Mientras un inmenso movimiento popular reclama la separación de la Iglesia del Estado, tanto el gobierno de Vidal como el peronismo bonaerense han entronizado a la Iglesia como un factor clave en la contención social ante el creciente descontento popular. Se trata de un pacto de beneficio mutuo, en el cual el favor al Estado es devuelto con un intento de rescatar a la Iglesia: una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés arrojó que un 74% de los consultados acuerda con la consigna “Iglesia y Estado, asuntos separados”, mientras que solo un 18% se manifestó en contra.

Vidal, junto a la ministra de Desarrollo Social de Nación Carolina Stanley, anunció un refuerzo en los planes de asistencia social ante el crecimiento de la pobreza como consecuencia del ajuste. Luego se supo que la mayor parte de este plan será administrado por la Iglesia Católica y las evangélicas, que tendrán para distribuir 400.000 kilos de leche en polvo y 120.000 bolsones de asistencia alimentaria. Este plan fue elaborado en la visita de ambas al Vaticano, en plena “ola verde” por el aborto legal.

Esta tercerización de la asistencia social en las iglesias forma parte de un plan para empoderar el poder que tienen en las barriadas, y su función como mediadores en las luchas populares. Es el rol que jugó la Pastoral Social para levantar la ocupación del Ministerio de Economía por los trabajadores del Astillero Río Santiago, a cambio de la firma de un acta que no avanzaba en las negociaciones luego de 14 horas de permanencia. La intervención eclesiástica en el ARS ya había tenido un capítulo con la misa realizada por la burocracia de ATE Ensenada con el Arzobispo Fernández –mano derecha de Bergoglio– el día anterior al tratamiento del derecho al aborto en el Senado.

Vidal ya venía, a su vez, de colocar a dos personeros del Opus Dei, Julio Conte Grande y Joaquín De La Torre, en puestos claves como la Procuración General y el Consejo de la Magistratura, respectivamente. Si el primero fue promovido en 2016 luego de facilitar el veto al protocolo para la implementación del aborto no punible en la provincia, al segundo lo ascendió después de que sea la cara oficial en todas las movilizaciones oscurantistas anti derechos organizada por los celestes contra la aprobación del aborto legal en el Congreso. De La Torre es, a su vez, el jefe del intendente de San Miguel que busca convertir al municipio en un estado pontificio, donde ya está prohibida la entrega de anticonceptivos en los centros de salud.

Por su parte, el peronismo, como se expresó en el Astillero, apuesta al rol de la Iglesia como mediador y contenedor de la tendencia a la movilización popular. Trece intendentes pejotistas y camporistas se reunieron en septiembre con la Pastoral Social y reclaman al gobierno la conformación de “mesas de emergencia” en cada distrito con las autoridades eclesiásticas locales. Recientemente, la burocracia del Frente de Unidad Docente (Baradel y compañía) reclamaron una mediación para el conflicto docente que incluya a legisladores y… al obispo. Esto, cuando la Iglesia es la principal beneficiaria de la privatización de la educación.

Educación y oscurantismo

Envalentonados por este entronizamiento, los voceros católicos y evangelistas han salido al cruce con una campaña furiosa contra el proyecto del FIT para que se garantice educación sexual en las escuelas. Bajo el lema “con mis hijos no”, los encubridores de pedófilos defienden a capa y espada su dominio cerrado y despótico sobre los contenidos que se dictan en los colegios confesionales, a los que asisten un tercio de los alumnos de toda la Provincia de Buenos Aires. Como parte de la movida, trascendió un audio del pastor evangélico Jorge Sennewald en el cual afirma que aprovechó una reunión con Macri y Vidal en la Casa Rosada para apretarlos y lograr, asegura, el bloqueo al proyecto tanto en provincia como en Nación.

El despotismo con el que se manejan al interior de las instituciones educativas muestra su peor cara con la revelación de numerosos casos de abuso sexual.

Como parte de la promoción al desarrollo de la Iglesia, hace décadas que los gobiernos le han garantizado la exención completa de impuestos en la provincia. Las instituciones religiosas son beneficiadas con exenciones al impuesto inmobiliario por 76 millones de pesos al año, a lo que se suma el beneficio no cuantificado de estar eximidas del impuesto automotor, ingresos brutos y de sellos. Por otro lado, cuentan con la promoción para la educación privada con exenciones por 1.035 millones, mientras reciben a su vez subsidios por 20.000 millones de pesos.

Desde el Partido Obrero luchamos por la separación de la Iglesia del Estado y por la expulsión de las instituciones religiosas de las organizaciones obreras, como parte de la pelea por romper la contención y volcar todas las fuerzas de los trabajadores en función de derrotar el plan de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. En esa dirección inscribimos tanto nuestros proyectos para garantizar educación sexual sobre la base de intervenir las escuelas confesionales, como los que eliminan todas las exenciones impositivas que benefician a las congregaciones religiosas. A su vez, rechazamos la tercerización de la asistencia social, que implica además el vaciamiento en marcha de los comedores escolares, a la par que peleamos por defender la educación pública. En oposición a la paz social con la Iglesia como árbitro y garante, nos abocamos a desenvolver todo el potencial de lucha de la clase obrera hasta derrotar a los ajustadores.