El fin de semana pasado la policía realizó una serie de allanamientos en distintas ciudades de Santa Fe, como Rosario, Roldán, Coronda, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, en el marco de la investigación por la escalada de violencia registrada en las últimas semanas en Barrio Norte, que incluyó los asesinatos de Gerardo Pérez (55 años), el 26 de mayo, y de Brian “Runi” Sánchez de 16 años, ocurrido el 29 de mayo. Al menos doce personas fueron detenidas.

Como parte de este operativo fue allanada la comisaría séptima de San Lorenzo y detenido el jefe policial de la misma, Alberto Fleitas, a quien le encontraron drogas (cocaína y marihuana) y un arma con numeración limada en su despacho, además de un arma tumbera en su casa. También fue detenido el sumariante Marcelo Álvarez. En el marco de este operativo fueron detenidas otras seis personas y se secuestraron balanzas de precisión, estupefacientes y diversas armas de fuego, todo un “kit” administrado por la policía sanlorencina.

San Lorenzo forma parte de las disputas de territorio de las bandas narcos de Rosario, que se extendieron a Capitán Bermúdez luego de la detención de Delfín Zacarías, preso en septiembre de 2014, en la pelea entre los grupos relacionados por un lado a la banda de los Monos y de los Alvarado por el otro. El asesinato de Any Rivero, en noviembre del 2014, es un hito en el cordón industrial al respecto de esta puja entre bandas.

Barrio Norte, en San Lorenzo, linda con la ciudad de Puerto San Martin, y es uno de los barrios con mayor densidad poblacional de la ciudad. Un barrio con deficiencia de urbanización, juventud sin posibilidades de estudiar ni trabajar, en donde con el transcursos de los años las bandas narcos se han ido instalando, convirtiendo al barrio en su terreno de operaciones, donde los jóvenes son cooptados como “soldaditos” de estas bandas que disputan el manejo de la distribución de cocaína, marihuana, metanfetaminas y armas en la zona norte de la ciudad, en complicidad con la policía, el poder judicial y político.

El delito organizado atendido por sus propios dueños

La comisaria séptima, ahora intervenida, es la que tiene jurisdicción en Barrio Norte, y según escuchas telefónicas de las últimas semanas la fiscalía detectó que el titular de la comisaria aportaba información clave al sector de Los Monos y que era la que los abastecía con armas. El 22 de mayo, el comisario Fleitas realizó un allanamiento a uno de los tantos bunkers del barrio que fue señalado por la Unidad Regional XVII y manifestó que “no se halló nada en ese lugar”. A días de ese acontecimiento se dieron los dos últimos asesinatos en el barrio.

Antes, el primero de mayo, en plena cuarentena, la comisaría séptima había sido allanada tras un golpe que recibió un menor de 10 años de un culatazo, en medio de una refriega de la policía contra los vecinos que trataban de evitar la detención violenta de un joven que circulaba por el barrio. Cabe recordar que unos años atrás esa misma comisaría fue denunciada porque ¡era atendida por uno “de los presos de confianza” cuando la policía salía de la comisaría!

En diciembre pasado, unos días después de asumir el ministro de Seguridad de Perotti, Marcelo Saín, se intervino a la Unidad Regional XVII de San Lorenzo luego de detectar que dos comisarios de la región estaban vinculados en una trama delictiva con el capo narco Esteban Alvarado. Por ello, el comisario Cristian Di Franco fue condenado en un juicio abreviado.

Ocho meses después, se vuelve a remover a otra parte de las cabezas policiales del departamento, dando cuenta de su afianzamiento estructural en los negocios capitalistas de la zona.

Las sospechas entre policías y narcos no se cortaron ahí, sino que se asegura que existen vínculos con dirigentes políticos, un fantasma que agita Sain con fines estrictamente extorsivos para posicionarse en la interna del PJ pero sin avanzar un milímetro en el desmantelamiento de estas redes de complicidades.

El entramado entre narcos y policías recorre toda la región. El mismo día que Fleitas fue detenido encontraron en la ciudad de Roldán -que pertenece al departamento San Lorenzo- a un joven de 26 años asesinado en un crimen con sello narco.

Raimundo pide más policía… la encargada de organizar el delito

Días atrás se celebró una sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en la Municipalidad de San Lorenzo, en una reunión encabezada por el intendente Leonardo Raimundo, del “raimundismo”, junto a diputados provinciales y vecinos del barrio.

Allí, el intendente pidió que “retornen los operativos de saturación policial, que funcionen los destacamentos policiales, que se refuercen los controles en los accesos, que se incremente la cantidad de agentes policiales y se mejore el equipamiento con el que cuentan”. Para ello reclamó que “se dote a la policía provincial con sede en San Lorenzo de móviles y personal en la cantidad realmente necesaria”.

Pero el problema no es la falta de policía ni el recambio de los jefes policiales, sino el entramado económico que liga al aparato represivo del Estado con la soja y el narcotráfico, a través de los puertos privados. Así como Vicentin evadía al fisco y lavaba activos transportando los granos a puertos extranjeros en Uruguay y Paraguay, gracias a su control privado sobre los puertos; el narco, en asociación con los sojeros, explota los puertos privados y los ríos interiores para moverse con libertad. La asociación entre ambos negocios está demostrada, ya que con la compra-venta de soja se blanquea dinero negro, como sucede también en casinos y negocios inmobiliarios. Los móviles policiales blindan esta asociación, acompañando a los vagones que llevan cereales en su recorrido.

Los abusos policiales en los barrios más pobres de San Lorenzo, los aprietes a periodistas cuando vienen a buscar información en los casos de los asesinatos narcos, la complicidad y el encubrimiento en la trata de personas y la explotación sexual en la ruta de la soja, hacen de la policía un socio más de los delitos contra el pueblo trabajador.

La salida es la organización independiente de los barrios y la juventud en oposición a la miseria impuesta por este sistema, con un programa que defienda el trabajo, la salud, la educación y la vivienda. Que se abran los libros de las comisarías y se destituya a toda la cúpula policial. Que la fiscalización de la seguridad ciudadana esté bajo el control directo de organismos de derechos humanos, sociales y políticos, que luchan contra este régimen narco sojero.

Justicia por Brian.