Tras una reunión entre el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, el general de brigada Martín Deimundo Escobal, comandante operacional de la Fuerza Armadas y el intendente Fernando Espinoza, se acordó el arribo del ejército al municipio de La Matanza.

Las imágenes del lunes 31 por la mañana con la plaza de San Justo llena de camiones y personal del ejército en plena cuarentena motivó la atención de los medios locales y nacionales. Según adelantaron, las tareas se centralizarán en siete puntos que fueron previamente acordados con las autoridades comunales entre los cuales se encuentran varias escuelas estatales, entregarán 24.000 raciones de alimentos preparados que se destinarán a distintas localidades. A este operativo se suma también un refuerzo de gendarmería que actuará controlando el cumplimiento del aislamiento. Todo ello tendrá lugar junto a un despliegue mayor de la policía de la provincia al comando de Sergio Berni y la policía del propio distrito.

Tal como señalamos en Prensa Obrera la función real de la instalación de las fuerzas armadas en el territorio bonaerense está lejos de obedecer a una mera colaboración alimentaria sino que obedece al temor enorme que tiene el gobierno de Kicillof a los posibles desbordes debido a la imposibilidad de trabajo de miles de trabajadores que desenvuelven su tarea en formas precarias mediante changas.

Si en verdad la preocupación fuera de orden alimentario y logístico el municipio podría poner a disposición de la población necesitada la enorme red de organizaciones sociales,  clubes de barrios, escuelas y para poder garantizar la logística echar mano a la flota de camiones e insumos necesarios en las plantas de logística del distrito que hoy se encuentran inactivas debido a la cuarentena obligatoria. En contraposición a esta orientación Espinoza puso en pie un “comité de crisis” que dejó afuera hasta a las organizaciones sociales y sindicales  que son parte del Frente de Todos como la CCC, la CTA Yasky y ATE, ni hablar de las organizaciones piqueteras combativas como el Polo Obrero.

La ayuda alimentaria es absolutamente insuficiente. En la última entrega de alimentos en las escuelas del distrito se distribuyeron bolsones a menos de la mitad de la matrícula escolar y para aprovisionarse para diez días se les hizo entrega de un bolsón por cada familia que contenía solamente 10 productos. Todo esto mientras el municipio tiene en un plazo fijo ahorros por más de 11 mil millones de pesos por fuera del presupuesto local.

Hay que reivindicar la posición del Suteba Matanza que, estuvo en las entregas de alimentos en las escuelas del distrito y, a su vez, elevó una declaración a todas las autoridades locales rechazando la incursión del ejército en las escuelas, mientras la agrupación celeste de Baradel envía mensajes a los grupos de docentes para buscar voluntarios para participar de las acciones alimentarias junto a  las fuerzas represivas.

Los sectores más pobres de la población deben atravesar una pandemia en las peores condiciones económicas y sanitarias. En La Matanza existen 121 villas y asentamientos. Más del 50% de la población carece de servicios básicos como cloacas o calles asfaltadas. El reforzamiento del aparato represivo, de esta manera, se coloca al servicio de contener temporalmente el descontento que se desborda y reprimir las acciones que ya tienen lugar por el aumento de la miseria. 

Por otro lado, el accionar de las fuerzas ha sido un agravante que se suma a la crisis que viven la clase trabajadora más vulnerada en los barrios. La función cotidiana que ejercen estas fuerzas (desde el asesinato a Luciano Arruga hasta el impedimento de entrada a los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo, desde el accionar colaboracionista para con las redes de trata y el narcotráfico hasta el amedrentamiento a quienes se encuentran en los barrios en condiciones de vulnerabilidad) supo ser una de las protagonistas de los flagelos que La Matanza sufre hace años. Los abusos policiales que se denunciaron durante la cuarentena expusieron la impunidad con la que ya patrullaban los barrios, sólo a raíz de la difusión de los casos se han desafectado a más de 10 policías matanceros, incluida gendarmería.

 Ante este cuadro de situación, desde el Partido Obrero de La Matanza rechazamos la puesta en marcha de una lavada de cara de las fuerzas represivas del Estado. Presentamos por nuestra parte todo un programa de reivindicaciones inmediatas: provisión en los barrios de agua potable, alimentos, insumos de limpieza y para higienizarse; aumento de las partidas alimentarias; extensión de la tarjeta alimentaria a todos los desocupados con hijos menores a 18 años; apertura y universalización de los programas sociales; seguro para el desocupado de $30.000 indexado por inflación; control obrero-vecinal de la ayuda social y la distribución de los recursos; no al pago de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender la emergencia.