En la sesión de la Cámara de Diputados que trata la ley ómnibus de “Responsabilidad Social” presentada por el gobierno, la legisladora del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, realizó una contundente intervención argumentando el voto de rechazo al proyecto oficial.

Al tomar la palabra, hizo referencia a dos aniversarios que refieren en forma directa a lo que se está discutiendo en el recinto. Es que además de cumplirse dos años de la violenta represión desplegada para aprobar la reforma previsional macrista, también se cumple un nuevo aniversario de la rebelión popular de diciembre del 2001.

En función de ello, señaló que existe un “hilo de continuidad, porque hay consecuencias de esas políticas (de ajuste de la época de Menem, Cavallo y De la Rúa) que nunca hemos revertido, como por ejemplo la reducción de los aportes patronales. Seguimos con los mismos problemas del gobierno que privatizó las jubilaciones y produjo un enorme saqueo sobre los trabajadores. Vaya mi homenaje a todas las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001; de la misma manera que reclamamos la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, procesados por movilizarse junto a cientos de miles de trabajadores para enfrentar la reforma previsional el 18 de diciembre de 2017”.

Luego se refirió de lleno al contenido del proyecto en cuestión, y destacó que “esta Ley de Emergencia es un mega paquetazo que cobra su centralidad cuando uno lee el artículo 3, que define que el eje de lo que estamos discutiendo es garantizar el pago de la deuda externa. Esto quiere decir: garantizarle sus negocios especulativos a los bonistas, el cobro al FMI, y darle legalidad al conjunto de la deuda externa usuraria y fraudulenta -incluyendo la que se despotricaba hace unos meses, como la de (Nicolás) Caputo y sus amigos”.

“Pero, ¿quiénes lo vamos a pagar? Las petroleras no, porque les reducen impuestos y retenciones. Las mineras muchos menos, porque son las privilegiadas del nuevo gobierno, de hecho se están desmantelando todas las leyes restrictivas que protegían el ambiente como en Santa Cruz, en Mendoza, en Chubut y en otros tanto lugares. No la van a pagar los bancos tampoco, ya que tenemos el artículo 56 que le dice a los hipotecados UVA que se van a tomar medidas atendiendo al ‘esfuerzo común’ de los deudores y de los bancos, ¡cuando éstos últimos lo único que reciben son súper beneficios y súper ganancias!”, aseguró Del Plá.

“Estamos frente a una ley cuyo hilo conductor es un ajustazo sobre los jubilados y los trabajadores. Aquel que está en blanco deberá seguir pagando un impuesto a las Ganancias, mientras los capitalistas evaden pagar Bienes Personales porque esconden sus propiedades detrás de las de sus empresas”, agregó.

Luego se refirió al recule del gobierno, que debió modificar los artículos que barrían con las jubilaciones de la docencia, y manifestó -en alusión a Hugo Yasky- que ello no se debe a que “haya diputados de la CTA ¡que no abrieron la boca sobre el punto ayer frente a los ministros (en el Plenario de Comisiones)! ¡No dijeron una palabra! ¡Justificaron el robo a los jubilados! Si tuvieron que bajar los incisos que saqueaban la movilidad jubilatoria de los docentes, los docentes universitarios, de los investigadores, es porque se armó una rebelión en esos sindicatos. Saludo a la AGD-UBA, a Ademys, al SUTE, a la Conadu Histórica, que rápidamente salieron a denunciar este saqueo. Es el resultado de la movilización de los trabajadores, no de los dirigentes sindicales integrados al gobierno”.

“Este proyecto tiene enormes problemas confiscatorios, y por eso no lo vamos a apoyar”, fundamentó Romina Del Plá, que finalizó trazando un programa de la clase obrera: “vamos a defender todas las medidas para salir verdaderamente de la crisis: desconocimiento de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de las divisas, el 82% móvil para los jubilados vía el restablecimiento de los aportes patronales y el blanqueo de todos los trabajadores, la nacionalización de los recursos estratégicos puestos bajo control de los trabajadores, nacionalización y la apertura de los libros de las energéticas. Por supuesto que hay recursos, lo que pasa es que se los sigue llevando la misma clase social para que la que gobernaron los que se fueron y para la que gobiernan los que entraron”.