Informes periodísticos publicados a mitad de marzo han vuelto a poner la lupa sobre la debacle del Estadio Bicentenario, de Catamarca, clausurado desde 2016.

La corruptela alrededor de la edificación del estadio pone en el banquillo de los acusados tanto al kirchnerismo-PJ como al Frente Cívico (FCyS) de la provincia, que gobernó la misma en alianza con los K e integra actualmente Cambiemos.

El estadio de fútbol se inauguró en el 2010 bajo el gobierno del FCyS de Eduardo Brizuela Del Moral -actual diputado por Cambiemos-, en medio de la campaña electoral de ese año para la gobernación. Sin embargo, arguyendo la falta de “detalles” constructivos, la empresa constructora Capdevila SA la entregó recién en el 2011, cuando al frente del gobierno provincial estaba ya la kirchnerista Lucía Corpacci.

El cierre por peligro de derrumbe se dio cinco años después, luego de la judicialización del caso y sucesivas clausuras parciales; la gota que rebalsó el vaso fue la caída de escalones en las tribunas. Un informe de la Universidad Nacional de Tucumán puso de manifiesto que el colapso de las gradas respondía a problemas en la compactación el terraplén, resultantes de errores constructivos y de la utilización de materiales prohibidos (como basura) para el relleno.

En 2017 el gobierno de Corpacci demandó a Capdevilla S.A. por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato, reclamando $257 millones con el argumento de que el estadio debe demolerse y construirse nuevamente; la empresa respondió presentándose en concurso de acreedores, sosteniendo que no poseía los fondos necesarios para hacer frente a la demanda provincial.

Ni Brizuela del Moral ni Corpacci –vicegobernadora de aquel durante 2008 y 2009- podían desconocer los déficits en la edificación. En el tiempo de construcción del estadio, los trabajadores de la empresa Capdevila -en el marco de huelgas y cortes de calles por atrasos de pago, despidos, persecución y falta de medidas de seguridad laboral- denunciaron que los materiales utilizados eran de pésima calidad y que se veían irregularidades en la construcción, anticipando lo que sucedería.

Los mandatarios dejaron pasar estas irregularidades porque la empresa Capdevila SA era una aliada estratégica del FCyS en la provincia. A la constructora se le asignaron no solo el estadio, sino también el predio ferial, rutas, escuelas y ampliación del CAPE –entre otras-; y fue la más beneficiada en la entrega de obras que financiaba el gobierno nacional en la etapa K. En devolución de favores, la empresa fue, después de 'Bajo La Alumbrera', la financista más importante de la campaña del FCyS. Por si faltaran muestras de esta sociedad, el apoderado de la empresa, Fernando Capdevila, se volvió luego un referente del PRO.

La situación del estadio es el ejemplo más claro de que los personeros de Cambiemos, que buscan presentarse como los que atacaban la corrupción, están vinculados a ella por todos lados; y de que el PJ, que denuncia en la provincia al FCyS, no puede desprenderse de que cogobernó mientras la estafa se llevaba adelante.

Para que el pueblo trabajador de Catamarca no pague la estafa del FCyS-Cambiemos y del PJ-K, es necesaria la apertura de los libros de la empresa Capdevila SA y la confiscación de sus bienes y los de sus socios; el desarrollo de un plan de reconstrucción fiscalizado con profesionales independientes y mediante asambleas populares. La justicia debe llegar hasta los responsables políticos de la estafa.