El escándalo que se ha develado en Nueva York por el pago de coimas para extender, en 2007, la concesión del yacimiento petrolero de Cerro Dragón permite recordar lo obvio, aunque el “relato” oficialista pretenda escabullirlo y hasta mostrarlo como si fuera lo inverso: la entrega de los recursos hidrocarburíferos no empezó con el convenio leonino anudado con Chevron y, al mismo tiempo, denuncia, otra vez, el carácter delictivo de esa entrega.

British Petroleum -parte, dicho sea al pasar, de la explotación petrolera en Malvinas- se denunció a sí misma ante la Comisión de Valores de Nueva York (SEC, su sigla en inglés) por haber pagado coimas a funcionarios argentinos, en sociedad con Pan American Energy (PAE), Bridas (Carlos Bulgheroni) y la china National Offshore Oil Company (CNOOC) para lograr aquella extensión.

La denuncia de BP involucra al ministro de Planeamiento, Julio de Vido; a Mario Das Neves, ex gobernador de Chubut y actual diputado por el Frente Renovador de Sergio Massa; al hoy gobernador Martín Buzzi, por entonces ministro de Gobierno de la provincia; y al ex presidente de Petrominera, Néstor Di Pierro, ahora intendente de Comodoro Rivadavia. Los K, en un intento pueril de defenderse, le echan todas las culpas a Das Neves y subrayan su condición de diputado “renovador”, pero en 2007 era uno de los grandes aliados del gobierno nacional. Están todos hasta las manos.

No hablamos de una entregada menor. En la página web de PAE se lee: “Cerro Dragón es el área hidrocarburífera más importante de la Argentina y nuestro principal centro de producción”. Ese yacimiento entrega diariamente 5,7 millones de metros cúbicos de gas y 15 mil metros cúbicos de petróleo. Formalmente, el convenio está firmado con la provincia de Chubut. La “provincialización” de los pozos y los contratos fue producto de una demanda en ese sentido de los grandes pulpos petroleros e incluso del gobierno nacional. Los primeros porque, de ese modo, encuentran un frente de negociación mucho más débil; el segundo, porque así tienen a los gobernadores de compinches en sus maniobras mafiosas con los recursos del país. Por otra parte, el escándalo renovó las pugnas internas en el gobierno, especialmente la que enfrenta a Julio De Vido con Axel Kicillof. Todo pasa, últimamente, por el filtro de la tendencia gubernamental a la disgregación.

La gran estafa

El convenio y su extensión fueron sencillamente una estafa. Las empresas entregan a la provincia regalías del 12 por ciento, cuando en otros países deben ceder hasta el 50 por ciento. Además, quedaron eximidas del impuesto a los sellos, lo cual es una trampa doble: evitan la carga impositiva y, además, les permite ocultar el monto real del contrato, estimado en unos 50.000 millones de dólares.

Das Neves recuerda que la extensión de la concesión fue aprobada por la Legislatura provincial con el voto de 16 diputados peronistas, de seis sobre nueve radicales y uno de un partido provincial. Y recuerda también que, ante diversos recursos de amparo, aquel latrocinio fue avalado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Chubut. Se trató de un pacto de entrega entre todos los partidos patronales de la provincia, el gobierno nacional y el Poder Judicial.

Ahora se sabe, además, que British Petroleum, Pan American, CNOOC y Bridas incumplieron todos sus compromisos de inversiones previas, a las que estaban obligadas por el contrato original. Por lo tanto, la concesión debió ser lisa y llanamente retirada, y las empresas demandadas. En vez de eso, les extendieron la concesión por cuarenta años.

A. Guerrero