo entrega de 70 créditos para vivienda, mientras se multiplicaban los desalojos y aumentaban las familias sin techo y en situación de extrema precariedad. Ni hablar de las villas, en las que en este período no se avanzó en cuanto a su urbanización, y menos aún en la entrega de tierras, mientras crecía sideralmente el hacinamiento y la superpoblación en las mismas.

El desplazamiento de Jozami (enrolado, como se sabe, en el ARI) al frente de la CMV expresa los límites insalvables del progresismo pequeño burgués, que se presentó como el representante de una nueva alternativa y terminó siendo una correa de transmisión de la política capitalista y fondomonetarista. Esto también se verificó en la órbita de la vivienda. La política “participativa”, la formación de “comisiones de seguimiento” que promovió la CMV bajo la conducción de Jozami, se agotó rápidamente cuando los vecinos fueron constando su esterilidad y fueron percibiendo que oficiaban de pantalla distraccionista y como un recurso dilatorio frente a los reclamos apremiantes que traían los barrios y sectores afectados. La tentativa de armar una base de apoyo al gobierno porteño mediante esta demagogia participativa *que, por supuesto, incluyó a viejos y conocidos punteros y elementos de la burocracia villera*, fue haciendo aguas en forma proporcional al desarrollo de la crisis. Esa demagogia tropezó con los reclamos de los trabajadores, quienes al calor de la lucha por dichos reclamos, fueron desbordando al aparato adicto al gobierno y poniendo en pie cuerpos de delegados, comisiones vecinales y organizaciones de desocupados independientes del Estado.

El reemplazo de Jozami es la confesión del agotamiento definitivo del progresismo, que ha renunciado, ahora hasta de palabra, a la pretensión de ser un canal para la vivienda popular. En nombre de la “emergencia”, Ibarra apunta a transformar la CMV en una olla popular. La “emergencia” es utilizada como cortina de humo para reducir aún más el ya reducido presupuesto con que contaba la CMV, al cortarse drásticamente sus dos fuentes tradicionales de financiamiento: por un lado, los recursos del Fonavi, y por otro, los recursos propios de la Ciudad. Triste final, pero anunciado.

Estamos en presencia, por lo tanto, de un nuevo ataque contra el pueblo y su legítimo derecho a la vivienda. Más que nunca, debemos salir a defender lo nuestro y derrotar los planes de Ibarra.