El escándalo de los aportistas truchos que golpeó y golpea bajo la línea de flotación a la gobernadora María Eugenia Vidal ahora amplió su efecto y se extendió a la Ciudad de Buenos Aires con la denuncia de centenares de casos similares, en una muestra de que se trata de una mecánica generalizada del PRO, utilizada para blanquear dinero proveniente de las arcas del Estado o de empresarios amigos o beneficiados por Cambiemos.

El monto que salió a la luz –y que seguramente se incrementará en el correr de los próximos días– ya alcanza a los 8.300.000 pesos y es la sumatoria de las denuncias realizadas, en su mayoría, por empleados públicos de la Ciudad que fueron involucrados y que negaron que hayan realizado aporte alguno para el financiamiento ilegal de la campaña de Macri, Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. 

Las denuncias, que ya son investigadas por el juez Casanello, alcanzan a las campañas presidenciales del 2015 y a las legislativas de octubre del año pasado.

“Las maniobras realizadas son de un tenor similar a las que involucran a Vidal en la provincia de Buenos Aires y prueban que se trata de un modus operandi generalizado del macrismo para financiar sus campañas electorales”, dijo el legislador porteño Gabriel Solano, del PO-FIT, quien pidió la interpelación del jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel para que responda sobre las denuncias presentadas. 

Que en la Ciudad de Buenos Aires esté involucrada Elisa Carrió desmiente las pretensiones de la diputada de presentarse como un baluarte de la honestidad y la transparencia. “Ahora sabemos que ella también fue financiada por los José López y Lázaro Báez”, añadió Solano.

Varios medios han dado cuenta de que uno de los mecanismos utilizados para llevar adelante la maniobra, consistiría en el pago por parte del gobierno de Rodríguez Larreta de un sobresueldo a unos 300 funcionarios afines al macrismo que, por la misma suma, figuraron luego como aportes a la campaña de Carrió. En algunos casos, el aporte alcanza a los 80.000 pesos, equivalente o que supera el monto de sus salarios.

El procedimiento supone una desviación de dinero público hacia las arcas del PRO para que el partido lo utilice en el financiamiento de las campañas electorales, en este caso las del 2015 y del 2017.

El “destape” de la corruptela y el manejo discrecional del dinero público en beneficio de Vamos Juntos –el nombre que adoptó Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires– está acompañado de una maniobra similar, expuesta ya con claridad en la provincia de Buenos Aires, de utilizar a beneficiarios de planes sociales para convertirlos en aportistas de un dinero que no tienen. Esto para esconder los suculentos fondos que hacen llegar los empresarios que apoyan al PRO, al igual que al resto de los partidos capitalistas, para sostener el sistema de dominio de la burguesía.

Los partidos obreros, como el PO, nos sostenemos con el aporte de la militancia y los simpatizantes que realizan los aportes necesarios para el desarrollo de la actividad de nuestra organización.

La diferencia está clara: dime quien te apoya –y aporta– y te diré para quien gobiernas.