Un operativo de emergencia fue puesto en marcha, la semana pasada, por la cúpula del Ejército, con el objetivo de evitar que el general Balza quedara pegado en la causa que se sigue por el encubrimiento del crimen del soldado Carrasco. El alerta rojo de los uniformados se encendió luego de la declaración del general Carlos Díaz ante el juez del caso. El hombre admitió irregularidades en los sumarios militares realizados a propósito del asesinato y se los enchufó al mismísimo Balza, cuyas órdenes —dijo— habrían implicado una “premura” incompatible con un procedimiento ordenado. Agregó que el personal del servicio de inteligencia del Ejército que metió sus narices en el asunto no estaba bajo su comando, sino que dependía directamente de Buenos Aires, es decir … de Balza.

Las ‘irregularidades’ constituyen, en realidad, un verdadero prontuario. Al punto que un sumario original fue reemplazado por otro ‘trucho’, para asegurar que la “justicia” adoptara la “historia oficial” del Ejército, buscando como chivo expiatorio a un subteniente y a dos soldados, actualmente encarcelados. En el número anterior de Prensa Obrera indicamos las evidencias abrumadoras sobre esta complicidad del alto mando militar, que parte desde el propio capo del arma.

“Campaña psicológica”

Lo cierto es que “cuando Balza se enteró de que llamarían a declarar a Díaz (que al momento del crimen era la máxima autoridad militar de la provincia de Neuquén) … entró en insomnio” (Río Negro, 22/3). Fueron las revelaciones de Díaz las que llevaron a Balza a viajar por su cuenta a Zapala, sede del juzgado, para presentar una declaración “espontánea” ante el juez, con la intención de evitar la quiebra de la “historia oficial” sobre la muerte del soldado y fijar un “libreto” para el resto de los militares llamados a declarar.

Como el juez se negó a tomarle declaración y estaba pendiente una citación oficial como sospechoso o imputado en el encubrimiento, Balza decidió “lanzar una campaña de acción psicológica … para condicionar al juez y a los fiscales … una gigantesca manipulación” (ídem, 23/3). Anunció que el Alto Mando Militar decidiría el desmantelamiento de los cuarteles militares de la provincia, amenazando con la extensión del fenómeno de los “pueblos fantasma” en una región devastada por la crisis económica y la desocupación. Con esta excusa, el viernes último viajó a Neuquén el jefe de Operaciones del Estado Mayor —general Aníbal Laiño—, considerado el hombre de mayor confianza de Balza en la fuerza… “una cortina de humo para cubrir una visita destinada a influir sobre el juzgado del caso Carrasco”. La gira culminó con la visita semiclandestina del propio gobernador Sapag al Comando regional del Ejército, “un gesto que lo dejó ‘pegado’ a la jugada militar” (ídem).

Resultado: los fiscales que forman parte del proceso judicial como representantes del “Estado”, emitieron en 48 horas un dictamen que descarta la necesidad de convocar a Balza como implicado en el “encubrimiento”. La decisión final queda ahora en manos del juez.

El lunes, Balza volvió a atacar: el Estado Mayor mandó al actual jefe de la brigada de Neuquén, coronel Mario Castagneto, a informar que nuevos datos hallados en el cuartel de Zapala, donde mataron a Carrasco, revelan “otras irregularidades” en torno al “acta” labrada cuando se fabricó el cuento de la “deserción” de Carrasco, y que involucrarían al capitán Correa Belisle, un oficial en actividad en aquel entonces. Pero resulta que el capitán de marras está actualmente preso en Covunco, cumpliendo arresto militar por haber afirmado que Balza es un mentiroso y que el servicio de inteligencia, bajo sus órdenes, encubrió el crimen del soldado.

Crisis política

Resumen: “al investigar a fondo el caso Carrasco, saltan innumerables evidencias del encubrimiento, y nada, o casi nada, del posible papel de los tres condenados en el crimen” (La Nación, 14/3). Se trata de un fraude armado no sólo por el Ejército, sino por todos los poderes del Estado. Fue la “justicia” la que desdobló el caso en dos juicios. El Carrasco 1 es el que concluyó con la “culpabilidad” del oficial de rango menor y los dos soldados, repleto de violaciones reglamentarias y legales de todo tipo, que han motivado un pedido de “juicio político” al juez de entonces, Rubén Caro, que los “representantes del pueblo” mantienen en sordina. El Carrasco 2, que es la causa actual por encubrimiento, prevé penas menores y está condicionado por el anterior. Sucede que la porquería ha saltado y enloda a la cúpula del Ejército, lo que ha derivado en una crisis política que entronca con la “debacle” más general del menemismo. Por eso, la semana anterior, “los altos mandos analizaron prioritariamente la marcha del juicio por el asesinato de Carrasco y sus implicancias políticas y jurídicas” (La Nación, 15/3)

Jueces, gobernadores, jefes militares. Las huellas de este régimen de asesinos, cómplices y encubridores salta a la vista con el caso Carrasco, cuando está vivo el asesinato reciente de Cabezas. La reivindicación del juicio y castigo a los culpables tiene, en el crimen del soldado, un sentido súper concreto: revisión total de los juicios “truchos”, enjuiciamiento de la cúpula del Ejército, apertura pública de todos los archivos secretos, desmantelamiento del aparato de inteligencia que fabricó la “historia oficial” de Carrasco.