El presidente Alberto Fernández abrió el período parlamentario luego del fracaso de las sesiones extraordinarias, que habían sido convocadas desde el 1 de febrero y nunca empezaron, algo que no ocurría desde el 2009. Esta parálisis es un producto de la crisis política al interior de los dos bloques patronales mayoritarios, y de la paridad al interior de las cámaras -lo cual complicó la conformación de las comisiones.

El discurso de Fernández se dio en un contexto que reflejaba esa tensión al interior de la coalición gobernante. A pesar de la convocatoria a una movilización oficialista hubo muy poca gente afuera del Congreso, lo cual demuestra que solo adhirieron algunos sectores, como el Evita y una parte de los aparatos de los intendentes, junto a una CGT cuyo poder de movilización se encuentra en decaimiento.

El contexto para la apertura fue también peculiar. La guerra en Ucrania le da un marco especial a cualquier acción política y mantiene en vilo al mundo entero. El gobierno tuvo que llegar a las sesiones ordinarias sin tener presentado el acuerdo con el FMI, en gran medida porque resta cerrar el capítulo de política energética para reducir drásticamente los subsidios, y es este rubro el que se ha visto más impactado por las consecuencias económicas de la guerra y la dosis de incertidumbre a escala mundial, con una disparada de los precios internacionales del gas y el petróleo que presionan por mayores tarifazos y naftazos. Como sea, el alineamiento con la OTAN es una muestra de la subordinación (hasta diplomática) al imperialismo que implica el acuerdo con el Fondo.

La exposición dejó al descubierto que toda la orientación política del gobierno “nacional y popular” pasa por cerrar el pacto con el Fondo Monetario, empezar el cogobierno formalmente, y ver si a partir de ese entendimiento consigue estabilizar un panorama económico y social que pende de un hilo. Lo que se dice una utopía.

La letra chica

A pesar del carácter misterioso que se le quiso dar durante todos estos meses a los detalles del plan que se llevaría adelante al acordar con el FMI, la receta terminó siendo la misma de siempre. Alberto Fernández rozó (y un poco más) el ridículo al afirmar que no habría tarifazos, para dedicar después una parte de su discurso a explicar en qué consistiría la famosa segmentación.

Se trata de un aumento de las tarifas para la mayoría de la población, equivalente al aumento de los salarios en blanco, cuando más de la mitad de los trabajadores en Argentina ven incrementar sus ingresos por debajo de lo que aumentan los salarios de convenio. Es una confesión de que el tarifazo del 20% en la luz y el gas es solo un piso, sobre el cual van a seguir incrementándose progresivamente.

Mientras habla de una “distribución más equitativa”, el gobierno hace oídos sordos a una realidad que profundiza, que es la de la precarización laboral, el trabajo informal, la desocupación y el régimen de monotributo. Todos estos sectores de la clase trabajadora, y los jubilados, tendrán que ver como aumenta el peso de los servicios respecto de sus ingresos y perderán poder adquisitivo.

Por otro lado, el presidente se jactó de que en el “mejor acuerdo que se podía conseguir” no tocaría las jubilaciones, pero esto es claramente falso. El ministro Martín Guzmán tuvo que clarificar la semana pasada, luego de algunos trascendidos periodísticos, que se estaba evaluando modificar los regímenes especiales (que cobran los docentes universitarios y los investigadores científicos, por ejemplo) así como el aumento de la edad jubilatoria, extendiendo la “vida útil” de la fuerza de trabajo en favor del capital. La presentación que esta extensión sería optativa es un insulto, cuando cuatro de cada cinco trabajadores en edad de jubilarse estaría condenado a un haber mínimo o una pensión muy por debajo de la línea de indigencia.

Esto se contrapone de lleno con dos objetivos enunciados en el discurso. Por un lado se habló de un plan de Empleo Joven cuyo contenido no se ha dado a conocer, pero que con seguridad se trata de subsidios a las empresas que contraten jóvenes con salarios miserables. Por el otro, replicar esos contratos basura para las y los trabajadores que actualmente reciben planes sociales, convirtiendo la asistencia social en un subsidio a las patronales, cuando no hay claridad de las condiciones contractuales en que se llevaría a cabo.

La crisis política

El acuerdo que muestra toda la burguesía argentina en torno al pacto colonial con el FMI contrasta con la tensión interna que se vive al interior del FdT y de JxC, algo que analizamos pormenorizadamente frente al naufragio del presupuesto 2022. Durante el verano, lejos de haberse aquietado, las divisiones fueron en aumento.

Por el lado del oficialismo estuvo nada menos que la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en Diputados, algo que se vio potenciado tras su ausencia en la apertura de las sesiones ordinarias. Sin embargo, tal como hemos analizado en Prensa Obrera, el hijo de los Kirchner maniobra para intentar contener el descontento que generará en la propia base política del kirchnerismo la aplicación del acuerdo. Renuncia, falta, pero su agrupación sigue integrando al gobierno, dirigiendo sus principales cajas y él se encara de aclarar que no busca poner palos en la rueda a ese acuerdo que tanto critica. Patalea para la tribuna. Cristina Kirchner, por su parte, escoltó el discurso presidencial decorosamente.

Por el lado de la oposición de Juntos por el Cambio quedó al descubierto una grieta propia cuando los legisladores del PRO se levantaron de sus sillones y se retiraron del recinto, en señal de protesta por las alusiones del presidente al endeudamiento fraudulento de la gestión macrista. Que el radicalismo y el resto del bloque haya seguido presente refleja divisiones, que por supuesto también provienen de la fracasada experiencia de gobierno de Cambiemos.

En definitiva, el acuerdo con el FMI podrá contar con aval del Congreso pero en ningún caso será de aplicación indolora. La propia clase capitalista se divide ante los efectos en sus bolsillos de la eliminación de subvenciones estatales, del encarecimiento de la energía y el crédito, las restricciones a la importaciones, entre tantos otros problemas que plantea el saqueo del país para pagar la deuda.

Por abajo, la votación de paros docentes en varias provincias desmienten el verso presidencial que saludó el inicio de clases, pero también muestran un cuadro de paritarias que promete agitarse en medio de la estampida inflacionaria. Las masivas movilizaciones piqueteras cuestionan el anuncio de ir recortando las partidas de los programas sociales, una política que será tutelada por el Banco Mundial. Las reiteradas referencias a proyectos megamineros y petroleros provoca a un movimiento ambiental que viene ganando las calles, como vimos en la rebelión de Chubut contra la ley minera y siguió con el Atlanticazo contra la instalación de plataformas petroleras sobre el Mar Argentino, máxime cuando todavía arden centenares de miles de hectáreas de humedales en Corrientes.

A pesar del barniz nacional y popular que intentó darle a su discurso, Alberto Fernández confesó el ajuste que se viene. Se trata de prepapar una respuesta popular acorde, y de desarrollar una salida alternativa capitaneada por los trabajadores, como postula el Frente de Izquierda Unidad.