Terminadas las elecciones del domingo 22 con el triunfo macrista, en tiempo ‘express’  fue convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 24 y una Sesión Especial para el miércoles 25. Con un único punto: votar el desafuero del diputado del FPV y ex superministro del gobierno K, Julio De Vido.  

 

Por su legajo, De Vido debía estar preso hace tiempo. Antes, cuando actuaba de superministro ‘recaudador’ bajo el gobierno de CFK, era protegido por el poder judicial, que garantizaba su impunidad. De Vido distribuía la obra pública y cobraba suculentas ‘comisiones’ como sobreprecios del Estado a la “patria contrista y constructora”. Ahora, son esos mismos jueces, los que lo incriminan. Es la evidencia más clara de que el poder judicial es dependiente directo de los gobiernos de turno y de la clase capitalista. Una de las causas incrimina a De Vido en sobreprecios y desvío de fondos en las importaciones de gas, a razón de 1.000 millones de dólares por año (7.000 millones desde 2008 hasta 2015) ¡Y está incriminado en 32 causas por malversación de fondos públicos!

 

La sesión del miércoles

 

El FpV y el bloque del Movimiento Evita decidieron no dar batalla en contra: no les daba la cara para bajar al recinto a defender a De Vido. La disciplina del FpV se rompió: 5 de sus miembros -al igual que otros aliados- participaron de la sesión y votaron el desafuero, que se terminó aprobando por 176 votos a favor y ninguno en contra.

 

Toda esta sesión, a nadie escapa, es parte de la campaña política de preparación del lanzamiento de las reformas reaccionarias que pretende introducir el gobierno en materia laboral, previsional, educativa e impositiva.

 

Salvo los diputados del FIT, que votaron a favor del desafuero de De Vido sin dejar de denunciar su utilización maniobrera por parte del macrismo, todos los bloques abrieron cuotas de “esperanza” para que la corrupción se acabe bajo esta nueva etapa del gobierno. El derechismo campeó en el recinto, al punto que el diputado fascistoide Alfredo Olmedo, de Salta, aprovechó para plantear que había que terminar con las mentiras en el caso de Santiago Maldonado y condecorar al gendarme que se presentó con una herida de pedrada en el rostro.

 

De la misma manera que el kirchnerismo usó la bandera de los derechos humanos para hacer pasar sus políticas de pago de la deuda externa, llenar de subsidios a las empresas privatizadas en bancarrota y otras medidas de rescate del capital en crisis, el macrismo se propone ahora, con la bandera de la lucha contra la corrupción, lanzar su frente de ajuste contra los trabajadores y el pueblo explotado. 

 

El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, dijo en el cierre que Argentina se incorpora a una “tendencia continental” en la lucha contra corrupción –una bandera que es utilizada en toda Latinoamérica para llevar adelante el ajuste a fondo al pueblo trabajador, como en Brasil.

 

Maniobra política

 

La izquierda tuvo una respuesta política. Pablo López señaló que era un intento de poner un ‘punto final’ a las investigaciones sobre la corrupción, para que no salpiquen al presidente Macri y a su gabinete de CEOs (Arangurende Shell, Dietrich, en transporte, etc.).

 

López denunció la “maniobra política” del macrismo y los representantes de otras fuerzas burguesas presentes en el recinto: “No les interesa el combate contra la corrupción. Haciendo leña del árbol caído –por De Vido– pretenden dejar en pie a todo el régimen empresarial que se benefició y beneficia con la  corrupción: la patria contratista, la Cámara Argentina de la Construcción, los Odebrecht, Electroingeniería, las empresas de la familia del presidente, etc.”; y que se busca “mantener la corrupción de este gobierno, que ha permitido el blanqueo de capitales a la familia del presidente, que lo ha querido eximir de la deuda que tiene con el Correo Argentino, entre tantos otros casos”.

 

López afirmó que “quieren apoyarse en una supuesta lucha contra la corrupción para justificar el brutal ajuste que anunció el lunes el presidente Macri, con la reforma laboral flexibilizadora y la elevación de la edad jubilatoria” pedida en el reciente coloquio de Idea.

 

López concluyó: “Los trabajadores necesitan construir una alternativa política propia, y en eso están empeñados el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Esa es la lucha que vamos a encarar enfrentando el ajuste y la corrupción, y luchando por un gobierno de los trabajadores”.