Movilicémonos contra la ley antimanifestación y antihuelga

El proyecto de Kunkel, la ex derechohumanista Diana Conti y compañía es un ataque al más importante de los derechos arrancados por la lucha popular: el derecho a la manifestación popular.

El Estado destinatario del reclamo será, por el artículo V, el encargado de declarar legítima o ilegítima una manifestación de cualquier tipo, previo aviso 48 horas antes. Es un claro camino hacia un Estado policíaco. El mismo artículo ataca el derecho de huelga, porque ilegitima la manifestación que “impida el normal funcionamiento” de servicios públicos de seguridad, salud o educación -o sea que se arrima a la figura antihuelga de “servicios esenciales”.

Hoy, el encargado de semejante tarea sería el ex militar “nacional y popular” Sergio Berni, porque la jurisdicción se fija en el Ministerio de Seguridad. Pero mañana podría ser el funcionario que designe Massa, Cobos o Macri, es decir que el kirchnerismo le prepara el terreno a la derecha, mientras él mismo refuerza su curso derechista.

El contexto de esta ley es el de las grandes huelgas docentes, que movilizaron, sin permiso desde luego, a decenas de miles prácticamente a diario durante los 17 días de lucha en la provincia de Buenos Aires; lo mismo ahora en Salta, donde fueron reprimidos, y así en Santiago, La Rioja, Neuquén, etc. En el contexto de un paro nacional en el que 13 ó 14 millones de trabajadores pararon, con más de cien piquetes que excedieron a la izquierda porque el gremio de camioneros, con o sin autorización de Moyano, hizo decenas de ellos y aun los de Barrionuevo en Córdoba. La ley llega en el año que debutó con más de cien piquetes diarios en la zona metropolitana por los cortes de luz y agua.

Es decir que la ley llega ante la emergencia social y la movilización popular que desata el naufragio del régimen, la devaluación, los tarifazos, las paritarias a la baja y todo el ajuste en marcha. Es un tributo a la “seguridad jurídica” que reclaman el pacto con Chevron, el repago de las deudas buitres de todo color y pelaje, y la ola de despidos y suspensiones que ya desataron huelgas y ocupaciones de fábrica. Es una ley por cuenta y orden del FMI, su articulado precede al famoso artículo cuarto de monitoreo. Es la ley de la “libertad de trabajo”, el viejo sanbenito de la Sociedad Rural y la UIA.

Pero tampoco se trata de un rayo en cielo sereno. Esta ley es un eslabón más que delata la faceta represiva del kirchnerismo: la ley antiterrorista, el Proyecto X, el vuelco de la Gendarmería al control social y represivo interno, la condena a los petroleros de Las Heras y la cárcel a varios de sus dirigentes por conflictos laborales, los miles de procesados por protestas, la designación de Milani al frente del Ejército, el cual ya se vuelca a tareas internas.

Kunkel, con total cinismo, ha dicho que la ley no “penaliza” ni “criminaliza”. Claro, directamente reprime, eso sí con armas “no letales”. Por otro lado, ilegaliza por anticipado toda manifestación que colisione con figuras del Código Penal. Esto debe ser mirado con especial atención, porque ahora ya no serían los jueces quienes deciden qué derecho es superior, si el derecho a circulación o el derecho de manifestación o huelga -o mejor, los derechos que esas manifestaciones defienden como un salario o una jubilación que no alcanzan para el alimento, la vivienda, la vida u otros derechos supremos. Ahora será Berni quien decida el derecho prioritario en el equilibrio de derechos constitucionales.

La ley es un clavo más en el réquiem del kirchnerismo, agravará su disgregación política, es una bandera más que toma de la derecha, de sus crecientes acuerdos directos o indirectos con el macrismo y toda la derecha -que de hecho aplaudió a la presidenta en la Asamblea Legislativa cuando marcó este rumbo. El “despegue” de último momento del Ejecutivo, a través de Capitanich, es otro síntoma de la disgregación K. Por si las moscas, tratan de salvar a Cristina para evitar más rupturas internas.

Se pueden perder muchos derechos, de hecho la descarga de la crisis capitalista sobre las espaldas populares nos quita uno todos los días. Pero en esta ley se juega la pérdida del derecho a luchar, tal vez el principal de los derechos. Si no, digámosle a los manifestantes del 17 de octubre, el Cordobazo o el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, quienes cambiaron el rumbo del país, que debieron pedir permiso 48 horas antes.

Todas las clases populares se han movilizado en los últimos años. Llamamos a un gran frente de lucha a todos los movimientos populares para impedir este atropello, de cuajo, por completo, fuera de toda discusión sobre sus artículos. Llamamos a una gran movilización política y popular, incluidas grandes manifestaciones en su contra.