26/06/2020

El espionaje ilegal, la “grieta” en la oposición y las conspiraciones contra los trabajadores

Las últimas escuchas telefónicas reveladas en la causa que investiga el espionaje ilegal protagonizado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri evidencian un aspecto político fundamental. Se trata de conversaciones entre la entonces Coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y el “Turco” Sáez, una de las cabezas del grupo de espías llamado Súper Mario Bros, que muestran la recolección de información sobre las convocatorias a la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que votó el Congreso. Entre tanto tironeo sobre el tema, este hecho pone de manifiesto lo sustancial: que el aparato conspirativo del Estado apunta especialmente contra los trabajadores y los luchadores populares.


Como relata un columnista de Página 12 (26/6), entre los informes clandestinos que llegaban al secretario privado de Macri, Darío Nieto, este grupo de espías ilegales de la AFI trazó un cuadro de las organizaciones que movilizarían desde la provincia de Buenos Aires para protestar contra el robo a los jubilados, y las escuchas testimonian que el capo de inteligencia, Gustavo Arribas, se reunió con el propio presidente para recomendarle que esperara hasta que pasara el verano para insistir con el tratamiento de la reforma previsional.



Sale a la luz de esta manera que la brutal represión contra la enorme movilización que rodeó el Congreso fue preparada con antelación, de la misma manera que luego fueron armadas (con ciberpatrullaje inclusive) las causas contra los militantes César Arakaki, Dimas Ponce y Daniel Ruiz. Los kirchneristas que se horrorizan por estas revelaciones no osan reclamar la absolución de los enjuiciados Arakaki y Ruiz, y menos todavía al recientemente extraditado Sebastián Romero, aun cuando queda al desnudo que la persecución judicial no es otra cosa que la continuación del salvaje operativo represivo y el espionaje ilegal. El mismo sentido perseguían las operaciones hechas para recabar datos sobre el MST y el PTS, o incluso sobre nuestro dirigente Néstor Pitrola, a las que se suman el seguimiento sobre centenares de periodistas.


El cerco sobre el macrismo


Por estas escuchas fue allanado el domicilio de Nieto, que hasta hoy sigue siendo el secretario privado de Macri. Es evidente que el cerco judicial se cierra cada vez más sobre el expresidente, toda vez que entre las víctimas de espionaje figuran “sus compañeros” Diego Santilli -entonces jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta-, Emilio Monzó –entonces presidente de la Cámara de Diputados- y Nicolás Massot -entonces jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja. Esto apunta a profundizar la “grieta” que separa a Macri de los principales referentes de la oposición con peso político, como el jefe de Gobierno porteño. Si bien desde el entorno de Larreta buscaron desmarcar al exmandatario de este entramado, es clara la tendencia a tensar más la relación entre ambos. Finalmente, tampoco estamos ante una novedad, si recordamos aquel destape sobre los aportes truchos a la campaña electoral de María Eugenia Vidal, con la que Marcos Peña disparó a la exgobernadora cuando empezaba a cobrar vuelo el lobby por un “Plan V” ante el hundimiento del macrismo.


Similar objeto persiguió la declaración ante la Comisión Bicameral del sucesor de Jaime Stiusso, Diego Dalmau Pereyra, quien fuera jefe de Contrainteligencia. Este exmilitar se desligó de responsabilidades por los informes del grupo Súper Mario Bros (que él habría creado) para apuntar que los espían respondían de manera directa a Arribas y a Alan Ruiz -el único detenido hasta el momento- y que estos actuaban en coordinación con Patricia Bullrich. A cambio de estos dardos contra el núcleo Macri-Bullrich-Arribas, Dalmau gozó de una ventaja que la que careció Nieto: recibió un aviso antes de que allanaran su domicilio en Escobar, que le permitió ausentarse con su teléfono antes que llegara el operativo. Los servicios, como se ve, siguen funcionando.


Economía concentrada


Hay otros aspectos de esta trama de espionaje que también aportan a conclusiones políticas importantes. Una de ellas es la relación entre las operaciones de los servicios con el narcotráfico y las barras bravas, de donde se proveen de personal para ejecutar amedrentamientos o para implicar a rivales en causas judiciales. Difícilmente pueda haber mayor muestra de los contactos de la cúpula del aparato judicial y represivo con el crimen organizado. El Estado no es solo garante del delito, sino también el gerente.


Más trascendente aún es que la investigación judicial vuelve a poner de relieve lo que emergiera ya con la causa de los cuadernos de Centeno, esa suerte de Lava Jato argentino. El espionaje realizado por la AFI sobre empresarios y exfuncionarios del gobierno de los Kirchner detenidos en Ezeiza por causas de corrupción incluía una clasificación en semáforo según lo jugoso de los negocios que podían arrebatarles. En la lista figuran obviamente Electroingeniería -con los contratos más importantes del país para la construcción de las represas en Santa Cruz- y el grupo Índalo. Al igual que sucedió con Odebrecht, sale a la superficie que los juzgados y tribunales son un medio más en el que se zanja la “competencia” capitalista, en especial cuando se trata de la patria contratista que lucra en base a contratos millonarios con el Estado. La mano del imperialismo es, por lo demás, la que inclina la balanza. Esto desmiente una vez más la pretendida independencia del Poder Judicial, que ahora asiste a una pulseada en torno a dónde se tramita el expediente de esta causa, si en la “corpo” judicial de Comodoro Py o si se mantiene en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena –a quien defienden ahora los K, a pesar de haber sido quien habilitó el espionaje a Julio De Vido y sus compañeros de celda en el penal de Ezeiza.


Una política de Estado


Por último, la revelación de que estarían imbricados en esta red unos 300 agentes de contrainteligencia es un botón de muestra más de la magnitud del aparato conspirativo del Estado, descendiente directo de la Side de la dictadura. Alberto Fernández puede intentar desarmar a las redes de espías involucrados con el macrismo, e incluso valerse de ello para cercar políticamente al eje Macri-Bullrich que aspira a liderar una oposición más cerrada al gobierno, pero ello es justamente una utilización en provecho propio del aparato de servicios, no un desmantelamiento del entramado de conspiraciones. El episodio de la “garantista” ministra de Seguridad, Sabina Frederic, defendiendo el ciberpatrullaje para “detectar el humor social”, confirma que el gobierno se vale de los mismos métodos para prevenirse de las luchas populares. Si la Gendarmería sigue asesinando pibes en las barriadas, evidenciando la continuidad de su esencia represiva contra la población a pesar del cambio de gobierno, lo mismo cabe esperar de los servicios, probablemente el recoveco más oscuro del Estado burgués.


Si el gobierno tiene éxito en sellar un acuerdo (ruinoso) con los bonistas para el rescate de la deuda externa, pasará a tomar nota de las “reformas estructurales” que exige el FMI para suscribir un nuevo programa. Un Estado cuyas cuentas están bajo supervisión del Fondo es incapaz de abandonar la conspiración contra las masas trabajadoras. El desmantelamiento de los servicios y la apertura de todos los archivos de inteligencia contra el pueblo, junto con la elección popular y revocable de jueces y fiscales, son tareas que solo podrá llevar adelante un gobierno de trabajadores.




 

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