El pasado viernes, el directorio del FMI aprobó oficialmente el Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con Argentina para refinanciar la deuda de USD 45.000 millones y autorizó el desembolso por USD 9.650 millones, el cual será utilizado por el gobierno para cancelar el compromiso por USD 2.800 millones que vencía en marzo. A su vez, emitió un documento titulado "Evaluación de la Junta Directiva", afirmando que para que el acuerdo cobre realismo deberá estar sujeto a modificaciones constantes y se descuentan nuevos requerimientos por parte del Fondo. Además de bregar por una reforma laboral y la desregulación del mercado de capitales, el comunicado anunció que se anticipará la primera revisión trimestral del organismo.

El adelantamiento de la misión del FMI encargada de auditar las cuentas locales obedece a que el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania ha vuelto inviable el acuerdo arribado. En ese sentido, el comunicado sostiene que "los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya se están materializando", por lo que llama a la "recalibración temprana del programa según sea necesario para asegurar los objetivos fiscales y contener los efectos inflacionarios del aumento de los precios de las materias primas".

Por un lado, está en discusión la magnitud del tarifazo en los servicios, dado que el porcentaje previsto no cumple con el objetivo de reducir los subsidios energéticos luego de la disparada en el precio internacional del gas que importamos una vez desatado el conflicto bélico. También es motivo de crisis que la reducción a la asistencia social contemplada en horizonte fondomonetarista está seriamente cuestionada tras la suba del trigo y su impacto en la inflación en alimentos. A su vez, existe un debate al interior del directorio del FMI sobre los montos que deberá girar al país frente a este nuevo escenario internacional: hay un sector que no ve conveniente seguir volcando más dinero al mercado a fin de no recalentar la ola inflacionaria mundial.

Como vemos, el memorándum votado en el Congreso por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio fue lisa y llanamente un cheque en blanco, ya que la "verdadera cara" del acuerdo aparecerá a medida que avancen las revisiones trimestrales, las cuales darán lugar a nuevos condicionamientos que el gobierno, ante la ausencia de un plan alternativo al rescate de la deuda, aceptará uno por uno. A su vez, teniendo en cuenta el sinuoso panorama internacional, podemos adelantar que la "recalibración" será permanente.

Son todos factores que vuelven a colocar al país en la cornisa del default. En primer lugar, si el gobierno no se adecúa a las sucesivas "recalibraciones" -léase mayor ajuste- que imponga el FMI, este suspenderá los desembolsos empujándonos a la cesación de pagos. Por otra parte, si las autoridades del organismo deciden reducir las sumas contempladas en los desembolsos, en virtud de atenuar la "excesiva liquidez" que acicatea la inflación mundial, posiblemente nos encontremos en apuros a la hora de afrontar el cronograma de vencimientos.

Acerca de las nuevas exigencias, el comunicado nos da algunos indicios al mencionar que apuestan a "proteger programas de asistencia social bien focalizados y una gestión prudente de los salarios y pensiones". En otras palabras, recrudecer el ajuste sobre los programas sociales, los salarios del sector público y los haberes previsionales. Asimismo, añade la necesidad de abordar "las barreras regulatorias a la productividad, la inversión y el empleo formal", lo que significa avanzar en una reforma laboral que degrade las condiciones de vida de la clase trabajadora, bajo el pretexto de atraer inversiones. Atrás quedó la promesa oficial de que el acuerdo con el FMI no tendría implicancias en las jubilaciones ni en los derechos laborales.

Renglón seguido, el documento sugiere establecer "un fuerte consenso político y social para sostener la implementación de la agenda de reformas". El directorio del FMI toma nota de la crisis política que envuelve a los partidos del régimen, en particular a la coalición gobernante, la cual debe encarar un sendero de ataques al pueblo en un estado de suma debilidad. Por consiguiente, a sabiendas de la reacción popular que puede desatar la aplicación de un programa de esas características, el organismo insta a tejer una suerte de acuerdo de unidad nacional para hacerlo pasar, que involucre al oficialismo, a la oposición patronal, a los empresarios y a la burocracia sindical.

Capítulo aparte merece la recomendación de la Junta Directiva de "mantener un tipo de cambio real competitivo y adaptar el marco de gestión de flujos de capitales para asegurar superávits comerciales, alentar el ingreso de divisas a largo plazo e impulsar la acumulación de reservas", en criollo, devaluar la moneda y desmantelar las restricciones cambiarias. No obstante, los funcionarios del Fondo omiten que las ramas de exportación, lejos de presentar un problema de competitividad, vienen en auge a raíz de los altos precios de las commodities del agro. A tal punto, que en los últimos dos años tuvimos un superávit comercial récord de USD 27.000 millones, que el pago de vencimientos de deuda -pública y privada- y otros mecanismos de fuga auspiciados por el gobierno se encargaron de dilapidar.

Por lo tanto, la mentada "acumulación de reservas" no vendrá de la mano ni de mayores concesiones a las patronales exportadoras (como la suba del dólar) ni de la desregulación de capitales para atraer inversiones asegurándoles a las multinacionales que se radiquen en suelo local la posibilidad de girar sus ganancias al exterior más fácilmente, algo que seguramente agravará la sangría de dólares. El punto es terminar con la política de saqueo que propone el Fondo, repudiando la deuda usuraria y nacionalizando la banca y el comercio exterior bajo control obrero para detener la fuga de divisas y recapitalizar el Banco Central. Solo así podremos preservar el ahorro nacional y dirigirlo al desarrollo productivo basado en las necesidades sociales.

Con todo, el cogobierno con el FMI se perpetuará inclusive más allá del plazo establecido en el acuerdo ya que los vencimientos más gruesos que rigen a partir de 2026 darán lugar a nuevas reestructuraciones. Una verdadera condena para el pueblo, que pagará con sus condiciones de vida las consecuencias de este pacto de coloniaje destinado al fracaso. Enfrentémoslo en las calles.

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