El director del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Santín, dio un informe de la situación del organismo ante la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados. Allí, después de una larga exposición en la que negó una armonización o pasaje a la Anses, deslizó que sí habrá modificaciones significativas en los regímenes jubilatorios del IPS.

Santín fue citado tras la repercusión que generó el convenio que Kicillof firmó con Anses, en el marco de la Ley de Reparación Historica (2017) que plantea la necesidad de unificar el sistema jubilatorio con la armonización de los regímenes provinciales, para recibir 6.000 millones de pesos.

Luego de ello, una serie de publicaciones periodísticas recogía declaraciones de diferentes sindicatos estatales manifestando su “preocupación”. Entre ellos se encuentra Fegeppba, una federación formada por sindicatos con direcciones enroladas en el PJ duro. La dirección de Suteba, que originalmente ninguneaba la posibilidad de una armonización, tuvo que plantear el peligro derivado de ello: el aumento de la edad jubilatoria, la anulación de la movilidad o que se calculen los haberes promediando los últimos 10 años en vez de tomar como base el mejor cargo (por tres años continuados o cinco alternados).

La “herencia recibida”

En el informe de Santín a la Comisión, ratificó que el IPS tiene un déficit de 36.000 millones de pesos y si bien señaló -¡una vez más!- que el grueso se produjo durante la gobernación de María Eugenia Vidal afirmó que el déficit se origina en el 2010.

A Vidal le achaca que por las 80.000 jubilaciones (entre las ingresadas directamente de oficio y las que fueron solicitadas por temor a un modificación del régimen) durante su gobierno se pasó de casi 4 aportantes por pasivo a 2,55. Para ello también hizo falta la disminución de aportantes por el congelamiento de vacantes, las contrataciones de monotributistas -que aportan a Anses-, los pasantes y residentes que no aportan, y la pérdida de cargos docentes -que pasaron de ser unos 415.000 en el 2015 a 312.000 en la actualidad (el 21% de la planta)- y administrativos -de 80.000 a 50.000. A eso le agrega la falta de nombramientos de docentes por la suspensión de los actos públicos producto de la cuarentena.

Santín también sigue planteando que la otra parte que origina el déficit es la maniobra de Vidal de liquidar las Letras Previsionales de tesorería por las cuales ingresaban intereses significativos. Esos intereses, según el titular del IPS, cubrían el déficit producido por la menor cantidad de activos respecto a los pasivos, que viene desde 2010 cuando el entonces gobernador Daniel Scioli resolvió el congelamiento de vacantes y una tanda de jubilaciones de oficio.

Sin embargo, justifica las maniobras de la exgobernadora al defender los supuestos beneficios de que la recaudación del IPS ingrese a la Tesorería de la provincia, como viene sucediendo sistemáticamente desde el 2009 cuando Scioli comenzó la violación a la autonomía del Instituo, consagrada en la Constitución provincial. Es gracias al hecho de que la liquidación de las mencionadas Letras ingresaba al Tesoro por lo que Vidal nunca presentó los informes contables solicitados por Anses.

Ahora Kicillof, urgido por fondos mientras negocia el repago de la deuda con los acreedores internacionales, apela al convenio con Anses, pero no para garantizar el pago de las jubilaciones. Cuando él, Santín y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, se quejan de la herencia recibida no solo eximen a Scioli sino que tampoco plantean la necesidad de reestablecer la autonomía del IPS ni la devolución de los fondos que han ido a parar al Tesoro.

Vienen por la reforma del IPS

En su visita a la Legislatura, Santín habló de modernizar, informatizar y hasta de persuadir a los trabajadores para que dilaten sus trámites jubilatorios y así dar tiempo a la recomposición del IPS; “como hace Alberto con el FMI, dilatar los pagos” (¡dixit!).

La realidad es que mientras se mantenga el déficit provocado por los gobiernos desde el 2010, y mientras se mantengan los convenios de control, seguimiento y armonización con Anses, el peligro está presente. Más aún cuando, a pesar de que lo prometen desde hace tres meses, no se ha concretado el pase a planta temporaria de los 50.000 estatales monotributistas. Tampoco se han realizado los actos públicos virtuales para cubrir los 25.000 cargos docentes faltantes, ni se han garantizado los aportes de los becarios y pasantes que trabajan durante años sin tener seguridad de poder jubilarse.

De hecho, en la reunión de la Comisión de Previsión Santín mostró la hilacha: dijo a la ligera que podría establecerse un aporte jubilatorio del 14% a todo jubilado que pase los 80 años, y que habría que considerar que se cuenten para el cálculo del haber solo los mejores años trabajados aportando al IPS (lo que perjudicaría a trabajadores que aportaron a otras cajas) y en el cargo por el cual se jubila el agente estatal (lo que afectaría a quienes tuvieron otros cargos mejores al último con que se jubila).

Las modificaciones están en marcha en nombre de la modernización. El vaciamiento continúa mientras los legisladores oficialistas y opositores ni siquiera cuestionaron esta exposición frente a Santín.

Son los trabajadores con sus luchas los que van a defender la caja previsional, y los que pueden evitar un robo como el que impuso de un día para otro Juan Schiaretti en Córdoba.

Que unos 20 sindicatos estatales hayan pedido una reunión al titular del IPS es una acción de dilación, de encubrimiento y de buscar descomprimir la bronca que se anida entre los trabajadores, para recibir el mismo informe que Santín hace a los medios y a la Legislatura. Y todavía más, es una impostura viniendo de sindicatos que tienen representación en el directorio del organismo previsional, designados por el gobierno de turno, con lo cual tienen información directa. Nunca se ha tenido noticia que los representantes gremiales se opusieran a alguna de las medidas de vaciamiento, y menos convoquen a organizar la lucha por las jubilaciones.

Debe haber plenarios de delegados y asambleas generales en todos los sindicatos estatales, docentes, municipales y demás sectores aportantes al IPS, para resolver acciones de lucha por la autonomía del IPS y la restitución de todos los fondos que fueron a parar a Tesorería o a otras cuentas; por el pase a planta permanente de los monotributistas y contratados, por el nombramiento de todos los docentes faltantes, por la defensa incondicional de la edad de retiro, la movilidad y las pautas para cálculo del haber jubilatorio; por la investigación y el juicio y castigo a los responsables de todas las maniobras de vaciamiento del IPS, y por la anulación de todas las leyes y decretos que lo legalizan. En definitiva, por un IPS dirigido y controlado por los propios trabajadores y jubilados.