En el año 2007, la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas estableció el 20 de febrero “Día Mundial de la Justicia Social”. La fecha, que alude al bienestar de los trabajadores y a sus derechos, merece una reflexión.
La “Justicia Social” que dice promover la ONU, y que varias décadas antes en nuestro país había enarbolado el peronismo, pretende conciliar la satisfacción de las reivindicaciones sociales, como lo son el derecho universal al trabajo, a la vivienda, a salarios acordes al costo de vida, o a la igualdad entre los géneros, con el régimen de producción capitalista e incluso con la “globalización” –término acuñado en los años 90 que oculta las diferencias entre las potencias imperialistas y los países “tercermundistas” o, para ser más precisos, semi-coloniales, como Argentina.

Es claro, sin embargo, que la pretensión de conciliar al capitalismo con la satisfacción de las reivindicaciones sociales más elementales fracasó. Y aunque este fracaso ya era evidente en la América Latina de 2019 -como lo demostraron rotundamente las rebeliones populares de Ecuador, Chile, Puerto Rico, Colombia y Nicaragua, que fueron motorizadas por grandes reivindicaciones obreras y populares- el 2020 terminó por reafirmarlo. La combinación de la depresión capitalista con la crisis pandémica echó por tierra todos los relatos que pretendían “humanizar” al capitalismo. La rapiña capitalista por el monopolio de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, en el mismo momento en el que se multiplican los infectados y los muertos por Covid-19 en todo el mundo, es la expresión más nítida de la podredumbre de todo un régimen social.

En Latinoamérica, solo en 2020, se perdieron 47 millones de puestos de trabajo, la informalidad alcanzó al 54% de los asalariados y 16 millones de personas ingresaron a un cuadro de pobreza extrema. En Argentina -donde al gobierno del macrismo “neoliberal” lo sucedió el gobierno peronista de la “justicia social”- más del 44% de la población y un 60% de los niños se encuentran sumergidos en la pobreza, un 10% de la población se encuentra bajo la línea de la indigencia, crece el déficit habitacional y los trabajadores cargan con cuatro años consecutivos de caída de sus salarios reales. Los gobiernos de todos los colores han colocado los recursos del país al servicios del recate del capital, del pago de las deudas externas y del pago al FMI, a costa de hundir al pueblo en la miseria.

Una respuesta al actual cuadro de miseria social que impera en nuestro país plantea la adopción de medidas radicales: prohibir los despidos y las suspensiones, repartir las horas de trabajo sin afectar los salarios, establecer un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones hasta llevarlos al costo de la canasta familiar, garantizar un seguro al parado equivalente a los 30 mil pesos. Plantea, a su vez, romper con el FMI y cesar con el pago de la deuda, y destinar el ahorro nacional a un plan de reactivación económica. En definitiva, solo se le podrá poner un fin definitivo a la “injusticia social” cuando los trabajadores, a través de una acción histórica independiente, le pongan fin al capitalismo y tomen las riendas del país en sus propias manos.