El Polo Obrero denunció hace dos semanas que los dineros de los 250.000 "planes" que el gobierno canceló serían volcados al pago de la deuda externa, por lo que reclamamos que fueran otorgados integralmente a familias desocupadas, sean de las que venían cobrando y les corresponde, o de los 900.000 Jefes y Jefas en lista de espera. No compartimos en aquel momento el planteo de hacer una auditoría de los "planes" porque convalidaba la eventual caída presupuestaria de los que estuvieran reglamentariamente dados de baja.

Planteamos un problema de fondo que se impuso con el correr de los días: la política de sub-ejecutar el presupuesto en la partida de los planes sociales y el desvío de esos fondos a los crecientes pagos de la deuda externa o a cualquier otro destino capitalista (los fondos fiduciarios para financiar inversiones capitalistas). Entre tanto ataque, el periodista Lejtman nos contestó, ante estos argumentos: "Si es así; tienen razón".

Ahora se sabe para qué todos los partidos patronales le dieron a Alberto Fernández la potestad de reasignar a gusto y piachere las partidas del presupuesto; por ejemplo, para sacárselas a los desocupados y levantar la oferta de la deuda en default, algo que ya ocurre con la incorporación de 19.000 millones de dólares de intereses impagos y el invento de los "cupones de crecimiento".

La cuestión se ha transformado en política de Estado. El segundo de Alicia Kirchner, Daniel Arroyo, viceministro de Desarrollo Social, no deja lugar a dudas. Declaró a "Cash" (Página/12) que "se decidió cerrar la inscripción, orientar los programas hacia lo productivo" (porque) "nuestro ideal es que en los programas de ingresos vayan quedando fundamentalmente familias con más de tres hijos en situación de pobreza estructural".

Este universo, probablemente, no supere las 500.000 personas, los tres hijos serían, por supuesto, menores, y se trataría no de familias simplemente desocupadas, sino "en situación de pobreza estructural", un concepto elástico, a la medida del superávit fiscal que necesiten los fondos buitres.

Para las llamadas "iniciativas productivas" habría subsidios de 15.000 pesos, pero esto sólo "si son consideradas significativas por el Consejo Consultivo". El funcionario es taxativo: "Todo aquel que quiera tener un plan tendrá que pasar por el Consejo Consultivo", para reconocer de inmediato que de éstos "sólo 50 funcionan de manera perfecta" sobre 2.200 municipios.

El hecho de que luego de tres años funcionen sólo el 2% de los consejos consultivos es una cabal muestra de la pudrición del sistema, de las pugnas entre los punteros, las mafias de las ONG, la Iglesia y los capitalistas que se sacan los ojos por el control del clientelismo político. Es clarísimo que la solución es la disolución de estos antros y la universalización irrestricta del subsidio a todo desocupado, claro está, con los fondos que hoy se destinan al pago de la deuda externa, los cuales deben volcarse prioritariamente a obras públicas y viviendas populares que den trabajo contante y sonante en forma inmediata, a centenares de miles de compañeros.

Hay, en el planteo gubernamental, sin embargo, un mensaje claro. Les dice a los "economistas duros" que no se crean que "estamos en el chiquitaje", "nuestro objetivo es insertar a la gente en el mercado laboral". Clarísimo: los sacamos de los planes y los comedores mediante el emprendimiento, el cual será un puente al mercado laboral… de los desocupados; o sea, por salarios de hambre.

Por sus banderas, por su factura, por el reagrupamiento de fuerzas que significó y por su conexión con toda la clase obrera y la población trabajadora (vía la ley laboral alternativa y el rechazo al tarifazo que se viene en los servicios, en las prepagas, en el pan, en el GNC), el piquetazo nacional del 19 fue de advertencia y preparación para la lucha.