Las estadísticas que acaba de publicar el Indec ponen en evidencia, como lo mostró buena parte de la prensa, que el desempleo no ha bajado un ápice.

La tasa oficial de desempleo abierto cayó de 17,3% (en octubre de 1996) a 16,1% (en mayo de 1997), lo que significa que el número de desempleados se redujo en 44.000 trabajadores. Al mismo tiempo, el número de subocupados (los que trabajan al menos una hora por semana) creció en 40.000. En consecuencia, la masa de compañeros sin empleo o que sobreviven con changas ocasionales no ha variado en lo más mínimo: casi cuatro millones de trabajadores –quince millones si se considera a sus familias– no tienen trabajo. Esta cifra no incluye a los desocupados y subocupados rurales, con lo que en total hay cinco millones de trabajadores sin empleo. Apenas el 2% cobra el seguro de desempleo del Ministerio de Trabajo, de 230 pesos.

La tasa de desempleados y subocupados creció en Capital Federal, Córdoba, Neuquén, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego y Catamarca. Bajó en Buenos Aires sólo como consecuencia de “los programas transitorios de empleo público o la intensidad con que los empleadores recurren a los contratos temporales”(Clarín, 18/7).

Todo el ‘secreto’ de la reducción puramente estadística del desempleo oficial consiste, por lo tanto, en la masiva aplicación de los planes ‘Trabajar’, ‘Duhalde’ y los‘contratos basura’. Sin seguridad social, sin indemnización, con ‘salarios’ de 200 pesos y sin horizonte más allá de los seis meses, los que han hecho bajar el índice de la desocupación son, en realidad, ‘desocupados encubiertos’.

Precarización

Mientras la desocupación no disminuye, la precarización del empleo aumenta.

Según el Indec, se habrían creado 318.000 puestos de trabajo en los últimos 6 meses: el 85% de ellos corresponde a contratos precarios (ídem). Y en el último año, entre mayo del 96 y mayo del 97, dicen que se crearon 518.000 puestos de trabajo.

Según las propias estadísticas oficiales, entre mayo del 96 y mayo del 97, desapareció casi medio millón de puestos de trabajo estables, que fueron ‘reemplazados’ por 972.000 empleos precarios. En sólo un año, los trabajadores con contratos temporarios, ‘a prueba’ y ‘plan Trabajar’, se triplicaron: pasaron de 220.000 a 700.000. En el mismo período, los trabajadores ‘en negro’ pasaron de 4.373.000 a 4.865.000 (ver Clarín, 19/7).

En resumen, lo que tenemos es una sistemática destrucción de empleo, porque los nuevos ocupados precarios y ‘en negro’ son virtualmente desocupados, o lo serán en los próximos meses, porque como admite el Ministerio de Trabajo, estos contratos “tienen una alta rotación”: al vencer el contrato temporario, el trabajador es reemplazado por otro, que es contratado ‘a prueba’ o bajo alguna de las modalidades flexibles.

Las patronales y el gobierno van por más

Desde la convertibilidad, las patronales y el régimen Menem-Duhalde han duplicado la tasa de desempleo y aumentado en un 60% la de subocupación. Esto no es un producto de la fatalidad, sino de una política consciente (flexibilización, alargamiento de la jornada y elevación de los ritmos de trabajo, elevación de la edad jubilatoria, abaratamiento de las indemnizaciones por accidente y por despido, contratos temporarios, pasantías). Mediante la desocupación y la precarización, han logrado reducir sustancialmente los salarios obreros —el ‘costo laboral unitario’ se ha reducido en un 30% desde la convertibilidad— y generar una enorme masa de superbeneficios que se han embolsado los capitalistas y los especuladores.

Ahora, las patronales y el gobierno van por más. Por eso presentaron las cifras del Indec como una ‘reducción de la desocupación’, para exigir una mayor precarización del empleo. Carlos Rodríguez, del Ministerio de Economía, “planteó que había que continuar con la rebaja de los aportes, mantener y extender los contratos laborales por medio de la reducción o eliminación de las indemnizaciones por despido” (Clarín, 18/7).

Las patronales y el gobierno dicen que pretenden ‘pulverizar’ la desocupación con salarios de 200 pesos, sin cobertura social ni indemnización por despido, con jornadas de duración indefinida y tareas plenamente flexibilizadas. Pero en realidad, el grito de guerra de las patronales y el gobierno es la ‘precarización’ al 100%, para imponer una subordinación social absoluta de la clase obrera a la dictadura del capital.

Un programa de lucha contra la desocupación

• Subsidio al trabajador desocupado, de 500 pesos, a partir de los 16 años, sin distinción de sexo, con plena cobertura de salud, financiado en forma directa por la clase capitalista, cuya incapacidad como clase es la responsable de la inmensa tragedia social del pueblo.

• Por un plan de obras públicas, bajo el control de los trabajadores y directamente financiado por los capitalistas.

• Por el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores sin afectar el salario vigente. El reparto de las horas exige una planificación de la distribución de los recursos existentes y es incompatible, en definitiva, con la capacidad y los métodos de los gobiernos capitalistas. El destino de los trabajadores desocupados coloca a la sociedad ante la cuestión de quién debe gobernar.

• Por la organización nacional de los desocupados. Por la colaboración combativa entre el movimiento de desocupados y el movimiento obrero organizado, a la que se opone la burocracia sindical. Por un Congreso Nacional de Coordinadoras de Desocupados. Por un Plan de Lucha nacional, en especial, por una marcha a Plaza de Mayo de todos los rincones del país.

• Por la renacionalización sin pago de las empresas privatizadas, la confiscación de la oligarquía agraria y la expropiación sin pago de los pulpos comerciales y supermercadistas —bajo control de la clase obrera.

• Por un impuesto directo de resarcimiento, sobre los grandes capitalistas, que recaude los 100.000 millones de pesos que han acaparado desde 1990.

• Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, estimado en 1.200 pesos; por una jubilación mínima al 82% del salario; por el aumento de los salarios superiores al mínimo en por lo menos un 60%, que es el deterioro producido desde la ley de convertibilidad.

• Llamamos a los trabajadores de las grandes fábricas y líneas de transporte a organizar interfabriles y a organizar un congreso nacional para luchar en forma conjunta contra cualquier intento de imponer el convenio Fiat-Smata y la ‘reforma laboral’; a preparar las ocupaciones de fábrica, organizando para ello piquetes y fondos de huelga. Llamamos igualmente a todos los sindicatos y a las centrales sindicales opositoras a la CGT a repudiar el acuerdo laboral, a organizar un plan de lucha y a preparar la huelga general. Por una jornada laboral de ocho horas, defensa de los convenios colectivos, paritarios elegidos en asamblea.