La detención del "Tigre" Jorge Acosta por la causa de apropiación de niños nacidos en cautiverio bajo la dic­tadura militar coloca el problema de los desaparecidos al rojo vivo. La en­trega del represor, que se dio luego de permanecer prófugo 14 días, fue el resultado de los ‘escraches’ y de que el periodista Miguel Bonasso lo reco­noció en Pinamar. Hasta entonces las fuerzas de seguridad fueron incapaces de cumplir la orden de captura librada por el juez Bagnasco, Como señaló un investigador en Tribunales “parece que cuando la Justicia Federal cita a alguien, o viene por su pro­pia voluntad o no viene” (Clarín, 30/12). El ‘Tigre’ negoció su entrega, enviando, como emisario, a un ex cola­borador de ‘faenas’ que amenazó con "prender el ventilador", La Armada, mientras tanto, se tomó 14 días para hacer efectiva la disposición de pasar a retiro a los que se rebelan contra la Justicia. Así cuando no tuvo más mar­gen el “Tigre” se presentó, no sin antes producir un video dónde se presenta como inocente.

La Armada le soltó la mano a Acosta ante la evidencia de que la causa por la apropiación de niños avanza inexora­blemente. Mal que le pese al ex fiscal adjunto en el juicio a las Juntas, More­no Ocampo, esa causa no es*Cosa Juz­gada’ como se acaba de ratificar en el caso de Videla.

La razón es muy sencilla. Como lo reconociera Julio Strassera, por esa causa los *comandantes* no fueron juzgados. Entonces sólo se contaban 6 casos y no se tenían pruebas suficientes (sic). Quiere decir que el punto se re­abre no porque no se intentó encubrir a los genocidas, sino exactamente por lo contrario. Que de miles de denuncias sólo fueran recogidas unas pocas revela el esfuerzo, comenzado por los propios militares con la autoamnistía y luego por Alfonsín, informe de la Conadep mediante, por encubrir el genocidio. Pero sucede que el delito de apropia­ción de bebés se sigue cometiendo hasta que los niños nacidos en cautiverio sean entregados a sus legítimas fami­lias. Por lo que debiéramos asistir al desfile de los torturadores y asesinos. El próximo a ser citado es Bignone, con lo que caería el artífice de la institucionalización.

Los mecanismos de impunidad vi­gentes se revelan como insuficientes para dejar a salvo a los militares que cometieron el genocidio más grande de nuestro país.

La suma de detenciones tiene que ver con la lucha encabezada por los familiares y acompañada por el conjun­to del pueblo que ha hecho imposible cerrar el tema de los desaparecidos.

Acosta, mucho más que pasado

Las dificultades para la detención de Acosta tienen que ver con la catadu­ra del personaje. Sucede que el “Tigre” es mucho más que el ex jefe de inteli­gencia de la ESMA. Sus vínculos con el gobierno hacen que su detención sea el comienzo de otra serie de pruebas de la relación entre funcionarios y genoci­das, Para el gobierno sospechado de asociación ilícita en el caso del tráfico de armas, este puede ser un “presente griego”. A eso se refería Acosta cuan­do amenazó con denunciar a sus man­dantes.

En 1994 frente al surgimiento de la guerrilla zapatista, fue comisionado a Chiapas como “observador”, junto con otro represor, Enrique Peyón. Como lo denunciara Cristina Caiati, del CELS, no sería ésta la única vinculación con el gobierno. “En 1991, una empresa de Acosta, Eximport Fund SA, había sido contratada por el entonces presidente del mercado central, Rubén Pons (empresario amigo del ex intendente Carlos Grosso), para los trabajos de seguridad interna” (La Nación 30/12).

Los vínculos del gobierno con re­presores de la dictadura salen a la luz cotidianamente. Los distintos orga­nismos represivos se vinculan a los crímenes más notorios del último pe­ríodo como el de la Amia y Cabezas. Como lo denunciara el periodista Juan Salinas en su libro “Amia-El atenta­do”, Adrián Pelacchi, ex jefe de la Policía Federal, cumplió el papel de encubrir las evidencias de la partici­pación de la Federal en el atentado. Pelacchi hoy es acusado de haber fusi­lado en 1977, junto a un grupo de tareas, a Jorge Sanz.

El nexo de los genocidas con el go­bierno es el tándem Corach-Emir Yoma, cuya sola mención detiene cual­quier investigación como sucediera en el caso del atentado.

La llamada ‘mano de obra desocupada” nunca lo estuvo realmente, habida cuenta de los represores recicla­dos en los gobiernos democráticos. Por eso la detención de los genocidas no es sólo saldar cuentas con el pasado, es atacar el aparato represivo actual. Así lo entiende el propio gobierno que man­dó a reprimir violentamente el escrache de Peyón por parte de HIJOS, con la guardia de Infantería de la Federal en camiones blindados y un helicóptero.

Será Justicia

La serie de detenciones de genoci­das de la dictadura ha motivado la inquietud en el ámbito militar: “Hom­bres de la Marina presentaron una queja a funcionarios del Ejecutivo en la que manifestaron su malestar por una situación que califican de descontrolada” (Página 12, 30/12). Pero la nota la dio La Nación que en un editorial salió a reclamar algún nuevo mecanismo de impunidad. Este diario que fue el primero que atacó al juez Marquevich frente a la orden de deten­ción de Videla —en lo que contó con la colaboración del ex fiscal Moreno Ocampo— plantea que “Los órganos legislativos no deben eludir la res­ponsabilidad que les corresponde en relación con estos hechos...” (30/ 12). El diario de los Mitre da lugar a una velada amenaza señalando que la posibilidad de que se recreen esce­narios con tensiones capaces de retrotraer al país a conflictos que conspiraron, en su momento, con­tra la estabilidad de las institucio­nes suscita en algunos sectores del cuerpo social comprensibles aprensiones”.

La lucha popular confirma que el pueblo no ha indultado a los genoci­das. Es más, la persistencia de esa lucha los ha ido arrinconando. Pero éstos son los ejecutores de un plan de exterminio de la vanguardia obrera y juvenil, elaborado por los explotado­res, para imponer un retroceso sustan­cial en las condiciones de vida de los explotados.

La dictadura contó con el apoyo de todo el espectro patronal nacional e internacional y la bendición de la Igle­sia; fue reforzada con la participación de los partidos patronales que aporta­ron funcionarios en todos los niveles. Por todo esto, los genocidas no van a ser abandonados a su suerte, más aun cuando poseen elementos para enlo­dar aún más, por si hiciera falta, al presente régimen político. Por ello, el ‘reclamo’ del diario de los Mitre será escuchado. Febrilmente los represen­tantes políticos patronales idearán una nueva forma de impunidad para preservar a los genocidas y preservar­se ellos mismos.

Por eso las consignas históricas de esta lucha: Aparición con Vida, Jui­cio y Castigo y Perpetua a todos los culpables mantienen toda su vi­gencia.